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Solo el 17% de los condenados por violencia de género en España sigue programas de rehabilitación en la cárcel

La Ley contra la Violencia de Género obliga a la Administración Penitenciaria a realizar programas específicos para internos pero solo existen en 50 centros de un total de 164

Uno de los objetivos del programa "prioritario" de tratamiento para agresores machistas es "modificar actitudes sexistas y desarrollar pautas de comportamiento que respeten la igualdad de género"

"Hay muchos presos en listas de espera. Te dicen que no hay plazas y pasan meses y meses", denuncia la coordinadora en Sevilla del Servicio de Orientación y Asistencia Jurídico Penitenciaria

La manifestación del 25N, en Cibeles

Marcha del Día Internacional contra la Violencia de Género en Madrid Olmo Calvo

¿Qué pasa con los hombres condenados por violencia de género que entran en prisión? Además de cumplir la pena de cárcel, el Gobierno español tiene obligación de facilitar programas de tratamiento en los centros penitenciarios, pero no todos tienen acceso a esos programas, bien porque no los ofrecen en su centro o bien porque no hay plazas suficientes. Cruzando datos oficiales de penados y participantes en esos programas, de carácter "prioritario" según reconoce el Estado, aproximadamente un 17% de ellos están accediendo en su centro a esas intervenciones, que son de tipo psicoterapéutico y educativo, y que tienen como finalidad "disminuir la probabilidad de reincidencia en actos de violencia de género por parte de personas condenadas por delitos relacionados", según la foto fija que ofrecen varias respuestas del Gobierno a la exsenadora Maribel Mora y actual diputada del Parlamento andaluz.

Según la información facilitada a Mora, tras dos años de preguntas en la Cámara Alta, un total de 6.223 hombres cumplían en España condena en prisión por casos de violencia de género en 2017. Un 17,64% (1.098) de estos presos se encontraban en centros penitenciarios donde ni siquiera se ofertaban esos programas encaminados a la rehabilitación de los autores de delitos de violencia machista. Del resto, el 66% no ha podido acceder por estar en lista de espera o por incompatibilidad con otros cursos, según fuentes penitenciarias. Así que solo otro 17% ha podido seguir un programa de rehabilitación.

"En 2018 el programa se desarrolló en 50 centros penitenciarios", confirman a este periódico fuentes del Ministerio del Interior. Se trata de menos de un tercio de los 164 centros existentes en total. En 80 de ellos había hombres cumpliendo condena por violencia de género, según ha comprobado este periódico a partir de la información oficial facilitada a la senadora. Por ejemplo, en Algeciras, según los últimos datos, había 108 internos cumpliendo condena por violencia de género pero ni este centro ni otros muchos aparecen entre los 50 centros donde se imparte este tipo de programas de tratamiento y sobre los que en el distado se detalla el total de internos participantes. En una reciente entrevista con Efe, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, reconocía que en torno al 13% de los internos por violencia de género participan de forma voluntaria en programas de tratamiento.

Desde 2015, participaron en ese tipo de programas poco más de mil hombres por año (1.192 en 2015, 1.073 en 2016 y 1.087 en 2017), sumando las altas y aquellos internos que, habiendo iniciado el programa durante el año anterior, lo continuaban en el siguiente.

La Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Vio- lencia de Género, dice en su artículo 42 que "la Administración Penitenciaria realizará programas específicos para internos condenados por delitos relacionados con la violencia de género" y que "las Juntas de Tratamiento valorarán, en las progresiones de grado, concesión de permisos y concesión de la libertad condicional, el seguimiento y aprovechamiento de dichos programas específicos por parte de los internos".

Listas de espera

"Muchos de los internos están en listas de espera porque, aparte de la rehabilitación, pueden obtener beneficios penitenciarios por participar en ellos", dice la diputada andaluza, algo que confirma María Luisa Díaz Quintero, coordinadora en Sevilla del Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria (SOAPJ) y vocal de la Subcomisión de Derecho Penitenciario del Consejo General de la Abogacía Española, quien lamenta la "falta de recursos" en la Administración Penintenciaria. "En muchas ocasiones no se conceden permisos penitenciarios porque la persona presa no ha hecho el curso, pero es que su centro no se lo oferta".

"Hay muchos presos en unas listas de espera que, además, tienen sus propios criterios según se acerque el final de la condena. Te dicen que no hay plazas y pasan meses y meses. El espíritu del artículo 25.2 de la Constitución no se cumple porque no se facilita la reinserción ni la reeducación", explica Díaz a este periódico, quien pone otro ejemplo: "Si alguien está haciendo un taller productivo para ayudarse a pagar la responsabilidad civil de una condena, no se le permite hacer otro programa específico, pero no es que se niegue a realizarlo como están diciendo los juzgados de vigilancia. Es la pescadilla que se muerde la cola".

"Falta personal y presupuesto"

El Programa sobre Violencia de Género, que el Gobierno considera "prioritario" y que "se encuentra implantado en la mayoría de los establecimientos penitenciarios", según destaca Instituciones Penitenciarias en su web, se realiza en grupos de 12 a 14 internos por término medio, según consta en una de las respuestas dirigidas a Maribel Mora. Las sesiones se celebran semanalmente y duran entre 2 y 3 horas. El tratamiento, en su conjunto, tiene una duración que se adapta al tipo de interno y a la cuantía de la condena impuesta o pendiente. Así, los programas denominados 'cortos' se desarrollan entre 5 y 8 meses, mientras que el programa estándar se extiende entre 10 meses y más de un año.

El programa lo desarrollan, en su mayor parte, psicólogos pertenecientes al Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias, como parte de las funciones que tienen asignadas, por lo que no conlleva gastos extraordinarios. En un reducido número de centros, el citado programa lo desarrollan, exclusivamente o junto a los profesionales penitenciarios, entidades colaboradoras, que cuentan con sus propias fuentes de financiación y no generan gastos a la Administración Penitenciaria.

En este sentido, Mora lamenta que España no invierte "ni un euro en el tratamiento de personas condenadas por delitos de violencia machista ya que los programas los realizan los mismos psicólogos de los centros penitenciarios, absolutamente sobrecargados con sus trabajo en las Junta de Tratamiento, y con falta de personal enorme, y sin que se invierta lo suficiente en su formación específica". "Debería ser una prioridad invertir en prevención de la violencia y también en proteger a las mujeres una vez que han sido víctimas y rehabilitando a sus maltratadores", indica.

Evaluación externa

Por otro lado, Mora apunta que se cuenta con colaboraciones puntuales de ONG y profesores de Universidad que "buscan sus propios recursos para realizar los programas de tratamiento, ya que Instituciones Penitenciarias no destina ninguna partida para ellos tampoco". "Es decir, que no se invierte ni un euro de manera específica para el tratamiento dentro de prisión de las persona presas", denuncia la diputada, que se pregunta si tiene sentido utilizar las penas privativas de libertad "cuando no estamos invirtiendo en reinserción". "En estos delitos, puede suponer un peligro añadido para las mujeres que han sido agredidas", concluye.

En ese sentido, el Gobierno confirma que el diseño y contenidos de los diferentes programas de tratamiento se establecen a partir de la revisión de programas relacionados que cuentan con respaldo académico y práctico y en lo posible aplicados en el medio penitenciario, y de la experiencia previa con otras intervenciones. Aunque la evaluación del resultado de los mismos no está clara.

"Su evaluación se realiza mediante acuerdos de colaboración con profesores universitarios, con reconocido prestigio y conocimiento del medio. Conjuntamente se establece el procedimiento y selección de las herramientas de medida, generalmente cuestionarios de evaluación psicológica que se relacionan con los contenidos del programa en cuestión". Los profesionales penitenciarios que aplican el programa, y los asesores mencionados, aportan posteriormente sugerencias de revisión que en algunos casos se incorporan también a otros programas. "Las colaboraciones con los evaluadores no generan gasto para la administración penitenciaria, entran dentro de las colaboraciones o convenios con las universidades", informa el Gobierno.

Para Mora, "no existe inversión ni suficiente personal cualificado. No se debe contar con evaluaciones externas puntuales. No invertir en rehabilitación es convertir las cárceles en una zona donde apartar a maltratadores, deteriorar más aún a esas personas, algo negativo para la sociedad y especialmente para las mujeres".

Dentro de los manuales de programas publicados, Instituciones Pentenciarias tiene un programa de prevención de violencia de género para mujeres (Ser Mujer), dirigido a internas que han sufrido malos tratos de pareja y familiares o que se encuentran en riesgo, en colaboración con profesores de la Facultad de Sociología de la UNED.

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