La fiscalía pide que la Audiencia Nacional instruya también la trama andaluza del cártel del fuego
Lo solicitó una de las empresas del cártel del fuego. Faasa. Y la Fiscalía ha atendido su petición: pide a la jueza del Juzgado de Instrucción Número 8 de Sevilla que se inhiba y traslade las investigaciones de la trama andaluza del caso del cártel que manipulaba concursos públicos de lucha aérea contra el fuego a la Audiencia Nacional.
Según el Ministerio Fiscal, “procede la inhibición”, ya que en estos momentos el Juzgado Central de Instrucción acaba de hacerse con el caso nacional, del que se había inhibido previamente el Juzgado de Instrucción de Sagunto (Valencia). “Es evidente que el ”cruce“ de investigaciones manifestado por la policía judicial afecta a los ilícitos penales cometidos a partir de una posible colusión de empresas en la concurrencia de concursos públicos”.
Los informes policiales, señala el fiscal José María Cañal, “apuntan a un reparto del territorio nacional entre las diversas empresas implicadas”, como Faasa, cuyos directivos se encuentran imputados tanto en la Audiencia Nacional como en el Juzgado de Instrucción Número 8 de Sevilla. La policía judicial los investiga por delitos de estafa y falsedad documental al malversar supuestamente 4.517.000 euros en ayudas públicas “plagadas de irregularidades y abusos”. Un funcionario, el jefe de contratación de la Consejería de Medio Ambiente, está imputado por prevaricación y el exdirector del Infoca, Ernesto Esteso, se vio obligado a dimitir en noviembre del año pasado.
En una providencia de la jueza de dicho juzgado de instrucción, María de los Reyes Flores, con fecha del seis de julio, da cuenta de la petición de la Fiscalía y tendrá que decidir en los próximos meses si se inhibe a favor de la Audiencia Nacional o no.
Caso de colusión: manipular la libre competencia
En su informe, el fiscal repasa un caso iniciado hace dos años cuando un funcionario de la Consejería de Medio Ambiente denunció un supuesto caso de colusión –pacto entre varias empresas para manipular la libre competencia del mercado- de empresas aeronáuticas “en ciertos concursos públicos (de lucha áerea contra el fuego), lo que pudiera constituir una prevaricación administrativa”.
El denunciante aseguraba que no se había acudido a la Agencia Andaluza de la Competencia en un caso “descarado” de colusión, en el que Faasa se había llevado varios lotes de una licitación que ascendía a 90 millones de euros (IVA incluido). La Fiscalía recuerda que se admitió la personación en la causa de Ecologistas en Acción, dada la “trascendencia medioambiental del caso” y la policía judicial comenzó a investigar el caso a petición del juzgado de instrucción sevillano.
Mientras el Juzgado de Sagunto (Valencia) avanzaba en la trama nacional y el reparto de la tarta de concursos públicos entre un puñado de empresas de helicóptero, que supuso la imputación de más de una veintena de personas, la policía andaluza se centraba en los “incentivos recibidos por Faasa de la Junta de Andalucía”. De ese modo, los investigadores aseguran que en apenas diez años, Faasa se había hecho con 20 millones de euros en ayudas públicas en diez años (entre 2005 y 2015) y que había numerosas irregularidades que no quedaban justificadas en modo alguno.
“Maquillaje contable”
El fiscal José María Cañal subraya que la policía vio irregularidades “en la ejecución y desajuste seguidos de ”maquillaje contable“, así como irregularidades en la concesión de 2005 a 2011 de subvenciones para la formación, subvenciones de empleo, subvenciones de infraestructura, movilidad y desarrollo”. Es decir, hay “una falta de fiscalización” de las subvenciones y que Faasa se había apropiado de 4,5 millones de euros indebidamente. El fiscal recalca que, según la Udef, había una concertación de empresas a nivel nacional, organizadas para delinquir, “encabezando la trama andaluza Faasa Aviación S.A.”.
En la providencia en la que la jueza acepta estudiar la propuesta de la fiscalía para inhibirse a favor de la Audiencia Nacional, María de los Reyes Flores da cuenta de varios asuntos de gran importancia para el caso. Por un lado, admite la ampliación de la denuncia y el informe policial para abrir diligencias previas contra un “posible caso de prevaricación” en los concursos del 061, manipulados supuestamente por Inaer y Faasa, dos de las empresas del cártel del fuego. La jueza también admite el testimonio “por acoso laboral del denunciante”, quien asegura que está sufriendo una violencia constante por parte de su superior, el jefe de contratación de la Consejería de Medio Ambiente imputado.
Podemos se persona
Asimismo, admite que Podemos se persone en la causa para ejercer la acción popular junto a la organización ambientalista Ecologistas en Acción. Precisamente la asociación verde pide que se impute a casi una veintena de empresarios del cártel del fuego y altos cargos de la Junta de Andalucía.
Según Ecologistas en Acción, deben declararse como investigadas a las siguientes personas, “intervinientes en las mesas de contratación y personal, todos ellos, de la Administración de la Junta de Andalucía”, entre los que destacan el exdirector del Infoca, Ernesto Esteso; Manuel Delgado, subdirector del Centro Operativo Regional de Prevención y Extinción de Incendios; o Javier Madrid, director general de Gestión del Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente. En cuanto a los empresarios de la trama andaluza del cártel del fuego, Ecologistas en Acción apunta a doce directivos de Faasa, Inaer, Saeta, Trabajos Aéreos Espejo y Sociedad Aeronáutica Peninsular.
“Una organización criminal”
Según el auto de inhibición del Juzgado de Sagunto, el cártel del fuego ha obtenido al menos 277 millones de euros manipulando concursos públicos de lucha áerea contra incendios forestales. El juez valenciano ha imputado a más de una veintena de personas. A los ojos del juez, son varios los delitos que habrían cometido a lo largo de estos años tanto estas empresas, como los funcionarios y políticos que han participado de esta presunta estafa o robo millonario: organización criminal, alteración de precios en concursos públicos, falsedad en documento mercantil, cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación y negociación prohibida a funcionario público.
