INTERINOS

El Gobierno central autoriza que mil interinos cesados por la Junta de Andalucía puedan retener la plaza por concurso

El Gobierno de España ha abierto la puerta para que el millar de interinos cesados en los últimos meses después de trabajar en la Junta de Andalucía durante décadas vuelvan a la administración autonómica. El Decreto-Ley ómnibus aprobado este pasado martes por el Consejo de Ministros autoriza para convocar una nueva oferta de empleo público adicional por concurso de méritos que estabilice a aquellos que viniesen ocupando plazas estructurales desde antes de 2016, y no hubiesen logrado “retener” la plaza en los procesos de estabilización que ya se han hecho.

El artículo autoriza a todas las administraciones si se dan las condiciones, pero parece redactado pensando en los interinos cesados en la Junta de Andalucía. A diferencia de lo que ocurrió en otras comunidades autónomas, en entidades locales o en la propia universidad, los interinos de la administración andaluza no se beneficiaron de los procesos de estabilización favorables de 2022 porque no se les aplicó la Ley 20/21, pensada para reducir la temporalidad.

La consejería de Presidencia de la Junta (con competencias en función pública) dirigida por entonces por Elías Bendodo ejecutó las convocatorias antes de que entrara en vigor la ley, lo que provocó que los interinos de la Junta participasen en unos concursos-oposición abiertos a otros miles de candidatos. Bendodo llegó a decir que así se garantizaba que ya no hacía falta “carné del PSOE” para trabajar en la administración pública andaluza.

Aquello fue una escabechina que acabó en mayo con el cese de 1.049 interinos que supuestamente debían estabilizar, y con una firme sensación de agravio entre ellos, pues se les trató de forma distinta que a los de otras administraciones. Se trata de perfiles con difícil encaje en el mercado laboral: mujeres con más de 50 años y experiencia laboral casi exclusiva en la administración andaluza, a la que algunas entraron en los años 80 y en la que han permanecido encadenando interinidades. Esta práctica es un fraude de ley cometido por las administraciones censurado por la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de la UE.

En los últimos meses, la consejería que ahora dirige José Antonio Nieto se había desmarcado de la senda de Bendodo, asumiendo la gravedad de la situación de estos interinos y el compromiso de buscar soluciones, llegando a consultar con el Gobierno qué posibilidades de actuación le daba la ley. En la Consejería se ha recibido la modificación legal con alivio, entendiendo que evita un posible conflicto de competencias. “Esto blinda nuestra solución, porque ahora tenemos una norma estatal que nos ampara”, resaltan.

La novedad introducida por el Gobierno de España, aplicada junto a una enmienda a la Ley de Función Pública con el consenso de todos los grupos del Parlamento Andaluz, habilita ahora al Gobierno de Juan Manuel Moreno para ampliar su oferta de empleo público con el fin de estabilizar a estos interinos. Valle Pérez, interina con 33 años encadenando contratos para la Junta de Andalucía y ahora en paro, cree que es la llave para la solución definitiva al problema que llevan más de un año denunciando.

Antes del 31 de diciembre de 2023

El artículo 217 del Decreto-Ley, publicado este jueves en el BOE, autoriza a que la Junta de Andalucía (y otras administraciones, si se diera el caso) convoque nuevos procesos selectivos de estabilización por concurso “con la finalidad de garantizar en todo el territorio el derecho de acceso a los procesos de estabilización en condiciones de igualdad”. Una referencia que apunta a que el acceso a estos procesos no había sido igualitario, entre otras cosas porque la Junta de Andalucía no los había ofrecido a sus interinos.

Ahora, podrá convocar un número de plazas equivalente a aquellas que se ocupaban por interinos que lo fuesen desde antes de 2016. La Junta de Andalucía tendría que convocar esos nuevos procesos antes del 31 de diciembre de este año y cerrarlos antes del 31 de diciembre de 2024, “ajustándose a los principios de igualdad, mérito, capacidad y libre concurrencia”. Fuentes de la consejería resaltan que el objetivo es culminar el proceso en el “mínimo tiempo imprescindible”, aunque no fijan fecha.

La disposición aprobada por el Gobierno de Sánchez cierra el círculo abierto en el Parlamento Andaluz, que hace un mes enmendó (con el acuerdo de PSOE y PP) la nueva Ley de Función Pública andaluza para permitir estos nuevos procesos de estabilización. Contaron entonces con el apoyo de tres de los cinco sindicatos de la mesa sectorial (CCOO, CSIF e ISA), no así de SAF (opuesta siempre a cubrir plazas por concurso y no por oposición) ni de UGT, que alertaba de que esa solución por sí sola no basta y de que la solución debía ser a nivel estatal para no caer en la inconstitucionalidad. Lo cierto es que se condicionaba a que “existiera dotación presupuestaria y no suponga incremento de efectivos dotados”. Algo que, en la práctica, solo puede autorizarse mediante norma de rango estatal.

Eso es lo que hace ahora el Decreto-Ley ómnibus. “Ahora sí se puede sacar una oferta de empleo público en condiciones de igualdad con otros interinos”, aclara Esperanza Morales, responsable de Servicios Públicos en UGT Andalucía. La mayoría de plazas son de puestos administrativos, y serían plazas ya creadas pero sin dotación presupuestaria, según Morales: “Se han reducido 4000 puestos en los últimos años en la Junta. Había cerca de 25.000 funcionarios, y ahora no llegan a 20.000”.

“Era una discriminación como un castillo”

“Estos interinos no han tenido la oportunidad de concurrir en las condiciones que brinda la ley 20/21”, resalta Esperanza Morales, de UGT. “Estaban en fraude de ley, y los fraudes de ley ni caducan ni prescriben. Era una discriminación como un castillo”.

El cese de los 1.000 interinos y el posible remedio irrumpió en la campaña de las municipales y originó un cruce de cartas entre José Antonio Nieto, consejero de Función Pública, y María Jesús Montero, ministra de Hacienda. Montero reprochó a Nieto que la Junta de Andalucía no hubiera cumplido a tiempo con su “obligación y responsabilidad” favoreciendo estabilización de estos interinos cuando pudo hacerlo. Este jueves, Nieto ha reaccionado a la modificación introducida por el Gobierno. “Bienvenida la rectificación”, ha dicho.

Durante estos meses, los interinos afectados se han concentrado una vez por semana frente a las oficinas de la consejería, en la calle Alberto Lista. Valle Pérez asegura que ahora hay satisfacción generalizada, pero que las concentraciones seguirán hasta que la Junta de Andalucía materialice las convocatorias o les dé garantías. Así lo advierte también UGT, que persistió en la protesta incluso después de la modificación de la Ley de Función Pública que sí satisfizo a otros sindicatos.

Este jueves, el parlamentario socialista Víctor Torres le ha pedido que actúe ya. “Ya no hay más excusas ni inseguridad jurídica, señor Nieto. No pierdan más el tiempo: no quedan excusas para la estabilización del 100% de todos/as los interinos de larga duración”. A diferencia de su antecesor, Elías Bendodo, Nieto sí se ha mostrado preocupado por la situación de los interinos y dispuesto a buscar una solución dentro de la ley. “Si tenemos margen desde el Ministerio, usaremos ese margen”, anunció ante el Parlamento Andaluz. Los interinos apelan a ese anuncio para confiar en que el problema se resuelva pronto.