Imbroda declara 220.277 euros de ingresos al año y un Porsche antes de entrar en el Gobierno andaluz
El presidente del Gobierno andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, tiene una liquidez de 8.500 euros en su cuenta bancaria, según su declaración de actividades, bienes e intereses, así como su declaración de la renta de 2017, publicadas ambas este lunes en el portal de transparencia del Parlamento andaluz. Entre la Base Imponible General y Base Imponible del ahorro, el líder del PP andaluz declara casi 61.000 euros de ingresos, prácticamente todos ellos provenientes del rendimiento de su trabajo como diputado, último año publicado.
Las cuentas y el patrimonio de los 109 diputados andaluces han quedado al descubierto este lunes, como es preceptivo por ley. Así, Moreno Bonilla declara ser propietario de siete inmuebles: una vivienda en Málaga, con un valor catastral de 64.641 euros, y otra a medias con su mujer en Madrid, tasada en 48.281 euros (El valor de mercado es siempre muy superior al catastral). El resto son tres inmuebles rústicos que posee en el municipio de Cártama, y un local en Málaga capital. El presidente declara, además, un plan de pensiones privado con 17.254 euros, y un crédito al 50% de 8.240 euros en el Banco Santander.
Incompatibilidades
La publicación del IRPF y la declaración de bienes de sus señorías sitúa el foco de atención, sobre todo, en los 17 diputados que provienen del sector privado, y cuya participación en empresas puede ser declarada incompatible con su escaño. La Comisión del Estatuto de los Diputados revisa precisamente esta semana la documentación que estos diputados han tenido que aportar a los servicios jurídicos de la Cámara para justificar el mantenimiento de dichas participaciones. Uno de ellos es el consejero de Educación y Deportes, Javier Imbroda, probablemente el miembro del Ejecutivo andaluz que más ingresos, ahorros y propiedades ha declarado poseer antes de entrar en política. Imbroda fue seleccionador nacional de baloncesto, y es uno de los fichajes estrella de Ciudadanos en sus listas.
En su declaración de la renta del ejercicio 2017 el consejero consigna unos ingresos de 220.277 euros, la gran mayoría (190.359 euros) provenientes de inversiones financieras (Rendimientos de capital mobiliario). Otros 21.791 euros los ingresó a cuenta de Rendimientos de Actividades Económicas, que es precisamente donde reside la posible incompatibilidad de su escaño con su actividad privada, ya que Imbroda declara poseer un 20% de acciones en la empresa AMS Centro Médico valoradas en 133.205 euros.
Además de ser uno de los miembros del Ejecutivo andaluz con mayores rendimientos por inversiones financieras, Imbroda también es de los que más patrimonio declara: cuenta con dos inmuebles en Málaga, tasados en 124.799 euros y 240.717 euros, y un Porsche Panamera de alta gama valorado en 25.545 euros. El consejero cuenta además con un préstamo personal de 9.087 euros y una hipoteca en Cajamar de 46.386 euros. La declaración de la renta le salió a pagar 6.714 euros en 2017, pero las retenciones por su actividad empresarial ascendieron a 42.014 euros, es decir pagó a Hacienda casi 49.000 euros en total por el ejercicio 2017.
Ahora, el salario de Imbroda como consejero de la Junta de Andalucía está fijado en 65.184 euros al año. El del presidente del Gobierno andaluz, según los Presupuestos de 2018, es de 66.230 euros brutos al años (el president de la Generalitat, Quim Torra, cobra 147.000 euros).
Por encima de los ingresos de Imbroda están los de otro nuevo diputado de Ciudadanos en el Parlamento, Fran Carrillo (y senador), también señalado en la comisión de incompatibilidad, por ser accionista mayoritario (51%) de la empresa La Fábrica de Discursos, con 32.837 euros. A 7 de marzo, el parlamentario se había desprendido de parte de sus acciones de la empresa, rebajando su participación al 31% (20.000 euros), pero manteniéndose como accionista mayoritario. “No contrata con la Administración ni organismos públicos”, advierte su declaración de bienes, con objeto de pasar el filtro de las incompatibilidades con el escaño. Carrillo declara un saldo actual en sus cuentas de 286.058 euros, como “autor de libros, profesor de másters y postgrados”.
La consejera de Igualdad y diputada de Ciudadanos, Rocío Ruiz, por su parte, declara como ingresos su sueldo como profesora de Secundaria en un instituto de Huelva. Su base imponible es de 46.984 euros al año, de modo que percibirá un poco más como consejera. Ruiz declara su vivienda, con un valor catastral de 50.622 euros, y un seguro privado de vida temporal en Cajasur, de 100.000 euros. En el mismo banco tiene una hipoteca de 125.473 euros, y un préstamo personal de 3.700 euros. El saldo total de su cuenta es de 700 euros, y la declaración de la renta de 2017 le salió a pagar 1.618 euros.
El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, y la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, ya declararon su patrimonio y sus ingresos en la pasada legislatura, como diputados de Cs. Marín declara cinco inmuebles, entre ellos el 50% de una vivienda en Cádiz, el 25% de un local en Cádiz, por valor de 126.000 euros, que ostenta en usufructo, y el 33% de un inmueble rústico, de 36.000 euros. Marín tiene 6.500 euros de saldo en la cuenta, un fondo privado de pensiones en Caixabank de 3.768 euros, un Toyota Avensis de 22.900 euros, y un crédito hipotecario al 50% de 49.550 euros. Sus ingresos en 2017 estaban fijados en 60.489 euros.
Bosquet declara tres inmuebles en Almería, dos de ellos son viviendas, una tasada en 261.720 euros, y la otra (que posee al 50%) en 45.022 euros. El saldo total de sus cuentas bancarias es de 9.000 euros, posee un Toyota CR4 de 25.000 euros, tiene 31.820 euros en acciones del Banco Santander, y tres créditos hipotecarios: de 10.797 euros con el Santander, de 184.138 euros con Cajamar y el préstamo para el coche, de 19.000 euros. Sus ingresos como diputada ascienden a 55.700 euros aproximadamente.
Otro de los diputados con una posible incompatibilidad es el líder de Vox en Andalucía, el juez en excedencia, Francisco Serrano. Serrano declara su actividad privada como abogado de familia, con unos ingresos de 42.000 euros el ejercicio 2017, más otros 300 euros por la publicación de su libro. La posible incompatibilidad del diputado ultraconservador se debe a su participación mayoritaria en el gabinete jurídico que él dirige -Serrano Abogados-, que asciende a 62.252 euros. Serrano tiene un seguro privado de vida de 120.000 euros, declara dos viviendas, una en propiedad en Sevilla, y otra en usufructo en Sanlúcar de Barrameda, con un valor catastral de 66.810 y 39.946 euros respectivamente. El saldo total de su cuenta bancaria asciende a 18.679 euros y en la declaración de la renta de 2017, Hacienda le devolvió 2.143 euros.
En la bancada del PSOE, el diputado Carmelo Gómez destaca por tener un saldo en sus cuentas bancarias de 184.902 euros. Gómez fue ya parlamentario en la pasada legislatura y declara unos ingresos en torno a los 50.000 euros al año. Tiene acciones en el Sevilla FC (1.620 euros) y un seguro privado de vida en el Bankinter de 92.295 euros, con un préstamo hipotecario de 87.918 euros.
