Instituciones Penitenciarias asegura ahora que a finales de abril habrá protocolo de intervención con personas sordas
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, tendrá listo “para finales de este mes de abril” un protocolo de intervención para la atención de las personas sordas en las cárceles españolas, más de cuatro años después de la entrada en vigor del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.
Fuentes de este departamento han informado a eldiario.es Andalucía de que este martes se mantuvo “una reunión de trabajo” con la Confederación Estatal de Personas Sordas y la Confederación Española de Familias de Personas Sordas en la que se ha fijado la puesta en marcha del “protocolo de intervención para personas con diversidad funcional” que, según las mismas fuentes, mejorará la situación de las personas sordas en prisión, denunciada el mismo en este periódico y donde el Gobierno señalaba, en respuestas oficiales a la senadora de Podemos Maribel Mora, que se hacía con este colectivo “todo lo posible”.
Se ha tratado de un nuevo encuentro entre las partes, la novena detallan las fuentes. En el citado protocolo se incluye el destino de recursos para que haya intérpretes de la lengua de signos para estas personas sordas presas. En la reunión también se ha tratado el caso de José María, desvelado por este periódico y con quien, aseguran, “se empezará a trabajar también con ella” pese a que no conozca este lenguaje.
El protocolo “que se está ultimando” unificará criterios “para actuar con todo tipo de personas con alguna disfuncionalidad” en ese sentido, entre ellas José María. El Ejecutivo, en las respuestas a la senadora, también aludía a un futuro convenio donde “se pretende garantizar que todas las personas sordas dispongan de interpretes de lengua de signos, así como de otros medios de apoyo a la audición y a la comunicación oral (por ejemplo, carteles luminosos, bucles magnéticos, etc.), y que el programa individualizado de tratamiento de cada interno con discapacidad auditiva se encuentre más adaptado a su situación personal”.
Señalaba el Ejecutivo poco días antes de dicha reunión de trabajo que, en el caso de aquellos con discapacidad auditiva, “dentro de lo establecido legalmente y teniendo en cuenta los recursos materiales y humanos disponibles en cada centro penitenciario, se hace lo posible para poder atender a sus carencias”. Esto, en un marco en el que las organizaciones sindicales y y hasta del Defensor del Pueblo reclama más personal para las prisiones.
