Decisiones judiciales solidarias: un alijo de ropa falsa viste a menores necesitados
La Justicia, además de tratar de poner freno a la corrupción, de condenar actuaciones ilegales o de hacer cumplir el marco jurídico, a veces también es solidaria. Y eso lo saben bien los menores del centro educativo y residencial Ciudad de los niños, en Granada, que este año estrenarán ropa gracias a la Policía Local y al Juzgado de Instrucción número 6 de la capital. Una sentencia del magistrado Miguel Ángel del Arco permite que los cerca de quinientos niños que acuden a diario a las instalaciones de los Hermanos Obreros de María puedan vestir las 459 prendas que fueron incautadas por los agentes municipales en un operativo.
La decisión de este juez, conocido principalmente por sus resoluciones relacionadas con el urbanismo como la paralización de las obras del centro Comercial Nevada en Armilla o el juicio que sentó en el banquillo al empresario Tomás Olivo, del 'caso Malaya', hace posible la reutilización del material en una época en la que los menores pagan la crisis de sus mayores.
El lugar fue el conocido mercadillo de Almanjáyar. Allí, una patrulla de la Policía Local tuvo constancia de que en uno de los tenderetes se estaba vendiendo ropa de marca falsificada. Tras el decomiso de las prendas y la puesta a disposición del juzgado, los agentes solicitaron al magistrado entregarlas a alguna entidad benéfica. Era la primera vez en Granada que el titular de un juzgado ha atendido el ruego. De este modo, uno de los jueces más mediáticos de Andalucía se ha convertido, junto con el Ayuntamiento, en el benefactor de los Hermanos Obreros de María.
La entrega del material (423 sudaderas, 5 jerséis y 31 bolsos deportivos de diversas marcas, todas falsificadas) fue recibida con una inmensa alegría. En el centro educativo y residencial, un total de 300 menores están escolarizados y 120 en régimen interno. Según su director, Juan Molina, “la ropa es un regalo para los chavales que cada día acuden a la institución procedentes de familias desestructuradas y en riesgo de exclusión social”.
Hasta ahora, todo el material confiscado por la Policía era destruido. Esta, medida, según la alcaldesa de Granada en funciones y concejal de Protección Ciudadana y Movilidad, Telesfora Ruiz, “puede abrir la puerta a futuras entregas” ya que en las dependencias municipales hay varios alijos esperando sentencia. No en vano, sólo el año pasado en Granada, se incautaron 57.148 piezas por delitos contra la propiedad industrial en más de un millar de intervenciones policiales. El juez Miguel Ángel del Arco ya ha marcado el camino. Ahora sólo hace falta que otros lo sigan.
