Los Derechos Humanos en frontera, una obligación para los estados

Los últimos acontecimientos sucedidos en las Islas Canarias, tras la llegada de miles de migrantes procedentes del continente africano, están dejando al descubierto las carencias en la asistencia jurídica de las personas migrantes en frontera, la falta de medios y la carente información brindada a estas personas a su llegada.

España ha ratificado todos los convenios y tratados que garantizan los Derechos Humanos de las personas. Es un Estado obligado a cumplirlos y protegerlos. Como bien es sabido, España es uno de los países que ratificó La Convención de Ginebra del año 1951. Dicha Convención, por ejemplo, determina que una persona refugiada no debe ser devuelta al país donde teme ser perseguido, por tanto obliga a los estados firmantes a su cumplimiento. Por eso, la atención jurídica en lo que denominamos Frontera Sur es un elemento determinante a la hora de detectar y reconocer personas que por su condición o vulnerabilidad no pueden ser devueltas a sus países de origen.

¿Por qué es tan importante la tutela judicial efectiva de las personas migrantes?

Cuando llegan a costa, todos las personas migrantes reciben una orden de devolución y tienen derecho a la asistencia de un letrado del turno de oficio, que puede ser recurrir esta orden y ser revocada por las circunstancias de la persona en cuestión. La persona puede sufrir persecución en su país y por ello se le debe brindar la posibilidad de solicitar asilo. Puede también tener familiares en España, puede ser víctima de trata, sufrir una enfermedad que evite su devolución o incluso ser menor de edad. Además de esto, sucede que en las propias órdenes de devolución hay errores en la transcripción de los nombres de los migrantes y su fecha de nacimiento, datos que deberían ser corroborados con las personas asistidas.

Estas circunstancias pueden ser detectadas por un abogado en una entrevista personal con un intérprete de su idioma materno, pero si esta entrevista no llega a realizarse, y no llegan a ser detectadas cabe la posibilidad de que se ejecute la devolución, y enviar a la persona en cuestión a un país donde, en el peor de los casos, su vida puede correr peligro. 

Algunos casos recientes

En los últimos meses, en las Islas Canarias se ha faltado a la tutela de los derechos de estas personas. Pongamos un ejemplo: el caso del fin de semana del 7 y 8 de Noviembre, cuando se produjo la llegada de 1600 personas a las costas de Gran Canaria. Los letrados de oficio fueron convocados para asistir a algunas de las personas recién llegadas, pero éstas se encontraban a más de 40 kilómetros de allí, hacinados en el muelle de Arguineguín. La mayoría de los letrados firmaron las órdenes de devolución sin tener delante a sus defendidos ni, por supuesto, entrevistarse con ellos.

También mencionar el caso paradigmático del maliense albino, una persona que difícilmente podría pasar desapercibido entre el resto de migrantes que estaban internos en un centro de internamiento para extranjeros (CIE). Antes de entrar en el CIE, desde donde se prepararía su expulsión, a este chico lo vio la Policía, lo asistió una abogada, un fiscal y un juez de instrucción, pero ninguno se planteó no solo que procedía de un país en guerra, sino que, según la ONU, los albinos son masacrados en 28 países del África subsahariana.

Estos son solo algunos ejemplos de las graves consecuencias que pueden llegar a tener los fallos en la asistencia jurídica en las llegadas a costa, la falta de medios, de formación y desorganización hacen que se vulneren los derechos que todo ser humano tiene por el mero hecho de serlo.

Una guía práctica del asesoramiento en llegadas

Desde el equipo jurídico de la Federación Andalucía Acoge, en el marco del Proyecto Themis, el año pasado editamos ‘DERECHOS HUMANOS EN FRONTERA’, una guía práctica de asesoramiento en llegadas dirigida a profesionales que asisten a las personas migrantes en su llegada a España. Esta guía persigue, desde la sensibilización y la formación de agentes clave, ofrecer pautas a los letrados y letradas, asesores jurídicos, trabajadores sociales y todas aquellas personas que trabajan con personas migrantes para que, en la interacción de su labor puedan ofrecer las mayores garantías. Y finalmente, desde la incidencia social y política, ofrecer un marco de posicionamientos para conseguir las herramientas necesarias de lo que debería ser y la transformación de leyes y políticas públicas en favor de la cohesión social e interculturalidad.

En sus capítulos, se lleva a cabo un análisis de cómo las diferentes barreras con las que se encuentran las personas migrantes impactan en la salvaguarda de sus derechos fundamentales a través del proceso de recepción, rechazo, llegada, estancia o integración en el territorio español y especialmente en la Frontera Sur.

Este documento recoge el contenido de los principales instrumentos internacionales, la normativa española; especialmente por la legislación de extranjería, la doctrina jurisprudencial, la normativa específica que resulte de aplicación a colectivos específicos analizados por su especial vulnerabilidad, como son los solicitantes de protección internacional, los niños y niñas no acompañados y las víctimas de trata de seres humanos. Asimismo, se analizan los acuerdos de control de flujos migratorios, especialmente con Marruecos, objeto de vulneraciones de derechos humanos.

Así, esta publicación dispone, entre otros, de un capítulo dedicado a la asistencia letrada en la frontera, infracciones en materia de extranjería, entrada y denegación de entrada, que de manera práctica quiere asistir al profesional que actúe dentro de sus competencias en las llegadas de migrantes a las fronteras españolas.

Con este amplio informe, la Federación Andalucía Acoge quiere profundizar en el análisis de los derechos de las personas extranjeras en lo que denominamos Frontera Sur desde la perspectiva de los Derechos Humanos.

El estudio jurídico de las entradas de personas en nuestro país pone de manifiesto, por un lado, la necesidad de reformas legales que garanticen con más rotundidad los derechos contemplados en la normativa actual, y por otro, en la vigilancia de las garantías que contempla la misma con el fin de evitar incumplimientos de los derechos de estas personas, y en especial, de los más vulnerables como los menores de edad, solicitantes de asilo y refugio o las víctimas de trata entre otros. Para ello, una asistencia jurídica en frontera de calidad es esencial y en muchos casos determinante para poder alcanzar la protección de estas situaciones.