El PP propone una reforma del Estatuto andaluz para “inhabilitar” a ex cargos del PSOE en la Junta por su “mala gestión”

El debate sobre una eventual reforma del Estatuto de Autonomía andaluz -12 años después de la última modificación consensuada por todos los grupos políticos- se ha tornado en un agrio campo de batalla político entre los socios de Gobierno, PP y Ciudadanos, y el PSOE. Los socialistas plantean una reforma amplia de la ley constituyente e incluyen puntos que, por fuerza, van a tensionar la relación del Ejecutivo andaluz con sus aliados de Vox. Por ejemplo, blindar en el Estatuto las políticas de Memoria Histórica, que la extrema derecha quiere erradicar, o elegir al director de la RTVA por concurso público, cuando ya hay una negociación en curso para sustituir al actual consejo de administración.

Los populares, por contra, proponen incluir en la nueva reforma estatutaria una medida que “penalice al mal gestor de lo público”, en clara alusión a los anteriores gobiernos socialistas. “Es una propuesta ad hoc para el PSOE”, admiten desde el PP andaluz, que llega a plantear incluso que el Estatuto contemple “sanciones” o la “inhabilitación para cargo público” de dirigentes que hayan “derrochado fondos públicos”.

Improbable mayoría

El Parlamento andaluz va a tramitar en las próximas semanas una propuesta de PP y Ciudadanos para reformar el Estatuto, algo que requiere una improbable mayoría de tres quintos de la Cámara. Los socios de Gobierno quieren eliminar los aforamientos que protegen jurídicamente al presidente de la Junta, los consejeros y los diputados, y para ello necesitan abrir la reforma de la ley constituyente andaluza. Esa posibilidad ha tensionado el debate parlamentario principalmente con el PSOE. Lejos del consenso político que reinó en el debate de la última reforma estatutaria, en 2007, hoy los partidos usan la “ley de leyes” andaluza como garrote partidista para neutralizar al contrario.

Los socialistas han exigido un consenso político amplio para tocar el Estatuto, y la Junta ha respondido que seguirán adelante, aunque tengan que reformar la ley dejando fuera al PSOE. La ex presidenta y secretaria general del PSOE andaluz ha reunido este miércoles a la interparlamentaria socialista para fijar la posición de su partido respecto a una reforma del Estatuto que tiene cinco propuestas: el blindaje de los servicios públicos (sanidad, educación, dependencia...); el compromiso con la Memoria Histórica; que el nombramiento de la dirección de la RTVA siga siendo por mayoría cualificada, y que se incorpore el procedimiento de concurso público; que se introduzcan los derechos a la identidad digital y que se eliminen los aforamientos.

Este planteamiento conduce a una negociación larga y a una reforma más ambiciosa que la que inicialmente han propuesto PP y Cs. La formación naranja, la más entusiasmada con la idea de una reforma exprés del Estatuto, busca hacerlo por lectura única y cuanto antes, aunque los trámites necesarios para cambiar la ley constituyente son bastante complejos: es preciso que el Congreso avale la reforma, previamente votada por mayoría cualificada en el Parlamento andaluz, y luego deben votarla los andaluces en un referéndum. 

La reforma estatutaria alternativa que propone el PSOE es vista por el Gobierno de centro derecha como un intento de bloquear el debate y de tensionar la relación con su socio de legislatura: Vox. La formación de Santiago Abascal quiere eliminar la Ley de Memoria y retirarle la financiación en los Presupuestos Autonómicos, de modo que es difícil imaginar que vaya a apoyar el blindaje de estas políticas en el Estatuto. Además, en los principios básicos de este partido está el desmantelamiento del Estado de las Autonomías, de ahí que su participación en un debate sobre reforma estatutaria es visto como un “riesgo de alto voltaje” por parte de las fuerzas de izquierdas.

Mientras los socialistas entran de lleno en el debate sobre el Estatuto, el PP andaluz ha mostrado este miércoles el primer interés por participar en él. Hasta este martes los populares admitían que la eliminación de los aforamientos no estaba “entre sus prioridades”, pero se sumaban a la propuesta de Cs porque se habían comprometido con sus socios. Ahora el partido del presidente Juan Manuel Moreno Bonilla propone otra vertiente para reformar el Estatuto, una propuesta ad hoc contra el PSOE y sus 36 años y medio de gobiernos en Andalucía. Los populares quieren introducir en la “ley de leyes” andaluza un artículo que sirva para “penalizar al mal gestor”. 

“Andalucía sufre una penalización en su imagen por culpa de muchos malos gestores, porque nos ven como una comunidad que derrocha el dinero público. Queremos que en la ley de leyes quede plasmada esa lucha con la mala gestión”, ha dicho el portavoz del PP en el Parlamento, José Antonio Nieto. Los populares han puesto varios ejemplos de lo que supondría esta propuesta, todos dirigidos a la gestión del PSOE en la Junta: “falta de ejecución presupuestaria, multas millonarias por condenas judiciales, el retraso injustificado en la toma de decisiones o las medidas electoralistas pagadas con el dinero de todos los andaluces”... “El derroche tiene que estar castigado, no penalmente, pero sí políticamente. El retraso en la toma de decisiones, las medidas electoralistas deben estar penalizadas. Que no sea un delito no significa que no haya que abordarlo. Hay un vacío que se puede rellenar con medidas concretas”, dice Nieto.

Uno de los ejemplos que ha puesto el portavoz popular viene a colación precisamente del anuncio del presidente nacional del PP, Pablo Casado, que ha asegurado que recortará el salario mínimo interprofesional (SMI) si llega al Gobierno de España en una entrevista para después rectificar y calificarlo de “fake news”. De los 900 euros aprobados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez a los 850 euros que, dice, proponían los sindicatos y la patronal. “La subida del SMI supone ignorar el papel de los sindicatos, que son los que han ido ordenando los incrementos para que no sea dañino a la creación de empleo. Se dice que esa subida ha supuesto una pérdida de 20.000 puestos de trabajo que no se van a crear, y que se podían haber creado si el SMI se hubiera subido según el criterio de sindicatos y patronal. Esa medida tiene efectos secundarios. Esa medida es electoralista, quien toma esas medidas, el político tiene que tener algún tipo de sanción, no penal, sino política”, advierte Nieto.

Justo en la sala contigua, los 33 diputados del PSOE, miembros del Congreso y del Senado escuchaban a Susana Díaz acusar al Gobierno de PP y Cs de “frivolizar” con al reforma estatutaria. “Se quiere reformar exclusivamente por razones partidistas”, se queja la expresidenta andaluza.