El PP andaluz rectifica y no hará coincidir la aprobación de la ley de regadíos junto a Doñana con la investidura de Feijóo

El PP andaluz ha rectificado en 48 horas su decisión, anunciada el pasado lunes, de llevar al Pleno del 27 de septiembre en el Parlamento la ley para ampliar los cultivos de regadío en el entorno de Doñana, coincidiendo con el día de la votación de investidura de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso.

El portavoz parlamentario del grupo, Toni Martín, ha explicado este miércoles que no propondrán su inclusión en el orden del día de la próxima semana, después del “aluvión de críticas” recibidas por la oposición, que les acusaba de tratar de opacar el foco mediático nacional sobre un debate que ha desatado las críticas y suspicacias de la comunidad científica, la Comisión Europea, la Unesco y el propio Gobierno de España. El PP retrasa la aprobación final de la ley al primer Pleno de octubre.

No es habitual que el PP andaluz, con una holgada mayoría absoluta, rectifique una decisión aludiendo a las críticas que recibe por parte de la oposición de izquierdas. Sin embargo, es la segunda vez que lo hace en la tramitación de la polémica ley para regularizar cultivos de regadío en la corona norte del Parque Nacional.

Los populares vetaron al presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes, de la ronda de comparecientes citados en el Parlamento para evaluar la proposición de ley. La decisión fue muy contestada dentro y fuera de la Cámara -incluso dentro del PP andaluz-, y tuvo que ser rectificada a los pocos días. La intervención de Delibes fue durísima, como se esperaba, y terminó reclamando sin éxito que se retirase la iniciativa.

Martín acudió el lunes a Canal Sur para anunciar, en tono solemne, que su grupo propondría este miércoles a la Mesa de la Cámara el debate final de la ley de regadíos para su aprobación en el Pleno del 27 de septiembre. ¿Qué ha ocurrido en las últimas 48 horas para explicar esta segunda rectificación? A preguntas de los periodistas, el portavoz popular ha descartado que hayan surgido “dudas jurídicas” de última hora, ni que la dirección nacional del PP, centrada en la investidura de Feijóo para ese mismo día, haya mediado para que se aplazara la aprobación de la polémica ley dos semanas.

Este martes en el Parlamento se reunió la Comisión de Fomento para debatir el dictamen final de la norma, que salió aprobado con los votos de PP y Vox, y el rechazo de todas las formaciones de izquierdas. Las enmiendas de supresión presentadas por las organizaciones ecologistas -asumidas por los grupos Por Andalucía y Adelante Andalucía- fueron rechazadas.

El dictamen final fue aprobado, como era previsible, pero al finalizar el debate se produjo un desencuentro entre los populares y la letrada de la Cámara presente en la Comisión. El diputado del PP Pablo Venzal le solicitó que revisara “de oficio” el texto del dictamen, por si hubiera que hacer alguna corrección jurídica o gramatical, pero la letrada respondió que para eso era necesaria la unanimidad de todos los grupos. El PSOE se opuso de plano.

Los socialistas denuncian que el texto de la proposición de ley de PP y Vox es una “chapuza jurídica” y estaban dispuestos a frenar su inclusión en el orden del día del próximo Pleno, alegando que no habían pasado los tres días reglamentarios desde que se aprueba el dictamen en comisión hasta que se incluye en el Pleno. Pero la denuncia del PSOE va mucho más allá. El Gobierno de Pedro Sánchez tiene ya preparado un recurso de inconstitucionalidad para tumbar la ley de regadíos de Doñana por invasión de competencias. El Ejecutivo central impugnará la norma en cuanto salga aprobada del Parlamento andaluz.

El portavoz del grupo popular ha negado tajantemente que la decisión de aplazar el debate final de la ley hasta octubre, evitando el Pleno que coincidía con la investidura de Feijóo, tenga que ver con “dudas jurídicas” de última hora, ni con el recelo de la letrada a corregir “de oficio” el dictamen final que se aprobó el martes.

Martín asegura que ese texto “no se tocará más”, que no se volverá a convocar a la Comisión de Fomento para hacer modificaciones a un dictamen ya aprobado, y que el retraso sólo busca acallar las críticas de la oposición por la coincidencia con la votación de investidura de Feijóo. “Garantizamos así un debate propio, limpio y transparente”, ha sentenciado.