Los sindicatos integrantes del Mesa Sectorial CSIF, UGT, CCOO y Satse --en la que también está el SMA-- han calificado como “atropello y robo” a los derechos de los trabajadores de la sanidad pública andaluza la Orden de 8 de noviembre por la que se establecen medidas en materia de recursos humanos para la gestión de la situación de crisis sanitaria en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud (SAS), toda vez que han abandonado la Mesa después de realizar sus intervenciones como señal de protesta a “la falta de diálogo” de la Administración sanitaria.
Así, CSIF ha asegurado en un comunicado que dicha orden, firma este domingo por el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, y publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), sin negociación previa con las organizaciones sindicales, supone “un atropello a los derechos de los trabajadores de la sanidad pública, al suprimir todos los permisos, licencias y vacaciones, y al disponer, a discreción, de los turnos y de la movilidad de los profesionales”.
Así lo ha manifestado el presidente de CSIF Sanidad Andalucía, Victorino Girela, que ha criticado que el gerente del SAS, Miguel Ángel Guzmán, ha intervenido en primer lugar en la Mesa Sectorial y “se ha marchado, sin oír siquiera la postura de las organizaciones sindicales”.
Girela ha considerado que la Administración sanitaria ha procedido con “nocturnidad y alevosía” al comunicar este domingo a las organizaciones sindicales, “como hecho consumado”, el contenido de la orden, “que constituye una total imposición por parte de la Administración y que representa la mayor vulneración de derechos en décadas para este colectivo”. Ante ello, CSIF Andalucía estudia emprender acciones legales contra dicha orden.
Asimismo, “el gerente del SAS no ha dado ninguna explicación convincente en relación a la manera de proceder sin ningún tipo de diálogo con los legítimos representantes de los trabajadores”, ha añadido, toda vez que ha subrayado que “una vez más se penaliza a los profesionales de la sanidad pública, que están exhaustos”.
Por su parte, la Federación de Empleados y Empleadas de losServicios Públicos (FeSP) de UGT Andalucía, que también se ha levantado de la Mesa Sectorial de Sanidad, ha exigido a la Administración la retirada de la orden que “roba los derechos” a todos los trabajadores del sistema sanitario público de Andalucía.
Ha añadido que han presenciado “con estupor” como la Administración “sigue defendiendo lo indefendible y mantiene la orden que han publicado en el BOJA y que restringe muchos derechos de nuestros profesionales, despreciando cualquier negociación e intentando implantar la ley 'del que mando soy yo'”.
Esta orden “supone una patada a los derechos de unos 120.000 trabajadores del sistema sanitario público andaluz”, ha incidido desde UGT, que ha asegurado que “no va a tapar la incapacidad deesta Administración tras normas que solo sirven para recortar derechos y maltratar a nuestros profesionales”, por lo que, además, “estamos estudiando medidas de presión para llevarlas a cabo a partir de ya”.
Desde la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía, su secretario general, Humberto Muñoz, ha criticado el comportamiento de Salud, ya que el mismo “rompe la confianza y lealtad entre las contrapartes integrantes del máximo ámbito de negociación colectiva en materia sanitaria del SAS y revela con especial crudeza, mala fe e intención de engañar a la representación legal de los trabajadores por parte de la Administración sanitaria, al pretender montar hoy un simulacro esperpéntico de negociación de una norma que ya se publicó en el BOJA en el día de ayer”.
Ha destacado que entre los derechos “atropellados” por la Consejería de Salud mediante esta orden “unilateral” y “no sometida a negociación, está la autorización a los gerentes de los centros sanitarios a contratar personal saltándose la normativa de Bolsa Única vigente, es decir, ”contratación a dedo“, y también ha denunciado que ”se quebrantan gravemente“ los derechos laborales del personal del SAS, incluido el personal en formación sanitaria especializada.
“Especial gravedad tienen otras medidas contempladas, como la movilidad forzosa de tipo geográfico, es decir, a otros centros dentro de la localidad habitual de trabajo o situados en otras localidades, y la movilidad forzosa funcional, que supone el cambio obligatorio en el ejercicio de las funciones habituales, teniendo que desempeñar, sin ostentar la titulación habilitante, otras funciones diferentes, con el consiguiente riesgo para la salud de los pacientes, el estrés para quien es sometido a ese cambio de funciones y el riesgo jurídico de los profesionales ante previsibles demandas por mala praxis durante el ejercicio de funciones para las que no se tiene la titulación habilitante”, añade Muñoz.
Asimismo, ha advertido que sus servicios jurídicos estudiarán este proceder y el contenido de la orden, pues estima que “se han conculcado gravemente y de manera intencionada” derechos fundamentales recogidos en la legislación vigente, por si hubiera lugar a interponer las oportunas acciones judiciales contra la Administración,así como, eventualmente, pedir amparo ante el Defensor del Pueblo Andaluz.
Por otra parte, la FSS-CCOO Andalucía convocará movilizaciones para exigir la retirada de esta orden y “no cejará hasta conseguir que se eliminen las medidas que contiene, unas medidas que, en lugar de sostener, proteger, cuidar y levantar el ánimo de una plantilla al borde de la extenuación, que lleva dándolo todo desde hace ocho meses por la salud de los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía, y que ha sostenido sobre sus maltrechas espaldas el sistema sanitario público, ahora recibe un golpe más de la misma Administración que no lo ha fortalecido durante estos meses al no dotarlo de personal ni de los medios suficientes”, declara Muñoz.
Por último, Satse ha mostrado en la Mesa Sectorial “su rechazo frontal” a esta orden, donde “con la excusa de la pandemia se vulneran por la Junta de Andalucía derechos fundamentales de los trabajadores del Sistema sanitario público de Andalucía e incluso anula directivas comunitarias de la Unión Europea”.
A juicio de Satse, “tanto las medidas contenidas en esta orden, por más que alguna pudiera justificarse con el estado de la pandemia, como las formas de la Administración sanitaria andaluza, que no sólo no ha negociado con los representantes de los trabajadores si no que ni siquiera se les ha informado previamente, exigen de una respuesta inmediata de rechazo”.
Además, todos los sindicatos de la Mesa Sectorial han convocado este lunes a las 12,00 horas concentraciones en los centros de trabajo en las ocho provincias andaluzas contra este orden.
“Desde CSIF Andalucía consideramos que se trata de un nuevo atropello de la Administración, que puede hacer y deshacer a su antojo, con la excusa de la pandemia, a costa de los profesionales, que ven cómo sus derechos se reducen a nada”, según ha manifestado al respecto Girela para avalar las concentraciones convocadas “enseñal de protesta contra este nuevo varapalo a los derechos de los trabadores y trabajadoras de la sanidad pública”.
Por su parte, Satse también ha animado a todos los profesionales a participar en las próximas protestas que se convoque para “decir no a la sustracción de sus derechos”, y ha indicado que irá informando puntualmente de las nuevas acciones que realice “contra esta brutal agresión sin precedentes a los profesionales de la sanidad andaluza”.