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Aragón afronta otro verano de restricciones por la contaminación por nitratos

Protesta de la plataforma 'Loporzano sin ganadería intensiva'

David Chic

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Los pueblos aragoneses afectados por la contaminación de las aguas por nitratos de origen agrícola volverán a sufrir en los meses de calor las temidas restricciones de suministro para el agua de boca cuando los análisis en las mismas no cumplan con los parámetros sanitarios requeridos. Y aunque este no sea un problema típicamente estival, pues los acuíferos contaminados por la ganadería y la agricultura extensiva son difícilmente recuperables, la disminución de los niveles de agua durante las situaciones de estiaje las concentraciones aumentan y hace que el problema esté todavía más presente en el día a día de los ciudadanos, dejándoles incluso sin la posibilidad de beber agua del grifo. 

Las entidades ecologistas de la comunidad han lamentado este mes que la clase política no esté tomando “medidas normativas para reducir la contaminación de las aguas por nitratos de origen agrícola” a pesar de lo recurrente del problema. Según el Sistema de Información de Agua de Consumo (SINAC) el año pasado en Aragón se tomaron 592 muestras de agua para controlar el agua de abastecimiento y en 90 de ellas se determinó la presencia de estos contaminantes, aunque los análisis no diferencian si es nitrógeno orgánico (procedentes de los estiércoles (no solo purín de cerdo, también de gallinas y vacas) o inorgánico (procedentes de los abonos). En nueve de estas muestras los niveles fueron superiores a 50 mg/l, momento en el que las aguas se consideran no aptas para el consumo humano.

Aragón, que es la comunidad líder en el sector porcino español (28% del sector), habiendo experimentado el mayor crecimiento del estado en este sector, superando el 3,5% del PIB aragonés, es uno de los territorios señalados por el Tribunal de Justicia Europeo por haber incumplido las obligaciones que le incumben por la directiva de protección de aguas contra la contaminación de nitratos procedentes de fuentes agrarias, reprochando que no se hubieran adoptado medidas necesarias para poner fin al problema ni haya reforzado las acciones contra el exceso de nitratos, especialmente en las aguas subterráneas.

Precisamente, el pasado jueves 9 de mayo se rechazó en las Cortes de Aragón una proposición no de ley presentada por IU para instar al Ejecutivo autonómico, entre otras cuestiones, a “elaborar, con carácter urgente, un conjunto de medidas normativas para reducir la contaminación de las aguas por nitratos de origen agrícola” que buscaba dar respuesta al cuestionamiento europeo. El PP y Vox votaron en contra y el PSOE se abstuvo después de que no se aceptaran sus enmiendas. Los municipios aragoneses incluidos en las llamadas Zona Vulnerables han aumentado hasta sumar un total de 177 municipios (un 24,2% del total).

De cara a la situación que se espera si aumenta la concentración de nitratos con la llegada del verano, según el departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, tienen que ser los ayuntamientos afectados los encargados de “ejercer el autocontrol en su zona”. Si en un municipio se detecta un nivel de 51 o más mg/l, el agua es no apta para el consumo y se deben tomar las medidas necesarias para proteger a la población y reducir este nivel.

El protocolo detalla que en estos casos siempre se ha de mantener abastecida a la población con agua apta para el consumo, sea por medio de cisternas móviles o con el llenado de los depósitos del municipio. Dentro del “autocontrol” que se les requiere a los ayuntamientos en estos casos tendrán que detectar si se ha producido algún fallo en los sistemas de tratamiento del agua o en el aporte de agua (donde entra en juego la sequía veraniega, entre otras causas). Si no es un fallo coyuntural, deben plantearse “soluciones estructurales”, como puedan ser instaurar tratamientos de desnitrificadores o cambiar la captación del suministro potable.

Desde Izquierda Unida explican que el informe cuatrienal de aguas contaminadas o en riesgo de contaminación por nitratos de origen agrario que publica la Confederación hidrográfica del Ebro (CHE) para el periodo 2016 a 2019 detectó 96 masas de agua de toda la cuenca (61 de agua subterráneas y 35 de agua superficiales, de las que 27 subterráneas y 14 superficiales afectadas están en Aragón) con una concentración de nitratos superior a 50 miligramos por litro, entre cuyas causas destaca la «aplicación excesiva o inadecuada de fertilizantes nitrogenados, y pone sobre aviso de que la contaminación de los ríos de la cuenca se ha duplicado con respecto al periodo de análisis anterior.

El especialista en porcino industrial y miembro de la Asociación Naturalista de Aragón (ANSAR), Mariano Mérida, lamenta que no se estén abordando estas cuestiones con seriedad en ninguno de los sentidos. Y creen que no deberían ser los agricultores y ganaderos los que asuman el coste de estas medidas. “En nuestro país, son los ganaderos los que se tienen que deshacer de los purines pero esta gestión que conlleva costes económicos elevados, no se hace adecuadamente: los ganaderos porque apenas tienen márgenes económicos para hacerlo y los dueños de los piensos y mataderos, las integradoras, porque no quieren reducir sus grandes beneficios”, manifiesta.

Aunque el porcino ya domina la economía de Aragón, desde la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos recuerdan que la única solución a largo plazo que consideran factible para frenar en seco este problema tiene que ver con el llamado decrecimiento. “Las consejerías de agricultura del Gobierno de Aragón, tanto la de la legislatura anterior como la actual, tienen una apuesta inviable por el sector del cerdo, duplicando el número de animales en una década”, explica su portavoz, José Antonio Gil. Una realidad que se acaba filtrando a los pozos de agua subterránea. “De aquí al 2030 y 2050 hay que reducir el 40% de la cabaña porcina si queremos eliminar la contaminación que provoca graves problemas de salud a los ciudadanos”, reconoce Mérida. Según los últimos estudios las aguas ricas en nitratos que afectan a estos 90 abastecimientos aragoneses reconocidos por el Gobierno de Aragón elevan los casos de alergias, cánceres y diabetes. Además de generar bacterias multiresistentes a los antibióticos.

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