Podemos propone un impuesto a las hidroeléctricas para recaudar 45 millones de euros

Central hidroeléctrica de Mequinenza

Cobrar un céntimo por kilovatio producido a las centrales hidroeléctricas. Esta es una de las medidas estrella en materia fiscal que Podemos incluye en su programa para la Comunidad Autónoma de Aragón, “una de las zonas con más represas de generación eléctrica del mundo”. Mediante este impuesto, dicen, las arcas públicas podrían embolsarse 45 millones de euros que, posteriormente, se destinarían principalmente a la provincia de Huesca.

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Señalan que el objetivo de este nuevo impuesto es devolver parte de las ganancias que obtienen las empresas que producen energía hidroeléctrica al territorio en el que operan. Según explica una de sus impulsoras, Yolanda Sancho, “tenemos numerosas centrales que están totalmente amortizadas y que prácticamente nunca han revertido sus beneficios en el entorno del que se extrae un recurso natural y público como es el agua”.

“Con esta aportación, se ayudaría a paliar las afecciones medioambientales, sociales, culturales, o paisajísticas que la obtención de este tipo de energía ocasiona”, explica Sancho, quien incide en que el “coste de generación de electricidad es mínimo, mientras que los kilovatios se venden en el mercado eléctrico a un precio muy superior a su coste de producción, con lo cual el beneficio empresarial es total”.

La metodología empleada para medir cuánto cobrar a las empresas ha utilizado el programa Extern-E, el cual cuantifica el coste de las externalidades derivadas de la producción de energía. Para países de clima mediterráneo, se ha valorado la incidencia de los factores negativos en un céntimo por kilovatio producido. Jorge Bielsa, profesor en la Facultad de Economía de la Universidad de Zaragoza, explica que “este tipo de recaudación se aplica en países como Noruega, Suiza, Italia o Canadá”. Sólo en Aragón, si se aplicara esta tasa, podrían recaudarse 45 millones de euros.

El programa adelanta que los ingresos serían destinados a “solucionar situaciones de pobreza energética, promover proyectos en las zonas de afección de las instalaciones y comarcas, así como a favorecer el desarrollo territorial implantando un sistema de asistencia personal y médica a los habitantes de mayor edad de la zona que a su vez genere empleo y fije población”.

Según explica Bielsa, "hasta ahora, las centrales hidroeléctricas no han hecho efectiva su obligación de revertir parte del valor de la energía que generan en el territorio, aunque recientemente ha habido movimientos por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) en este sentido, la traslación en la práctica de esas obligaciones dista mucho de ser una verdadera compensación de las afecciones al territorio”. En su lugar, detalla, “se trata de un abaratamiento de la factura de electricidad de determinados ayuntamientos. Medida claramente insuficiente".

En 2013, los ayuntamientos con centrales hidroeléctricas recaudaron 5 millones de euros, mediante el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles de Características Especiales y el Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Según Jorge Bielsa, “estos impuestos, además de ser escasos, solo repercuten en la localidad que se encuentra más próxima de la presa, no en el territorio en su conjunto”.

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