Un total de 17 organizaciones solicitan que no se multe a las personas que acuden a visitar a las cárceles desde localidades confinadas

Control de la Policía Nacional en la carretera N-234, en la entrada y salida de Teruel.

A través de una mampara, en amplios cubículos separados por paredes y como máximo unos 50 minutos es la principal forma de comunicación entre familiares y amigos de personas presas que cumplen condena en el Centro Penitenciario de Zuera (Zaragoza). A menudo, tras realizar un gran número de kilómetros y gracias a un importante esfuerzo económico. Desde que comenzó la crisis sanitaria por la Covid-19, después de meses con todo tipo de comunicaciones interrumpidas, pendientes de cambios de última hora en los horarios y días de visitas, ahora son individuales.

Sin embargo, tal y como denuncian 17 organizaciones de derechos humanos, en las prisiones siempre hay un “más difícil todavía”, que se está manifestando debido a una limitación de derechos por la vía de los hechos tras decretarse el estado de alarma el pasado 26 de octubre. APDHA, Red Jurídica Cooperativa, Federación provincial Liberación, Federación andaluza ENLACE, CAMPA, OSPDH, ALAZ, ALA, Comisión Legal Sol, Salhaketa Araba, Salhaketa Nafarroa, Etxerat, Irídia, EsCulCa, Derechos Civiles 15M Zgz, Oteando, Comisión de Asesoramento Xurídico Penitenciario de Ourense del Ilustre Colexio da Avogacía de Ourense han denunciado que los cierres perimetrales han impedido que muchas personas acudan a visitar a las cárceles y que algunas de quienes lo han intentado hayan recibido sanciones.

Por esta razón, han solicitado a la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior que emita una orden interna a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado “en la que se aclare que no son motivo de sanción los desplazamientos que se producen con el objeto de comunicar en prisión, sea entre provincias de una misma comunidad autónoma o entre comunidades autónomas diferentes, en tanto que dicho desplazamiento constituye una causa justificada de movilidad”.

Apuntan, que, mayoritariamente las sanciones se están interponiendo contra personas que residen en la misma provincia donde se encuentra el centro penitenciario “por considerar que se encuentran fuera de su domicilio sin causa justificada”. Asimismo recuerdan que “en la actualidad la mayoría de los centros penitenciarios, con las adecuadas medidas de protección, están permitiendo las visitas a las personas privadas de libertad (a excepción de los vis a vis que han sido suspendidos en la mayoría de los centros) por lo que, dado que las comunicaciones son un derecho fundamental, no puede verse privado por una norma que no tenga rango de ley orgánica”.

Falta de coordinación y empatía hacía la necesidad de afectos durante la pandemia”

Para el Colectivo de Apoyo a Mujeres Presas en Aragón (CAMPA) esta falta de coordinación y empatía con la necesidad de afectos de quienes se encuentran cumpliendo condena es “indignante”. Según explican por teléfono, “en vez de garantizar unas visitas seguras, con distancias, geles, mascarillas... se apela a la responsabilidad individual con riesgo de sanción y ni siquiera se plantea la posibilidad de incluir este tipo de desplazamiento como uno de los justificados para esta nueva movilidad restringida”, relata la organización.

Este colectivo y la Asociación Libre de Abogadas y Abogados de Zaragoza va a solicitar mediante un escrito al Gobierno de Aragón, “que la autoridad competente delegada modifique el Decreto para que se introduzca una nueva causa de justificación que permita la movilidad a aquellas personas que residan en provincias y localidades confinadas para que puedan visitar a sus familiares o seres queridos que se encuentren privados de libertad en algún centro penitenciario situado en la comunidad autónoma”. Tal y como indican, la Comunidad Autónoma de Aragón tiene aproximadamente 1.900 personas presas, según datos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del mes de agosto de 2020, y en los centros penitenciarios de Zuera, Daroca y Teruel cumplen condena personas que en su gran mayoría no pertenecen a la provincia donde se encuentran estas prisiones.

Para CAMPA, “la pandemia está afectando gravemente a la salud mental de las internas y los internos. Primero con una restricción total de las visitas que no se adecuaba a las fases y a lo que estaba permitido hacer en la calle. Seguidamente se prometieron dispositivos para poder realizar videollamadas que, según hemos tenido conocimiento, nunca llegaron. Ahora vemos que de nuevo son las últimas personas de las que se preocupa el Estado. Hay que entender que estas visitas forman parte de los cuidados que necesitan las personas presas”. 

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias informa periódicamente de la suspensión de permisos, salidas, comunicaciones y entrada de personal extra penitenciario no imprescindible en los distintos centros. Actualmente el acceso más restringido es en el Centro Penitenciario Madrid V – Soto del Real, el Centro Penitenciario de Ocaña I (Toledo) y el Centro Penitenciario de León. Según informaron en nota de prensa el pasado 4 de noviembre, se han reforzado las comunicaciones por videoconferencia.

Hasta el 21 de junio de 2020, dos internos y cuatro funcionarios fallecieron con Covid-19 y se registraron 85 y 278 contagios respectivamente. Desde el 22 de junio, una persona presa ha fallecido y 440 internos y 436 funcionarios han dado positivo por coronavirus.

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