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ARAGÓN

¿Hay o no hay presupuestos para Aragón? Economía lanza seis líneas de ayuda vinculadas a las cuentas de 2019

El Gobierno de Aragón activa planes de subvenciones del Inaem por diez millones de euros ya que “está previsto que el anteproyecto de presupuestos” los contemple

Su ejecución, que tiene como objetivo la mejora de la contratación y el apoyo a los autónomos, las microempresas y los centros especiales de empleo, “queda condicionada a las disponibilidades presupuestarias”

La consejera de Economía, Marta Gastón, durante una comparecencia parlamentaria.

La consejera de Economía, Marta Gastón, durante una comparecencia parlamentaria. Gob. Aragón

¿Hay o no hay Presupuestos de la comunidad para 2019? ¿Existe el anteproyecto de ley que, según todos los indicios y declaraciones oficiales el Gobierno de Javier Lambán no tiene intención de enviar a las Cortes en lo poco que queda de legislatura? Algunos movimientos de la Administración apuntan a que sí. O, cuando menos, a que ese documento está, si no cerrado, al menos hilvanado.

De hecho, la Consejería de Economía acaba de lanzar seis programas de subvenciones relacionadas con el empleo bajo el argumento de que “está previsto que el anteproyecto de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2019, incluya para dicho ejercicio (…) dotación económica suficiente y adecuada para financiar el programa”, que “se nutre de fondos procedentes del Estado a través de la distribución territorial de fondos para la ejecución de políticas activas de empleo por parte de las comunidades” o, en algunos casos, del Fondo Social Europeo.

Se trata de los programas de subvenciones para el funcionamiento de las Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional en los Centros Especiales de Empleo, para el fomento de la contratación estable y de calidad de jóvenes cualificados en el marco del Programa Aragonés para la Mejora de la Empleabilidad de los Jóvenes, para fomentar la integración laboral de las personas con discapacidad en los centros especiales de empleo, para promocionar el empleo autónomo y la creación de microempresas, para “el estímulo del mercado de trabajo y el fomento del empleo estable y de calidad” y, por último, para fomentar la contratación de las personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo.

Diez millones que gestionará el Inaem

Las órdenes por las que se ponen en marcha los programas de ayudas incluyen las cuantías con la que estos estarán dotados, algo que no deja de resultar sorprendente cuando están referenciados a unas cuentas inexistentes que, a su vez, dependen de los Presupuestos Generales del Estado cuyas posibilidades de aprobación son, aparentemente y a fecha de hoy, cuando menos inciertas.

Así, el plan de ayudas para los centros de empleo reseña que “el importe total del crédito asignado a la presente convocatoria asciende inicialmente” a 775.000 euros, mientras que el de la mejora de la empleabilidad para jóvenes lo cifra en 1,5 millones; el de la integración de personas con discapacidad, en 4,5; el del empleo autónomo, en 1,5; el del estímulo del empleo estable, en 1,1, y el de la contratación de personas con discapacidad, en 600.000.

Suman diez millones de euros, todos ellos a gestionar por el Inaem (Instituto Aragonés de Empleo) a través de su programa de Fomento del Empleo. El plazo para solicitar las ayudas, cuya concesión “queda condicionada a las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio económico”, se mantiene abierto durante unos meses.

Fuentes de Economía señalaron que las ayudas están incluidas en la prórroga de los Presupuestos de 2018 y que en ningún caso peligra su ejecución. La alusión al anteproyecto, indicaron, se debe a que la tramitación de los programas comenzó en otoño, cuando estaba previsto que hubiera cuentas para este ejercicio y que en ellas se incluyeran las ayudas.

Un presupuesto condicionado antes de existir

La tramitación de los Presupuestos de la comunidad autónoma se presenta año tras año como uno de los momentos de mayor intensidad del debate político, algo que también ocurre cuando el Gobierno no llega a presentarlos como ocurre en este ejercicio.

Sin embargo, y a pesar de las exigencias legales de contar con partidas presupuestarias para ejecutar cada programa, la solemnidad que acompaña a su tramitación suele diluirse bastante durante su ejecución.

Por una parte, dos tercios del dinero que contemplan están prácticamente determinados de antemano, sin apenas márgenes de maniobra. Así, de los 6.162 millones que contemplan los vigentes y prorrogados, 4.064 consisten en nóminas de personal (2.112), gasto corriente (915) y gastos financieros (1.038), cuyos principales componentes son el pago de intereses y la amortización de deuda, fijadas por contrato. A estas cantidades se les suman otras como las transferencias corrientes y de capital, que suman 1.818 y parte de las cuales están comprometidas antes de anotarse en los presupuestos.

Por otra, las actas de la Comisión de Hacienda de las Cortes dan fe de cómo a mes se modifica el destino de varios millones (7,5 en noviembre).

Y, por último, decisiones procedentes de Madrid afectan directamente a la ejecución, como ha ocurrido este año con la subida salarial de los empleados públicos, que supondrá un aumento del gasto de en torno a 45 millones anuales, o el rescate por del impuesto de Hidrocarburos por el Ministerio de Hacienda, que mermará los ingresos en 308.

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