Día 11: una huelga política
La del día 11 es una huelga política, sin ninguna duda. Pero es que la acción reivindicativa de los trabajadores es política desde que, al comienzo de la industrialización, a principios del siglo XIX, el gobierno británico prohibió las primeras estructuras organizativas del movimiento obrero: las sociedades de ayuda mutua. Desde entonces, los trabajadores y trabajadoras -estas últimas más- ha visto cómo las leyes determinaban, casi siempre negativamente, no solo sus condiciones laborales y de vida en general, sino, también, su capacidad de organización y lucha.
El campo de trabajo esencial del sindicalismo es la empresa, pero de poco valen los logros en el ámbito laboral si los salarios no nos permiten vivir dignamente. Y esto es lo que está pasando, la inflación derivada de la subida del precio de los carburantes disminuye nuestra capacidad de compra, los sueldos están muy lejos de poder hacer frente a una hipoteca o un alquiler y los servicios públicos que se salvan de la privatización se están deteriorando progresivamente.
Y no es que no haya recursos. La economía crece como en ningún país europeo, pero los frutos de este crecimiento no se reparten equitativamente. Los beneficios empresariales baten récords -en los tres primeros trimestres el de los seis mayores bancos españoles se han incrementado un 15%, un 23% en el caso del Santander- mientras aumentan los casos de personas que, aun teniendo trabajo, no pueden ni alquilar una habitación para dormir. Las desigualdades aumentan insoportablemente. ¿No tiene esto que ver con la política? ¿No es resultado de una estrategia que subordina a los intereses del capital el bienestar de las personas?
Tras el accidente de Urda, algunas empresas del transporte están subiendo el precio de los billetes de aviones y autobuses o de vehículos de alquiler. Ya sucedió lo mismo con el accidente de Ademuz y otras catástrofes, ley de la oferta y la demanda llaman a esta práctica carroñera. Y se vuelve a repetir porque PP, Vox y Junts votaron en el Congreso, el pasado 26 de febrero, en contra de una iniciativa del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, para establecer un límite al precio de los transportes en casos de emergencia. Un claro ejemplo de las repercusiones de las decisiones políticas.
Con todo, el capital no está satisfecho y su principal representante político, el Partido Popular, ya muestra su intención de atender las peticiones económicas empresariales -Salario Mínimo, pensiones…- y también las normativas, con reformas del Estatuto de los Trabajadores. En el programa con que se van a presentar a las elecciones del 29, los populares contemplan la modificación del número de trabajadores -pasando de los 50 actuales a 250- para que sea obligatorio constituir un comité de empresa. Según el PP, la propuesta elimina trabas y regulaciones que dificultan el funcionamiento de las empresas, pero en la práctica lo que realmente elimina es gran parte de los derechos de representación colectiva que tienen casi tres millones de trabajadoras y trabajadores.
Al capital no le gustan las regulaciones que limitan su capacidad de maniobra, no le gusta que el Gobierno suba el Salario Mínimo, que se garantice el poder adquisitivo de los salarios y las pensiones; tampoco le gusta que se regule el mercado de la vivienda, reclaman su “libertad” de seguir enriqueciéndose especulando; ni le gusta la inversión de las administraciones en servicios públicos que proporcionan una vida digna a la ciudadanía -como sanidad o educación- porque le quitan cuota de mercado. Tampoco quieren impuestos, con los que se financian los servicios públicos, las prestaciones sociales y las infraestructuras.
Sin regulación, sin control estatal de los mercados, impera la ley del más fuerte y es imposible satisfacer las necesidades de la mayoría social. Sin embargo, siempre hay partidos dispuestos a atender las demandas del capital, a legislar según sus intereses. Por eso es política una huelga, como la del día 11, con objetivos tan sindicales como unos salarios que nos permitan vivir dignamente, una vivienda accesible y que los gobiernos y las administraciones públicas asuman sus responsabilidades para mejorar nuestras condiciones de vida.
La huelga del día 11 no es una huelga contra la oposición, es una huelga contra un modelo económico-social que prima a los que más tienen, que nos impide vivir con dignidad. Y también es una advertencia a los gobiernos actuales y futuros: clase trabajadora, la mayoría social, no vamos a permitir más desigualdades, no vamos a consentir el continuo deterioro de nuestras condiciones de vida.