Jugando con fuego

Las derechas -la extrema y la medio extrema- tienen prisa por acabar con este Gobierno y están dispuestas a hacer todo lo que esté en sus manos para conseguirlo. Sus discursos están cargados de retórica ultraderechista; utilizan los símbolos comunes, como la bandera y la patria, y a instituciones como la Guardia Civil, de forma partidista y desde una óptica franquista; descalifican totalmente al Ejecutivo, no parece haber nada salvable; acusan al presidente Sánchez de mentir continuamente, de ser responsables de los muertos provocados por el coronavirus y utilizan todos los resortes que tienen, que no son pocos, en las distintas estructuras del Estado, para ayudarles a conseguir sus objetivos.

Si, según ellos, el Gobierno nos lleva al precipicio, si pacta con los que quieren romper España, si es ilegítimo y criminal… y además hacen un llamamiento velado a la insubordinación, a que la Guardia Civil desobedezca las órdenes “injustas” -en alguna ocasión han hecho algo parecido con el ejército- no me extraña que Pablo Iglesias piense que les gustaría dar un golpe de estado. En todo caso están dando cobertura política y animando a los sectores más reaccionarios incrustados en los poderes del Estado para que boicoteen al Gobierno. Y de eso creo que se trata, de montar procesos, emitir informes, crear malestar y hacer ruido para desestabilizar las instituciones democráticas.

El caso del coronel Diego Pérez de los Cobos, no muy bien gestionado por el Ministerio del Interior, ha puesto al descubierto actuaciones de la Guardia Civil que, en el mejor de los casos, se podrían calificar de poco profesionales. El informe remitido a la jueza Rodríguez-Medel no resiste un mínimo análisis crítico, más que un informe parece un documento destinado a confirmar una idea preconcebida y no deja en muy buen lugar a la Guardia Civil.

Pero, además, dentro de la misma Comandancia de la que era responsable el coronel Pérez de los Cobos, se ha producido otro hecho irregular. Según la edición de InfoLibre del día 5 “La Guardia Civil pidió sin orden judicial a un supermercado que no destruyera las imágenes de sus cámaras de vigilancia que podían mostrar al vicepresidente Pablo Iglesias comprando sin mascarilla”. Si la Ley de Protección de Datos prohíbe guardar las cintas más de 30 días, ¿con qué objetivo se pide mantenerlas? El vídeo -guardado durante mucho tiempo- que hizo dimitir a Cristina Cifuentes de la presidencia de la Comunidad de Madrid nos puede dar una pista. Si esta es la forma de dirigir una Comandancia, no me extraña que el ministro Grande-Marlaska haya perdido la confianza en quien la dirigía.

No es la primera vez que las derechas intentan utilizar como ariete contra el Gobierno a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FFCCSE) pero sus miembros saben que, en un Estado democrático -y por mucho que le pese a Casado, Pedro Sánchez salió elegido presidente del Gobierno democráticamente- la defensa de la patria es la defensa de la Constitución y del ordenamiento jurídico y en la Constitución está clara su subordinación al poder político. No obstante, todo apunta a que existen sectores dispuestos a hacerles el trabajo sucio a la derecha, y si bien creo que son minoritarios, pueden hacer mucho daño al sistema democrático.

Las derechas están jugando con fuego, y en un momento en el que el repliegue de la democracia es evidente -Estados Unidos, Rusia o Brasil son algunos ejemplos, pero también Polonia o Hungría- el Gobierno debería contemplar, dentro de la “nueva normalidad”, la limpieza de las “cloacas del Estado”, la restructuración y despolitización de las (FFCCSE), del Poder Judicial y demás organismos del Estado, a cuyos miembros la ciudadanía tenemos que ver como servidores públicos y no como posibles instrumentos de aventuras involucionistas.