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La policía y la Ley Mordaza

Bengalas de humo en la manifestación policial contra la reforma de la ley mordaza.

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El sábado pasado se manifestaron en Madrid policías nacionales, guardias civiles y policías autonómicos, contra las enmiendas presentadas por PSOE y UP a la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 (Ley Mordaza); la manifestación contó con la presencia y apoyo de las distintas derechas. Las organizaciones convocantes justifican la convocatoria de las movilizaciones de los últimos días, y de alguna próxima ya anunciada, en la inseguridad que va a provocar la modificación de la Ley y en el riesgo a que se van a ver sometidas las personas pertenecientes a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y sus familias.

Es normal que cualquier colectivo sienta inquietud cuando se modifican leyes o normas que le afectan, que quiera conocer a fondo cómo le van a repercutir los cambios y pretenda intervenir para eliminar o limitar aquellos aspectos que considera lesivos para sus intereses. Pero estas aspiraciones, totalmente lógicas, deben enmarcarse en el contexto económico, político y social en el que se defienden las reivindicaciones. Cuando la plantilla de PSA (antigua Opel) se moviliza, enseguida surgen voces recordando lo importante que son los puestos de trabajo de la factoría, no solo para quienes allí trabajan, sino para la economía de la Comunidad Autónoma. La plantilla de Figueruelas tiene que tener en cuenta, en su estrategia, el peso del sector del automóvil en la economía de Aragón.

En la misma medida, las movilizaciones de los trabajadores públicos, tanto en objetivos como en la elección de las tácticas para conseguirlos, están condicionadas por su servicio a la ciudadanía, que es además, la que, mediante impuestos, paga sus salarios. No se entendería una huelga total e indefinida en un hospital, ni la reclamación de un salario sensiblemente superior al de la media de trabajos equivalentes en la empresa privada. Cada colectivo tiene que buscar un equilibrio entre sus aspiraciones y las del resto de la sociedad y esta premisa tiene que tener más peso si quienes se movilizan son miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, los encargados por la sociedad de defender los derechos y libertades de la ciudadanía.

Por eso es difícil de entender la manera en que las organizaciones policiales han planteado su rechazo a la modificación de la Ley. Seguro que el Ministerio de Interior podía haberlo hecho mejor, podía haber tenido algún encuentro con los sindicatos y asociaciones policiales -aunque ojo, la Ley de Seguridad Ciudadana no es un reglamento de régimen interior, trata de derechos y libertades de la ciudadanía y son sus representantes políticos quienes la tienen que definir-, precisar más algún artículo… Pero en ningún caso los posibles fallos del Ministerio justifican la respuesta de las organizaciones policiales.

La modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana ha venido precedida del último dictamen sobre España de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, según el cual España debería reformar la Ley por su potencial represivo. Por otra parte, por mucho que los sindicatos policiales pretendan mantenerlo, el Tribunal Constitucional, en sentencia de noviembre de 2020, declara inconstitucional el precepto que establecía una censura previa a la difusión de imágenes de los agentes de servicio.

Los sindicatos policiales no solo no han tenido en cuenta estos antecedentes, sino que, al menos en algunos casos, ni siquiera saben contra qué se movilizan. El presidente de Jusapol reconocía el viernes a “El País” que un equipo del sindicato todavía estaba analizando las enmiendas y el secretario general de Jucil, que días antes había dicho “Si la reforma se consuma, va a arder la calle”, admitía el sábado, al mismo diario, que no las había leído. ¿Contra qué o quién se movilizan? No parece una actitud sindical muy responsable y no es de extrañar que la mayoría de sus críticas a las enmiendas no tengan en cuenta lo que estas realmente dicen.

Una de las consignas de la manifestación del sábado era “No a la España insegura”. ¿De dónde deducen que, con la reforma de la Ley Mordaza, España será más insegura? ¿Aumentará el terrorismo? ¿La trata de personas? ¿El narcotráfico? ¿El blanqueo de capitales? ¿La corrupción política? ¿El crimen organizado en general? La Ley de Seguridad Ciudadana únicamente aborda infracciones administrativas y su modificación solo pretende limitar el potencial represivo que, según la Comisión de Venecia, tiene la actual Ley. El Código Penal queda igual.

Algunos representantes sindicales han llegado a decir que, con la nueva Ley, los delincuentes tendrán más veracidad que la policía. Detrás de esta afirmación hay una carga ideológica muy preocupante: solo se puede considerar delincuente a una persona cuando hay una sentencia judicial que así lo dictamine y nunca por una infracción administrativa.

Además, la presunción de veracidad de los agentes se mantiene, siempre que el acta que redacten sobre la infracción “resulte coherente, lógica y razonable” ¿Son exigencias descabelladas? Hay policías que dicen que no hace falta ninguna modificación en este artículo, que ya cumplen estos requisitos y resulta ofensivo que se ponga en duda su profesionalidad. Al margen de que hay algún ejemplo que la desmiente, puedo dar por cierta esa afirmación; lo que no entiendo, si es así, es que se sientan ofendidos, deberían estar orgullosos de ser ellos quienes marcan el camino al Gobierno en materia de Seguridad Ciudadana.

Los policías se han movilizado contra unas enmiendas que muchos, incluidos algunos dirigentes sindicales, no conocen; en defensa de una Ley con claro potencial represivo y de un artículo inconstitucional y lo han hecho arrastrados por Jusapol, el sindicato cuyo referente ideológico más próximo es Vox. No es un balance muy positivo, esto es algo más que corporativismo.

Estoy seguro de que hay muchos policías que no están muy conformes con el desarrollo de las movilizaciones; algunos, del SUP o de la AUGC, es posible que no se hayan desmarcado por temor a verse desbordados por un malestar existente en las distintas unidades que Jusapol ha sido capaz de capitalizar. Creo que es un error, sé que es difícil hacer sindicalismo no corporativo en esas situaciones, pero nunca se consigue si renuncias a tus principios, si te dejas llevar por quienes defienden intereses de parte, a veces, ajenos a las necesidades que como trabajadores y ciudadanos tenemos.

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