La Justicia ataja un desmán urbanístico del Ayuntamiento de Zaragoza: el centro comercial Torre Outlet, declarado ilegal

Nuevo revés judicial para Torre Outlet, casi definitivo y de consecuencias desconocidas. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TJSA) ha fallado contra el intento del equipo de gobierno del PP -también con el apoyo del PSOE- por regularizar el centro comercial y deja en evidencia al consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, para quien la operación urbanística ahora anulada avalaba el complejo declarado ilegal por los jueces. 

El desarrollo de Torre Village, impulsado por la familia Solans a través de la sociedad Iberebro y ahora conocido como Torre Outlet, ha afrontado tropezones desde el inicio, aunque eso no ha impedido que los promotores levantaran e impulsaran el centro comercial, que ahora sigue activo. En 2016, el PP, Ciudadanos, el PSOE y Vox impulsaron la recalificación del suelo industrial durante el Gobierno municipal de Pedro Santisteve con el voto en contra de Zaragoza en Común y CHA.

Una decena de colectivos llevaron entonces el plan especial al Contencioso Administrativo para que se declarara nulo y el TJSA les dio la razón en 2019 por haber vulnerado “el principio de jerarquía normativa”, al ir el mencionado plan más allá que el propio Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), de rango superior. La oposición a ZEC forzó recurrir en casación este fallo para que las obras no se paralizaran.

Al margen de la vía judicial, el Ayuntamiento -ya con el popular Jorge Azcón como alcalde- optó por tratar de salvar la ilegalidad con una modificación del PGOU que recogiera lo incluido en el plan especial ilegal, de nuevo con los votos del PP y el PSOE (también Cs y Vox) y con denuncias de “urbanismo a la carta” por parte de ZEC y Podemos. Entidades vecinales, sindicatos y comerciantes recurrieron también este paso. Por entonces, el parque comercial estaba ya prácticamente construido y aspiraba a abrir sus puertas en la primavera de 2020. 

No fue hasta 2023 cuando el TSJA confirmó que la operación urbanística inicial de Torre Outlet había sido ilegal. “La sentencia viene a decir que un plan especial no era el instrumento adecuado para modificar los usos. El adecuado es la modificación del Plan General, que es lo que hicimos en el 2019”, afirmó entonces Serrano. Con este nuevo fallo, relativo a la modificación del PGOU, el Tribunal Superior niega la mayor, deja en evidencia a Serrano y tumba la iniciativa municipal.

La sentencia del TSJA es tan tajante que incluso llega a dejar caer que el desarrollo urbanístico de Torre Outlet supone un “urbanismo a la carta” por parte del Ayuntamiento de Zaragoza. Si esto es así o no, se plantea el tribunal a mitad del fallo, “será cosa que habrá de verse en este procedimiento”. Y lo que los jueces observan en la actuación tanto del promotor, Iberebro, como del propio Consistorio es “un camino imposible”.

“La Administración pretende, a impulso de la comandada, solucionar una alteración de usos imposible mediante plan especial”, argumenta el tribunal en referencia a su primer fallo. Y lo hace a través de un cambio de zonificación en el PGOU “invocando la fuerza normativa de los fáctico”. Esto último, añaden los jueces, no sirve “para la categorización del suelo” y además en este caso se quiere emplear “para legitimar una situación de edificación ilegal”.

El miércoles, adelantándose a la publicación del fallo, el consejero de Urbanismo de Zaragoza reclamó “prudencia” y dejó en el aire si el Ayuntamiento recurrirá o no en casación. “A fecha de hoy esa sentencia no significa en ningún modo que mañana vaya a haber que cerrar el Outlet de Pikolín”, manifestó Serrano.

“Responsabilidad políticas inmediatas”

Las entidades ciudadanas, sindicales, políticas, ecologistas y de comerciantes que han ganado el recurso a la promotora y al Ayuntamiento -Yo compro en las Fuentes’, la Federación de Servicios de CC.OO, Zaragoza en Común, Izquierda Unida Aragón, Podemos, la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ), Ecologistas en Acción, la asociación San José Barrio Comercial de Zaragoza y la Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de la UGT- han comparecido este jueves para valorar la sentencia.

Con el presidente de la FABZ, Arturo Sancho, como portavoz, han reclamado que el fallo “acarre responsabilidades politicas inmediatas”, ya que pone de manifiesto “el desvío de poder que permitió a Pikolín obetener beneficios y vender por 130 millones el centro comercial y continuar como si nada hubiera sucedido”.

Para las entidades, esta sentencia reconoce que este caso es un ejemplo de “urbanismo a la carta” y rechaza los intentos de zonificar de forma incorrecta unos espacios en beneficio de un promotor. También se reconoce lo que la defensa de este grupo de entidades sostuvo en el procedimiento: que el Ayuntamiento incurrió en una desviación de poder para cambiar unas zonas y con ello intentar dar salvar un complejo ilegal.

Además, han recordado que el grupo de Pikolín, o Iberebro, salió de la propiedad y gestión de este complejo “en una especie de entrega de la operación al fondo inversor que le financió el complejo”, y no es plausible que aparezca en los recursos. 

En este sentido, han afirmado que “seguirán firmes en la defensa de la ciudad y contra operaciones especulativas” y han animado a otros colectivos afectados por este tipo de urbanismo a la carta como los vecinos de la Romareda y el entorno del skate park' de Vía Hispanidad de Zaragoza o de los montes de Torrero y la ampliación del parque de atracciones a que lleven sus reclamaciones a la vía judicial.