El Gobierno de Aragón ha anunciado este miércoles que interpondrá un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 743/2025, que establece la capacidad ordinaria de los sistemas de protección para menores extranjeros no acompañados en las comunidades autónomas. La consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, formalizó la solicitud de autorización para impugnar la normativa, que asigna a Aragón 251 menores en este reparto, aunque la previsión del Gobierno central establece una capacidad obligatoria de 441 plazas, muy por encima de las 104 plazas estructurales con las que cuenta actualmente la comunidad para este colectivo. Se trata de la última de una serie de acciones legales contra los criterios de reparto forzoso desde Canarias y Ceuta, que el Ejecutivo autonómico considera “coercitivos” y “arbitrarios”.
Mar Vaquero, vicepresidenta del Gobierno de Aragón, ha denunciado la falta de información sobre la llegada de los menores, sus edades, perfiles o posibles necesidades especiales, lo que, según ella, dificulta cualquier planificación de recursos habitacionales o profesionales. “No sabemos cuándo ni cómo van a llegar. Estamos trabajando a ciegas”, ha señalado, subrayando que la única prioridad del Gobierno central parece ser cumplir el reparto impuesto, “por encima del interés superior del menor”. El Ejecutivo aragonés afirma que la medida se ha implementado sin coordinación ni financiación suficiente.
Según los datos facilitados por la DGA, en 2024 Aragón atendió a 494 menores no acompañados, con picos que superaron el 200% de las plazas estructurales. La capacidad total del sistema para todos los menores asciende a 364 plazas. Vaquero ha criticado que las plazas adicionales para acoger a estos 251 menores deberán “improvisarse” y ha descartado implantar en Aragón la fórmula de macrocentros, ya que “no garantizan una atención adecuada”.
“Aragón no tiene la capacidad de acoger en condiciones dignas a 251 menores. El Gobierno de España se está desentendiendo de la mayor crisis migratoria y ello genera graves problemas y tensiones de capacidad, y Aragón no está libre de eso. Por eso recurrimos al amparo de los tribunales. Estamos a la espera de resolución, sin perjuicio de estar preparados para la llegada y de que debemos cumplir la ley”, ha añadido la vicepresidenta.
La vicepresidenta ha evitado referirse a cifras concretas sobre el número de plazas que se podrían habilitar para ampliar la capacidad de acogida, que actualmente son 104 en Aragón frente a las 441 que determina el decreto de capacidad ordinaria en función de la población y del número de menores ya acogidos. El Ejecutivo ha solicitado a entidades locales información sobre los posibles recursos con los que contarían para acoger a estos menores, aunque por el momento no ha trascendido cual ha sido la respuesta. Vaquero explica que no es solo cuestión de habilitar plazas, sino de encontrar profesionales: “No necesitan solo un lugar donde están, son menores de edad, algunos con necesidades singulares y necesitan personas que les puedan atender”. La vicepresidenta ha alertado de que las entidades sociales y los servicios de protección a la infancia se encuentran “bajo mucha presión”, sin recursos ni información clara, y ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de “desentenderse” y generar graves problemas y tensiones en las comunidades.
El Gobierno de Aragón ha subrayado que recurrirá todos los actos normativos que impongan este reparto obligatorio, cuestionando la atribución de competencias a delegados y subdelegados del Gobierno central, que no cuentan con medios técnicos ni experiencia en protección a la infancia. Desde la DGA se considera que la normativa impone decisiones unilaterales sin criterios humanitarios ni técnicos y que traslada toda la responsabilidad a las comunidades autónomas, dejando de lado la falta de políticas efectivas del Ejecutivo central para gestionar la crisis migratoria.