Cristian Royo, auge y caída del único diputado de Ciudadanos en la Diputación de Huesca

Ciudadanos rascó un diputado provincial por Huesca en las elecciones de 2019. Por primera vez accedía a esta institución gracias a sus resultados en las municipales y eligió para asumir esta responsabilidad a Cristian Royo, concejal del ayuntamiento de Villanueva de Sijena que tiene ahora 31 años. No sospechaba los quebraderos de cabeza que iba a provocarle: tres años después, la formación naranja le ha expulsado, pasa a ser diputado adscrito y ha cesado como portavoz en la Diputación Provincial (DPH) por irregularidades económicas que no ha podido justificar. Además, ha arrastrado un proceso penal por un presunto delito sexual que ha sido sobreseído.

“Ciudadanos va a aplicar en esta institución la política útil que lleva cuatro años realizando en los ayuntamientos y parlamentos. Vamos a trabajar en la Diputación para aumentar la transparencia, por la regeneración y para prestar los servicios necesarios a los altoaragoneses de la forma más eficiente”, declaró Royo cuando accedió a la DPH. Expulsado en el mes de junio de Ciudadanos y destituido en la Diputación, al no formar parte de ningún grupo deja de pertenecer a la Junta de Portavoces y de percibir la retribución anual de 42.493 euros anuales por dedicación exclusiva. Solo cobrará por las asistencias a los órganos colegiados.

Royo arrastra una deuda con la Diputación de 24.770 euros por gastos sin justificar en el ejercicio de 2021. En el tiempo desde que se le comenzó a investigar y a reclamar las cantidades que no refería debidamente, ha recibido de la institución 91.500 euros para el funcionamiento del grupo de Ciudadanos. Con esta cantidad efectuó el pago de las nóminas a dos empleadas a las que acabó despidiendo y solo ha podido certificar con facturas 66.729,62 euros. Además, al haberse iniciado la vía de apremio esta deuda ha aumentado hasta los 27.247 euros por los intereses. La Intervención reclama como deudor al grupo político de Ciudadanos, que podría tener que hacerse cargo del reintegro.

Un informe confidencial enviado desde Huesca a altos cargos autonómicos de Ciudadanos dio la voz de alerta en abril de 2021 sobre la presunta mala utilización por parte de Royo del dinero asignado al grupo de la Diputación de Huesca del que era el único representante y, además, sobre los regulares incumplimientos en el desempeño de sus funciones. Técnico superior en Gestión del Transporte y Logística y en la rama de Animación de Actividades Físicas y Deportivas, ámbito en el que ha ejercido de monitor y entrenador deportivo en el club deportivo Peñas Sariñena y en otras empresas surgidas en Los Monegros, se había abierto paso en la política a nivel local.

Se detectó que había trasladado a Ciudadanos facturas de la panadería familiar en Villanueva de Sijena por valor de 1.380 euros, que posteriormente restituyó; dietas de kilometraje durante el confinamiento, cuando no se podía utilizar el vehículo; gasolina cuando no le hacía falta porque el combustible estaba incluido en las dietas. Además, dispuso de efectivo de la cuenta de la formación en la Diputación Provincial por 620 euros solo en el mes de marzo de 2021.

Entre los argumentos que utilizó para justificarse se encontraba que  los gastos de la panadería correspondían a la compra de empanadicos (dulces típicos de la zona) para agasajar a los concejales de otras localidades. O que en algunos casos era imposible pagar con tarjeta bancaria y por ello debía contar siempre con dinero en efectivo.

Al margen de las sospechas que el diputado empezó a levantar, Ciudadanos tomó cartas en el asunto. Paula Martínez-Guisasola, auxiliar administrativa en el grupo y secretaria de organización provincial hasta que dimitió en protesta por lo que considera una inacción del partido, envió el 9 de abril de 2021 un documento confidencial al respecto a Ramiro Domínguez, que entonces era el secretario de organización autonómico, y a Carlos Ortas, secretario de acción institucional.

Tras ser amonestado y advertido de que se le iba a fiscalizar y auditar sus cuentas, se le abrió expediente en marzo de este año y debido a unos gastos sin justificar por valor de 1.200 euros en cinco operaciones distintas realizadas en el mes de enero. El informe de Martínez-Guisasola advertía de que las actividades de Royo podían “dañar gravemente la imagen de nuestro partido”, e incluso tener “consecuencias jurídico-penales”. Pese a los continuos avisos, en marzo de 2021 tiró de los fondos del grupo en tres operaciones más de 300, 120 y 200 euros, respectivamente. Más allá de las cuestiones económicas ‘opacas’, el diputado coleccionaba ausencias en las comisiones sin justificar. Se limitaba a asistir a los plenos, de periodicidad mensual, aunque contaba con dedicación exclusiva.

A todo esto se añade una denuncia por un presunto delito sexual que el Juzgado de Instrucción número 2 de Lleida ha archivado. Los hechos investigados se remontaban al 21 de mayo de 2021, cuando una chica le acusó de haberla drogado para mantener relaciones sexuales con ella en un hotel de la capital ilerdense y tras haberse conocido a través de una red social.

El juez consideró que no quedaba debidamente justificada la perpetración del delito puesto que había constancia de que la denunciante había consumido sustancias estupefacientes y mantenido relaciones sexuales con Royo, pero no se acreditó que hubiese sucedido en contra de su voluntad. Además, la mujer incurrió en “importantes contradicciones” que restaron verosimilitud a su versión de los hechos.