El Gobierno de Aragón pone a toda la Administración al servicio de la lucha contra el COVID-19

El Gobierno de Aragón ha redefinido, a través de un Decreto Ley, al que hoy ha dado el visto bueno el Consejo de Gobierno, toda la manera de actuar de la Administración de la Comunidad Autónoma y de las entidades locales para que, sin perder seguridad jurídica, puedan actuar con urgencia y hacer frente a todas las necesidades sanitarias y sociales que se derivan de la pandemia del COVID-19.

En palabras de Carlos Pérez Anadón, consejero de Hacienda, “la naturaleza de esta crisis sanitaria exige ser lo más rápido posible en cuanto a actuaciones y recursos”, por lo que el presupuesto pasa a ser una “herramienta” que se centrará en la lucha contra la pandemia y sus consecuencias.

El nuevo Decreto Ley, que se dicta para complementar y adaptar en la Comunidad Aragonesa el Real Decreto de 14 de marzo que establece el estado de alarma, incluye medidas como la agilización de los procesos administrativos, la capacidad de ampliar créditos, de reordenar al personal en función de las nuevas necesidades, la competencia para contratar con inmediatez bienes y servicios, o la determinación del carácter esencial de la cadena alimentaria.

En cuanto a los créditos, Anadón ha detallado que se declaran ampliables todos aquellos necesarios para hacer frente a la situación, sin requerimiento de informes previos para realizar transferencias de fondos a aquellos organismos que más los requieren en este momento, como el Servicio Aragonés de Salud (Salud) o el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS). Sobre la gestión administrativa, se simplifica y redirige hacia la lucha contra el COVID-19, dando especial cobertura a las entidades locales.

Sobre el personal, el consejero ha detallado que se crean “unidades transitorias de apoyo”, de manera que se transfieren efectivos de los departamentos donde ha caído la carga de trabajo a aquellos con mayores necesidades. Otros puntos incluidos en el decreto son la agilización de pagos a autónomos y pymes, la cobertura para garantizar el inicio del curso académico 2020-2021 y el refuerzo de la administración electrónica.

Este Decreto Ley, que se define como “una reestructuración integral de la Administración”, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Aragón (BOA).