Condenada una manifestante en Huesca porque “podría haber alterado la seguridad ciudadana”
Dicen, con ironía, los miembros de la Plataforma Ciudadana de Apoyo a Raquel que se la sanciona “por si acaso”. Sarcasmo, eso sí, bastante cercano a la realidad, a tenor de lo que reza la sentencia condenatoria. Esta exestudiante del campus oscense de la Universidad de Zaragoza participó, el 15 de octubre de 2013, en una protesta contra los recortes en educación que tuvo lugar en la Escuela Politécnica Superior de Huesca.
Coincidió la concentración con la visita de la entonces princesa Letizia, acompañada de las, también antaño, presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi (PP), y consejera de Educación, Dolores Serrat. Se esperaba la presencia del exministro de Educación, José Ignacio Wert, que, finalmente, no asistió. Según informan los miembros de la Plataforma, la protesta, que contaba con el permiso de la dirección del centro universitario, estuvo marcada “por un desmesurado despliegue policial”.
En el momento en el que apareció la princesa, relatan, “un agente que formaba el cordón amenazó y quitó un silbato a Raquel, cuando este fue reclamado el agente se negó a devolverlo”. No hubo identificaciones, ni detenciones, sin embargo, “dos meses después la Policía Nacional se presentó en el centro de trabajo de la manifestante y le entregó una sanción por falta grave que ascendía a 1.000 euros por ‘incitar a la gente a ir en contra de la Policía’”.
El juicio
El pasado 17 de febrero tuvo lugar el juicio en la capital oscense, y la sentencia definitiva condena a Raquel a pagar una multa de 300 euros por una falta grave tipificada en el artículo 23.H de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, que dice así: “La provocación de reacciones en el público que alteren o puedan alterar la seguridad ciudadana”.
En el propio texto de la sentencia, el juez reconoce que “la conducta no causó desorden público real alguno”. No comprenden, por tanto, desde la plataforma, el porqué de la sanción. Denuncian que el magistrado solo ha escuchado la versión del policía que, textualmente, dijo: “Provocó un incremento de la tensión en el grupo de las personas concentradas. Me increpó y me insultó”.
No tiene en cuenta el juez, empero, la declaración de tres testigos presenciales: un trabajador de la televisión que cubría el acto, la responsable de seguridad de la Universidad y un profesor del campus que desmintieron los hechos en que se basa la acusación.
Se preguntan en la Plataforma ¿cómo conoce la Policía el nombre, apellidos y centro de trabajo de esta manifestante si en ningún momento fue identificada? Alertan de que “no se trata más que de una maniobra para frenar las protestas generando miedo mediante sanciones aleatorias que sirvan de ejemplo para tenernos calladas”. Todo esto, insisten, “ha sido agravado y reforzado mediante la reforma del código penal o la aprobación de leyes como la ‘ley mordaza’”.
Apoyo de la Universidad de Zaragoza
Al juicio asistió el vicerrector de Estudiantes de la Universidad de Zaragoza, Fernando Zulaica. Mucho antes, la Junta de Personal y el Comité Intercentros del Personal de Administración y Servicios del centro público universitario aragonés emitió un comunicado para hacer pública “su solidaridad con esta exalumna que participó en una movilización ciudadana que terminó sin incidentes”.
Continúan explicando que “la sanción, que se produjo muy posteriormente al acto y sin detención ni denuncia previa, se suma a otras muchas por motivos similares, y subraya la intención del Gobierno de acallar toda protesta o crítica pública, violando así los valores democráticos que amparan a la ciudadanía en la expresión de sus opiniones (…). La Junta declara su apoyo a toda forma democrática de participación por parte de los ciudadanos (…) y exige a las autoridades el cese inmediato de su actual política represiva y el levantamiento de los cargos contra los denunciados en estas movilizaciones”.
Cacheos, registros, identificaciones
El 15M de Huesca se ha implicado desde el primer momento en este asunto. En su web, ponen el foco, no solo en lo sucedido en la Escuela Politécnica, sino también en el instituto de FP Pirámide de la capital oscense, anexo al centro universitario, y que fue visitado por la comitiva encabezada por la ahora reina Letizia.
Allí, explican, había “hasta cinco furgones, docenas de antidisturbios, unidades caninas y una decena de agentes de paisano”. Hubo “retirada de carteles y pancartas, cacheo de profesores, identificación de estudiantes, registro de vehículos, e incluso los agentes policiales irrumpieron en una clase para hacer salir a un alumno cuyo vehículo iban a registrar”.
