La Justicia de Aragón pide al Ejecutivo de Azcón que tome medidas para evitar la exclusión social de los excarcelados

La Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, ha emitido una sugerencia dirigida al Departamento de Bienestar Social del Gobierno de Aragón para que, una vez estudiadas las necesidades de las personas excarceladas y los recursos existentes, valore la posibilidad de adoptar o impulsar las actuaciones precisas –en coordinación con las instituciones centrales del Estado– con el fin de favorecer su reinserción y evitar situaciones de exclusión social.

La actuación se produce tras la queja presentada por una coordinadora de entidades sociales que trabajan en los centros penitenciarios de Zuera y Daroca (Zaragoza), que alertó de las consecuencias derivadas de la supresión del subsidio de excarcelación a raíz de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 2/2024.

La sustitución de esta prestación por el ingreso mínimo vital genera un período de carencia económica que puede extenderse de los dos meses habituales hasta doce o incluso dieciocho meses, dado que muchas personas privadas de libertad no pueden cumplir los requisitos exigidos para acceder al IMV –entre otros, la constitución de una unidad de convivencia con seis meses de antelación, la vida laboral mínima, el empadronamiento previo o la tramitación telemática–.

El Departamento de Bienestar Social y Familia informó a la institución de que la gestión del IMV corresponde a la Administración General del Estado y que las personas excarceladas pueden solicitar la Prestación Aragonesa Complementaria si cumplen los requisitos establecidos. Asimismo, señaló que la supresión del subsidio de excarcelación fue una decisión del Gobierno de España y que es este quien debe asumir la responsabilidad de corregir sus consecuencias.

La Justicia de Aragón reconoce que las cuestiones relativas a la regulación estatal del IMV son competencia del Defensor del Pueblo, al que ya se remitió la queja en su momento.

Sin embargo, en el ejercicio de las competencias autonómicas en materia de acción social, considera oportuno que el Gobierno de Aragón analice la situación de este colectivo y estudie qué actuaciones adicionales podrían adoptarse en coordinación con el Estado para cubrir el período de desprotección económica que atraviesan estas personas a su salida de prisión, con el fin de facilitar su reinserción social y laboral y evitar su caída en circuitos de exclusión social.