La Justicia reabre el caso por el cierre de la planta de Cacaolat en Utebo (Zaragoza)
“Queremos que se haga justicia”. Lo dice el portavoz de los extrabajadores de la planta de Cacaolat en Utebo (Zaragoza), Pablo Sánchez. A finales del mes de mayo recibió una buena noticia: la reapertura, por segunda vez, del caso por orden de la Audiencia Provincial de Zaragoza.
El asunto, por tanto, vuelve al Juzgado de Instrucción número 8 de la capital aragonesa, que deberá admitir nuevas pruebas y muestras periciales. Sánchez se muestra satisfecho, aunque sabe que aún no se ha conseguido nada: “Está claro que hay unos perjudicados, y esos somos los trabajadores”, afirma.
La historia
El relato del ‘Caso Cacaolat’ en Utebo se remonta a los primeros meses de 2011. Entonces Cacaolat tenía dos centros de trabajo (Barcelona y Utebo) y pertenecía a Nueva Rumasa, que se declaró en concurso de acreedores el 15 de marzo del mismo año, lo que empujó a los administradores concursales a poner a la venta su unidad productiva.
Esta se adjudicó, el 23 de febrero de 2012, a una terna de empresas compuesta por Cobega (distribuidora y embotelladora de Coca Cola), Damm y Victory Corporate Turnaround, a las que el juez, obviamente, conminó a cumplir todas las condiciones expresadas en el proyecto empresarial que les valió la adjudicación.
Estas, para el caso de la planta zaragozana, consistían, básicamente, en invertir 4 millones de euros para mejoras tecnológicas. Pronto se pudo comprobar, como apuntan desde UGT, que la intención de los nuevos propietarios no era cumplir lo estipulado: el 4 de mayo de 2012 se crea una nueva empresa, Planta Lechera Utebo SLU, y todas las marcas, entre ellas Cacaolat, quedan en la sede de Barcelona.
El 29 de mayo de 2013 se presenta el primer ERE para el 60 % de la plantilla. Tras haberse llegado a un acuerdo ante este despido colectivo, apuntan desde el sindicato, “se constata con hechos, recogidos en el Informe pericial de UGT Aragón, que la propiedad hace una dejación de su responsabilidad de gestión de hacer viable Utebo”. El 4 de octubre se inicia un segundo y definitivo despido colectivo que lleva al cese de actividad el 5 de noviembre de 2013. En total, alrededor de 100 trabajadores que perdieron su empleo y que, a cambio, recibieron una compensación de 33 días por año trabajado.
La querella
En diciembre de 2014, los ya extrabajadores presentaron una querella criminal contra las tres compañías por los delitos de estafa procesal, administración desleal y contra los derechos de los trabajadores. Esta fue sobreseída, recurrida por los querellantes y reabierta (por primera vez) en noviembre de 2015, cuando fueron llamados a declarar los máximos responsables de las tres multinacionales, entre ellos, Sol Daurella y Demetrio Carnicer, presidentes de Coca Cola Iberian Partners. Un mes más tarde, en diciembre, se sobreseyó de nuevo y, ahora, ha vuelto a ser admitida por la Audiencia Provincial, aunque por otro magistrado.
Pablo Sanz destacó la paradoja de que coincida en el tiempo la reapertura del caso con la noticia de la salida a bolsa en Londres, Amsterdam y Nueva York de la embotelladora y distribuidora de Coca Cola más grande de Europa, Coca Cola European Partners, de la que forma parte la española Coca Cola Iberian Partner. El portavoz de los extrabajadores lamentó que no se quisieran invertir en la planta de Utebo 4 millones de euros, “cuando se estima que la nueva empresa va a facturar 11.000 millones de euros”.
El economista del Gabinete Técnico de UGT Aragón Ricardo Rodrigo remarcó la importancia del auto “porque reconoce que no se produjo la inversión en la planta de Utebo, no se utilizaron las vías de distribución y no se mantuvo a la plantilla, no cumpliendo, por tanto, el plan industrial presentado en 2012 ante el juez de lo mercantil”.
Rodrigo fue rotundo al afirmar que jamás hubo intención de reflotar la planta de Cacaolat en Utebo: “El único propósito era desvincular la marca Cacaolat de Utebo y llevársela a Cataluña”.
