El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza de Aragón (STEA) ha anunciado que llevará a los tribunales los conciertos educativos de Bachillerato y de Educación Infantil de 0 a 3 años planteados por el Gobierno de Aragón. El sindicato considera estas medidas “contrarias a la Ley, además de innecesarias”, y presentará un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) en cuanto se aprueben de forma oficial.
STEA ha mostrado su “profunda preocupación” por estas políticas anunciadas por el presidente Jorge Azcón (PP) durante el debate sobre el estado de la Comunidad, y avanza que convocará movilizaciones en su contra. El sindicato recuerda que la legislación vigente establece que la gratuidad de la enseñanza obligatoria debe garantizarse mediante la red pública, recurriendo a los conciertos privados solo cuando la demanda de plazas supere la oferta existente. “En el caso del Bachillerato, etapa no obligatoria, hay vacantes suficientes en los centros públicos, por lo que no resulta justificado destinar recursos públicos a financiar esta etapa en colegios privados”, señala STEA.
Solo en Zaragoza capital, este curso han quedado más de 700 plazas de Bachillerato sin cubrir. “Llevar a cabo estos nuevos conciertos supondría un uso ineficiente del presupuesto educativo y una transferencia de fondos públicos hacia entidades privadas”, advierte el sindicato.
Según anunció Azcón, la concertación del Bachillerato es una medida “muy demandada por las familias aragonesas” y responde al compromiso de su Gobierno de “cumplir sus promesas”. A su juicio, “es injusto que haya alumnos que tengan que dejar el colegio concertado en el que han estudiado toda su vida”, por lo que defiende “una educación concertada en todos los niveles: Infantil, Primaria, Secundaria y, también, Bachillerato”, como “un elemento insustituible e imprescindible del sistema para garantizar una educación de calidad financiada con fondos públicos”.
La previsión del Departamento de Educación es iniciar la concertación en el curso 2026-2027, en primero de Bachillerato, con dos unidades en Teruel, dos en Zuera (Zaragoza) y cinco en Huesca, ampliándose progresivamente en años posteriores. En cuanto a la educación de 0 a 3 años, el presidente aragonés anunció el inicio de la gratuidad en el curso 2026/2027 para el tramo de 2 a 3 años, “para aquellas familias que necesiten conciliar vida laboral y familiar”, con el objetivo de extenderla a toda la etapa en cursos sucesivos. Azcón defendió que esta medida “ayudará a las familias jóvenes”, fomentará “la socialización temprana” y “reducirá las desigualdades educativas y sociales”.
“La prioridad debe ser crear una red pública de escuelas infantiles”
Respecto a la educación de 0 a 3 años, STEA defiende que la prioridad del Ejecutivo autonómico debería centrarse en crear una red pública de escuelas infantiles que facilite la conciliación familiar y laboral y contribuya a fijar población en el territorio. “Desviar fondos hacia la red privada en esta etapa no obligatoria perjudica el desarrollo de un sistema público sólido y equitativo”, afirma.
El sindicato recuerda además que los presupuestos de la educación pública y concertada “son vasos comunicantes: si aumenta uno es a costa del otro”. En este sentido, subraya que “mientras se están cerrando decenas de aulas públicas, incluso con riesgo de desaparición de algunos colegios, no se ha clausurado ninguna en la red privada concertada”. Solo en Zaragoza, apunta, se han cerrado 22 aulas públicas este curso por el descenso de la natalidad.
Por todo ello, STEA reclama que la partida prevista para nuevos conciertos educativos se destine a la red pública, “suficiente para atender a todo el alumnado aragonés con calidad”. Considera que esos recursos deberían emplearse en mejorar infraestructuras, reducir ratios, estabilizar al profesorado interino y mejorar las condiciones laborales y salariales del personal docente.
“Solo así el Bachillerato público podrá seguir siendo una enseñanza de calidad accesible para todo el alumnado, sin que el nivel de renta de las familias determine los resultados académicos, como ocurre en parte de la enseñanza privada concertada”, añade.
El sindicato también exige que cualquier decisión sobre subvenciones o conciertos con centros privados —tanto en la etapa de 0 a 3 años como en Bachillerato— se negocie con las organizaciones sindicales de la enseñanza pública, ya que “el trasvase de fondos públicos a empresas educativas privadas repercute directamente en la reducción de plantillas y recursos humanos en la red pública”.
STEA advierte que no consentirá “la merma de empleo ni el deterioro de la enseñanza pública aragonesa”. El Gobierno de Aragón, por su parte, no ha concretado aún el presupuesto que implicará esta medida, que prevé iniciar en el curso 2026-2027.