El TACPA inadmite el recurso por las obras de la nueva Romareda sin entrar a valorar el proceso de adjudicación
El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA), órgano que depende del Gobierno de Aragón, ha tardado siete días en inadmitir el recurso presentado por la empresa Mare Nostrum a la adjudicación del contrato de seguridad y salud para la construcción de la nueva Romareda. El Ayuntamiento de Zaragoza ha informado este lunes de que “la construcción del nuevo estadio no se ha visto afectada”.
El TACPA no ha entrado a analizar las razones aducidas por los recurrentes, que presentaron su escrito el pasado domingo 23 de febrero y que tramitado hace una semana. Según este órgano administrativo, la firma de prevención de riesgos laborales Mare Nostrum SL no está legitimada para recurrir porque, más allá del “mero interés en defensa de la legalidad”, no tiene un “derecho o interés legítimo”.
Mare Nostrum resultó ganadora del concurso, pero la Mesa de Contratación observó “deficiencias en la documentación presentada relativas a la adscripción de medios personales”. Unas deficiencias que no pudo resolver, con lo que la adjudicación pasó al segundo clasificado, Jesús Villar Lafoz. Una decisión contra la que Mare Nostrum “no interpuso recurso alguno”, con lo que devino en definitiva.
Esto hace, argumenta el TACPA, que en caso de tramitar el recurso y de resultar favorable, el beneficiado no sería Mare Nostrum, sino el tercer clasificado, Ingeniería y Prevención de Riesgos SL.
El contrato de 'Coordinación de Seguridad y Salud de las obras denominadas Fase 1B de la Obra 1 y Obra 2', que suponen demoler lo que queda en pie de estadio, renovar la urbanización de la parcela y construir por completo el campo, se adjudicó por 167.363,38, según consta en el Portal de Contratación. Casualmente, el vencedor en este concurso, Jesús Villar Lafoz, había resultado ganador también de estos mismos procedimientos para la Fase 1B (demolición del fondo sur) y para la construcción del campo portátil.
En su recurso, Mare Nostrum denunciaba que el adjudicatario “carece de titulación académica y profesional habilitante para actuar como coordinador en seguridad y salud” y que “no aportó certificación de colegiación ni respecto del Técnico en Prevención de Riesgos Laborales ni del Coordinador de Seguridad y Salud”. Junto a esto, Villar Lafoz tampoco proporcionó “documentación acreditativa” de haber participado “en obras en las que se tratase material de amianto” ni “certificados de haber” intervenido en “un trabajo de cuantía mínima de 40 millones de euros o dos trabajos de 20 millones de euros”. Todos ellos, requisitos del concurso.0
Un acta firmada diez días después de ser publicada
Por otro lado, la Mesa de Contratación -de la que no forma parte ningún concejal de la oposición al estar excluida de la sociedad municipal- requirió a Villar Lafoz en su reunión del 3 de febrero que subsanase las deficiencias detectadas. La sesión no se cerró y continuó por videoconferencia cuatro días después, el día 7: la Mesa reflejó posteriormente en el acta que se había “recibido la subsanación requerida” y que era “correcta”.
El día 10 se publicó en la Plataforma de Contratación del Sector Público la adjudicación y, sin embargo, no fue hasta hasta diez días más tarde, el 19 de febrero, cuando se firmó el acta de la mencionada sesión. Esto demuestra, según el recurrente, al menos “irregularidad” por parte de los firmantes de la Mesa de Contratación, con Martín Fuica, gerente de la sociedad La Nueva Romareda, a la cabeza.