Con los frentes sanitario, económico, social y político abiertos en canal, al Gobierno de Pedro Sánchez se le intenta abrir desde diferentes ámbitos un nuevo frente por la pandemia del coronavirus: el judicial. En la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que preside Manuel Marchena, se han presentado en las últimas semanas media docena de querellas diferentes contra el presidente, contra el Ejecutivo en su conjunto o contra parte de sus miembros. Las alientan algún abogado a título particular, colectivos jurídicos y un sindicato policial, y detrás de alguna de ellas podría haber alguna mano política. Los presuntos delitos de los que se acusa a los miembros del Gobierno en esas querellas son menos variados: omisión del deber de socorro, por los retrasos en el suministro de material de protección a colectivos de riesgo ante la enfermedad; prevaricación administrativa, por autorizar eventos multitudinarios como las manifestaciones del 8 de marzo; homicidio -miles de homicidios- por imprudencia, por posibles errores en la gestión de la crisis sanitaria...
Hasta ahora, solo una de esas querellas ha avanzado algo en su camino procesal, y el avance ha sido más bien un retroceso para el querellante. La asociación Abogados Cristianos, que se querelló contra Sánchez, los vicepresidentes Carmen Calvo y Pablo Iglesias y los ministros Salvador Illa (Sanidad), Fernando Grande-Marlaska (Interior), José Luis Ábalos (Fomento), Margarita Robles (Defensa) e Irene Montero (Igualdad), así como contra Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, pedía al Supremo, como medida cautelar, que obligara al Gobierno al reparto de material sanitario en algunos centros asistenciales. El alto tribunal no se pronunció sobre el fondo de la querella, pero desestimó en pocos días la petición cautelar.
¿Tienen recorrido esas querellas u otras que presenten en el futuro asociaciones de víctimas del coronavirus que ya se están promoviendo? Los juristas consultados están divididos. “Se constituirán asociaciones de víctimas que reclamarán indemnizaciones y serán muy activas y con gran influencia política. Vox y PP se pelearán por su control.Se ejercitarán múltiples acciones judiciales contra los miembros del Gobierno que abocarán en un macroproceso contra todos los ministros y que pretenderá ser el juicio de Núremberg de la epidemia”, comenta un penalista de larga trayectoria, evocando con lo de Núremberg los juicios contra los máximos responsables del régimen nazi tras la Segunda Guerra Mundial. Este penalista incluso añade: “La legislatura terminará anticipadamente por la imputación de miembros del Gobierno”.
Otros son mucho más moderados en sus predicciones. Consideran que las asociaciones de víctimas probablemente sí consigan indemnizaciones económicas -si no se las concede antes motu proprio el Ejecutivo-, pero no imputaciones y condenas penales de miembros del Gobierno, y que tanto Vox como el PP actuarán en la vía judicial, si es que actúan, con el freno de mano echado porque se les puede volver en contra. Vox, porque el mismo 8 de marzo de las marchas feministas organizó en Madrid un mitin multitudinario, con 9.000 personas, al que acudió y donde estrechó centenares de manos su número dos, Javier Ortega Smith, que ya tenía entonces síntomas de estar contagiado por el coronavirus. El PP, porque cualquier acusación contra el Gobierno de Sánchez por su gestión de la pandemia se puede convertir en una acusación similar contra su correligionaria Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que es quien tiene en la región las competencias de la gestión de la sanidad y de las residencias de mayores. Se da además la circunstancia de que la presidenta de Madrid, según el Estatuto de la autonomía, tiene su aforamiento en el Tribunal Supremo, como el Gobierno central, luego cualquier probable querella contra Sánchez o sus ministros que prosperara podría alcanzar fácilmente a Díaz Ayuso.
En el Supremo no habrá novedades inminentes sobre las querellas. Los miembros de la Sala de lo Penal están estos días confinados en sus domicilios, y solo se ocupan de asuntos urgentes. En el de la pandemia, se estudiaron la querella de Abogados Cristianos sólo porque pedía una medida cautelar, y esa había que resolverla. Del resto de esa querella y de las otras querellas solo se ocupará el Supremo cuando se desactive el estado de alarma y se recupere la normalidad. En cada una de las querellas, la Sala dará traslado a la Fiscalía General del Estado para que se pronuncie, y es muy improbable que la Fiscalía dirigida por Dolores Delgado -ex ministra de Justicia con Pedro Sánchez- sea partidaria de la admisión a trámite, y pedirá a cada querellante que presente una fianza de 12.000 euros. Solo cuando tenga ambas cosas estudiará la Sala si admite o no las querellas. “La Sala lo analizará con estrictos criterios jurídicos, en ningún caso con criterios políticos”, comenta una magistrado del Supremo, que considera que el asunto es lo suficientemente complejo como para no aventurar nada por anticipado.
Esa misma Sala del Supremo, por cierto, ha archivado y no ha admitido a trámite en los últimos años una querella de Vox contra Pedro Sánchez por su tesis doctoral, otra contra Albert Rivera por presunto delito de odio y varias contra Podemos y sus principales dirigentes, incluido Pablo Iglesias, por presunta financiación ilegal, y rechazó también investigar a Pablo Casado por su máster. Ninguna de esos precedentes, sin embargo, tienen doctrina aplicable a las querellas por la pandemia. “El desenlace será el que determine el estricto análisis jurídico de cada querella”, insisten en el Supremo.
Sobre este blog
Arsenio Escolar es periodista y escritor. Con sus 'Crónicas lingüísticas del poder' –información, análisis y opinión de primera mano–, entrará semanalmente en elDiario.es en los detalles del poder político, económico, social... y de sus protagonistas. Con especial atención al lenguaje y al léxico de la política.
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