El grey power vigila la reforma de las pensiones

La partida de las pensiones, 190.687 millones de euros en el proyecto de Presupuestos que el Gobierno intenta sacar adelante estos días en el Congreso, será la más abultada de todas las de nuestras cuentas públicas del próximo año. Supondrá el 41,8% del total del gasto. En este año 2022, el Estado gastará en ese epígrafe 171.140 millones. El salto, del 11,4% y cercano a los 20.000 millones más, se debe sobre todo a que el Gobierno quiere honrar su compromiso de revalorizar las pensiones conforme al IPC, compromiso fijado por ley hace diez meses. El IPC estaba en julio pasado en el 10,8%, en agosto en el 10,5%, en septiembre en el 8,9%... El dato de noviembre será el que determine la subida. Para los Presupuestos, el Gobierno ha calculado la subida de las pensiones en el 8,5%, pero una pequeña variación por encima o por debajo de ese porcentaje previsto supondrá un incremento o un ahorro notable en las arcas públicas. En los ministerios de Hacienda por un lado y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por otro, probablemente estén atentísimos a ese dato, por lo que les va en ello.

Como tantas otras cuestiones de las que probablemente se habla y debate menos de lo conveniente, lo de pagar pensiones dignas a nuestros jubilados está en la Constitución. Dice así el artículo 50: “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”. ¡Mal se garantizaba la suficiencia económica de los ciudadanos de la tercera edad con la reforma de las pensiones que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) en 2013!. En ella se fijaban las subidas de las pensiones en el 0,25% anual —y el IPC era por entonces bastante superior a ese cuarto de punto, y en ocasiones rondaba el 3%—, y además se introducía el llamado factor de sostenibilidad, que limitaba el crecimiento de las nuevas pensiones. Las mareas de pensionistas que se echaron a la calle en los últimos meses del Gobierno de Rajoy dejaron claro lo poco a nada que les gustaba la reforma. Llegados el PSOE y Pedro Sánchez al poder, en 2018, una de las primeras tareas que emprendieron fue desmontar la nefasta reforma Rajoy. Lo que no imaginaban ni los socialistas ni sus luego socios de Gobierno de Unidas Podemos era la escalada que iba a experimentar el IPC hace ahora un año, primero por la crisis de la energía y después por la invasión de Rusia a Ucrania.

El enorme aumento del gasto en pensiones en 2023 aguanta sobre el papel de los Presupuestos gracias a las cifras récord de afiliados a la Seguridad Social —por encima de los 20 millones desde hace meses—, pero los nubarrones que se ciernen sobre nuestra economía —algo menos negros que los de otros países de nuestro entorno, eso sí— generan cierta incertidumbre. Hay otras, además. ¿Funcionará de modo adecuado el llamado mecanismo de equidad intergeneracional, que sustituye al factor de sostenibilidad derogado? ¿Sacará adelante en Bruselas el Gobierno la segunda fase de la reforma de las pensiones y además estabilizará los números negros en el sistema, es decir, que no genera déficit y que incluso puede meter algo en la hucha, aquella que Zapatero dejó con más de 64.000 millones dentro y que con Rajoy se vació? 

¿Y los pensionistas qué dicen de esto? Escarmentados por la experiencia con los gobiernos de Rajoy, los jubilados aplauden hasta ahora lo que están haciendo los de Pedro Sánchez, pero sin fiarse del todo, sin bajar la guardia. Este otoño han vuelto las mareas de jubilados a las calles de muchas ciudades. No son ni tan cañeras ni tan multitudinarias como en los últimos meses de Rajoy, pero ahí están. Vigilan para que en la segunda fase de la reforma de las pensiones, en la que ahora está el Gobierno, no haya algún paso atrás, o alguna medida nueva que les perjudique. El llamado grey power es consciente de su fuerza: casi 9 millones de pensionistas, en un país cuyo censo electoral total de residentes en España era de 34,9 millones en las últimas elecciones generales. Uno de cada cuatro, jubilado.

Lo de “¡es la economía, estúpido!” funciona también electoralmente entre los jubilados. Unos datos. Último Barómetro del CIS, el de septiembre, hecho público el lunes de la semana pasada. Intención de voto en el total de encuestados: al PSOE, 20,9%; al PP, 22,0%. Ventaja del PP de 1,1 puntos. Intención de voto entre las personas de 65 a 74 años: al PSOE, 29,8%; al PP, 19,1%. Ventaja del PSOE de 10,7 puntos. A los mayores parece que no se les han olvidado ni la reforma de las pensiones de Rajoy ni la de Sánchez. Y siguen vigilantes.