Los ocho vocales insumisos del CGPJ y la prevaricación omisiva

La dimisión de Carlos Lesmes como presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el enésimo intento del Gobierno por lograr que el PP vuelva a la senda constitucional y desbloquee la renovación del CGPG, que ya lleva cuatro años de retraso, ha quitado foco mediático a otro bloqueo más reciente pero no menos escandaloso: el de los ocho vocales del CGPJ que en su día llegaron al cargo a propuesta del Partido Popular y que ahora se saltan la ley e impiden la renovación de dos de las cuatro plazas de magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que tienen su mandato caducado. Dos de esos cuatro ha de nombrarlos el Gobierno; los otros dos, el CGPJ. 

La renovación del TC no es asunto menor. En el Constitucional y en el CGPJ está llevando a cabo el PP buena parte de su política de lawfare, de conseguir en juzgados y tribunales lo que no logra en el Parlamento ni en las urnas. El TC puede tumbar leyes aprobadas por el Parlamento, y existe serio riesgo de que así lo haga con algunas de las puestas en marcha en los últimos cuatro años en el Legislativo por la mayoría electoral de izquierdas si no se equilibra, por la vía de estos nombramientos, el control del TC que ahora tiene la derecha. 

Recapitulemos. El Congreso de los Diputados y el Senado aprobaron antes del verano una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial por la que se le daba al Consejo el plazo máximo del 13 de septiembre para que nombrara a esos dos magistrados del Constitucional. Llegó el 13 de septiembre, y el 15, y el 20, y el 30... y casi un mes después los nombramientos no se han producido. ¿Por exceso de trabajo de los que tienen que hacerlo? No. Porque lo impiden ocho vocales con nombre y apellidos: José María Macías -el nuevo hombre fuerte de la derecha en el mundo de la Justicia, tras el declive y la caída de Lesmes-, Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Ángeles Carmona, Gerardo Martínez, Nuria Díaz, Juan Martínez y Juan Manuel Fernández. Los ocho vocales insumisos o rebeldes han impedido los dos nombramientos con las excusas más peregrinas: que no tienen tiempo, que han de pedir un informe a la viabilidad de la ley, que no hay candidatos, que hay que reflexionar mucho... Ahora, tras la caída de Lesmes y la reunión de este lunes de Pedro Sánchez con Alberto Núñez Feijóo: si próximamente va a haber renovación del CGPJ, que decidan los nuevos vocales lo del Supremo. Algunos colegas de los vocales rebeldes están asombrados. “La conducta de estos ocho tendría perfectamente cabida en el tipo de prevaricación omisiva que definió el Supremo”, comenta un jurista con posición relevante en el escalafón.

La prevaricación a secas es un delito que consiste en que una autoridad, un funcionario o un juez dicte una resolución a sabiendas de que es injusta. La prevaricación omisiva no está en el Código Penal, pero ya el Tribunal Supremo ha hablado de ella, especialmente en casos de protección ambiental o de administración urbanística. ¿Prevarica un alcalde que a sabiendas de que se está produciendo una irregularidad urbanística en su municipio no ordena abrir un expediente? ¿Prevarican por omisión los ocho vocales del CGPJ que no solo no resuelven algo a lo que estén obligados por ley sino que además han manifestado su intención de no resolverlo?

No parece que vayamos a salir de dudas ni el común de los ciudadanos ni los juristas cabales. Es altamente improbable que nadie -ni la Fiscalía- se querelle contra los ocho insumisos, y es aún más improbable que el Tribunal Supremo, ante el que tienen establecido su aforamiento los vocales del CPGJ, autorizara el procedimiento de esa casi imposible querella. Maniobra a maniobra, añagaza a añagaza, bloqueo a bloqueo, la Justicia sigue descomponiéndose sin remedio.