La asociación Francisco de Vitoria cuestiona la ley de amnistía pero garantiza su aplicación

El portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Jorge Fernández Vaquero, ha cuestionado este miércoles el contenido de la proposición de ley de amnistía aunque ha garantizado que, en caso de ser aprobada, los jueces la aplicarán al margen de los recursos que puedan presentar ante el Tribunal Constitucional o el de Justicia de la Unión Europea.

A su juicio, el debate sobre esa futura normativa está “polarizado” y parece que los jueces están “en contra” de una ley aún no aprobada y que harán “lo posible para no aplicarla”, pero, ha advertido, sus reparos al texto registrado en el Congreso no son de naturaleza política sino “técnico-jurídica”.

“No estamos en esa guerra”, ha subrayado tras advertir que el análisis de su exposición de motivos constata que se trata de un intento “manifiesto” de que las personas que tuvieran responsabilidades “directas, indirectas o remotas” en hechos relacionados con el proceso independentista en Cataluña “sean liberadas de cualquier responsabilidad”.

Para ello, ha advertido, se justifica el hecho de tratar de forma diferente a dos personas que hayan cometido el mismo delito en la necesidad de avanzar en la convivencia democrática o de superar graves conflictos, pero, a su juicio, esa “tensión institucional o social” que ponía en riesgo la convivencia democrática podía darse en 2017, “pero no parece que la haya ahora mismo, en 2023”.

Seis años desde la intentona independentista

Fernández Vaquero ha incidido en que, desde que se produjo la intentona independentista, han pasado seis años “de convivencia democrática” en los que se aplicó el artículo 155 de la Constitución y se suspendieron las instituciones autonómicas catalanas, “y fue muy traumático, pero a pesar de eso se convocaron elecciones y las instituciones han estado funcionando normalmente”.

“El parlamento es soberano para aprobar esta ley, nadie lo discute, y, si la aprueba, los jueces van a aplicarla”, ha apuntado el portavoz de la segunda asociación con mayor representación entre jueces y magistrados tras advertir que sólo dejarán de hacerlo aquellos que decidan llevarla al TC o al TJUE y que, una vez que esos tribunales se pronuncien, acatarán su decisión.

“Lawfare” o judicialización de la política

En cuanto al hecho de que el texto de la proposición de ley no incluya la alusión al 'lawfare' -judicialización de la política- que sí se recoge en el acuerdo político entre el PSOE y Junts, Fernández Vaquero ha incidido en que asociaciones judiciales y profesionales se han “alzado” contra una referencia “extremadamente peligrosa” que pone en cuestión la separación de poderes.

El pacto detallaba, en lo relativo a la ley de amnistía, que las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en esta legislatura “se tendrán en cuenta” en la aplicación del perdón “en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto de 'lawafre' con las consecuencias ”que puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas“.

“El parlamento aprueba la ley y los jueces la aplican. El parlamento no tiene nada que decir ahí y no puede interferir de ninguna manera”, ha señalado Fernández Vaquero, que ha cuestionado si la no inclusión de ese concepto en la proposición de ley se debe a la respuesta de asociaciones judiciales y organizaciones profesionales o a que el objetivo es incorporarlo en la tramitación parlamentaria.

“¿Si no lo han querido incluir (en la ley) por qué sí lo han hecho en el acuerdo?”, se ha preguntado.

A su juicio, se trata de un tema “grave” que ha llevado a las asociaciones a movilizarse “para alertar a la sociedad” y ha garantizado que estarán “extremadamente alerta” para impedir que esa “injerencia” en la labor de los jueces se traslade a la futura ley ni a ninguna norma complementaria, una cuestión en la que se ha mostrado convencido de contar con el respaldo de la Comisión Europea.

El portavoz de la AJFV ha hecho estas afirmaciones al inicio de la XXVII Asamblea de la asociación a la que han confirmado la asistencia el 40 por ciento de sus 931 integrantes, que elegirán a su nuevo comité nacional y concederán el Premio a la Independencia Judicial, y que será clausurada el próximo viernes por el presidente del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán.