El “Programa de Actuaciones de Control del Lobo 2025-2026” del Gobierno de Asturias ha concitado el rechazo tanto del Grupo Lobo Asturias de la Coordinadora Ecologista de Asturias (CEA) como del Fondo para la Protección del Lobo Ibérico que han recurrido la resolución autonómica que prevé abatir 53 ejemplares hasta marzo de 2026.
Los dos colectivos ecologistas han acordado impugnar la resolución autonómica a través de sendos recursos, pero lo han formalizado por dos vías diferentes. El Grupo Lobo Asturias ha interpuesto un recurso potestativo ante la Consejería de Medio Rural, mientras que el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico ha utilizado la vía judicial con la presentación de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).
Entre tanto, el portavoz del Ejecutivo regional, el consejero Guillermo Peláez, ha defendido este programa que, según afirma, se aplica “en base a criterios técnicos”.
Argumentos del Grupo Lobo Asturias
El Grupo Lobo Asturias sostiene que la resolución autonómica del 24 de abril que autoriza el control de cánidos, que se basa en la premisa de que “matar lobos reduce daños”, incumple la Directiva 92/43/CEE y la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, incurriendo presuntamente en un delito de prevaricación al no aplicar medidas preventivas que, en este caso, “quedan relegadas a un segundo plano”.
Su portavoz, Fructuoso Pontigo,“Fruti”, así lo ha confirmado a elDiario.es Asturias y espera que el Gobierno de Asturias tramite este recurso “de forma adecuada” y atienda a su petición para su decaimiento “ante las irregularidades y potenciales ilegalidades que contiene”, subraya.
Los daños anuales
El Grupo Lobo Asturias resalta que, contrariamente al posicionamiento del Principado, todos los estudios científicos les avalan al corroborar que “matar lobos no reduce daños, sino que los aumenta a continuación, excepto que se mate a un porcentaje tan grande de la población que ponga en riesgo la viabilidad poblacional de la especie”.
Tras la inclusión del lobo en 2021 en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), la cifra ronda 3.200 daños por año, cuando antes de su incorporación en el periodo 2009-2017 se superaban cada año los 3.400 daños anuales.
Los ejemplares abatidos
En concreto, en el periodo 2013-2015 se superaba los 4.000 daños anuales y se alcanzó la cifra de casi 4.600 daños/año en 2014.
Unas cifras que, en su opinión, vienen a confirmar que el máximo número de daños coincide con los años 2013 y 2014 que fueron las fechas en las que se registró el mayor número de ejemplares que fueron abatidos a lo largo de la historia del Plan de Gestión del Lobo en Asturias, y cuyo efecto negativo de aumento de daños al ganado, según explican, “aún se pudo apreciar en 2015”.
Los ecologistas inciden en la importancia de proteger al lobo, una especie en recuperación que estuvo a punto de extinguirse.
“Aunque la especie haya experimentado una mejoría poblacional, eso no significa que haya alcanzado ya un estado de conservación favorable que garantice su conservación”, advierten.
El control del lobo
El “Programa de Actuaciones de Control del Lobo 2025-2026” plantea matar un mínimo de 53 lobos, aunque para el Grupo Lobo Asturias aquí no se contabilizan ni el número de ejemplares que puedan matarse en la parte asturiana del Parque Nacional de Picos de Europa, ni los lobos que adicionalmente aparezcan en el “Área Sin Gestión Específica o ZSGE donde se pretenden matar todos los que se localicen”, añaden.
Según los datos de 2023 incluidos en la resolución, existirían 45 grupos, con una media de 3,1 lobos por grupo al final del invierno, según la única tesis doctoral que ha estudiado al lobo en Asturias, por lo que, según especifican desde el colectivo ecologista, “si aceptamos estas cifras habría 160 lobos incluyendo un 15 por ciento adicional de ejemplares que no forman parte de esos 45 grupos”, apostillan.
La viabilidad poblacional
“Matar un mínimo de 53 lobos habiendo 160 lobos significa matar al 33 por ciento, es decir, uno de cada tres lobos de Asturias como mínimo, un porcentaje muy elevado e inasumible para la viabilidad poblacional de la especie. Adicionalmente, de esos 45 grupos, la mitad -relatan- son compartidos con otras comunidades autónomas, sometidos a duplicidad de matar ejemplares”.
Los ecologistas mantienen que esta resolución ahora impugnada incumple tanto los artículos 14 y 16 de la Directiva 92/43/CEE debido a que contraviene el requisito legal del “estado de conservación favorable”, así como el artículo 54 d de “la Garantía de conservación de especies autóctonas silvestres” de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
La vía judicial
También el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico ha recurrido el programa de control del lobo, con el que el Principado prevé abatir 53 ejemplares hasta marzo de 2026. Pero, en su caso, ha optado por acudir a la vía judicial.
Su recurso ha sido interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) al que pide la adoptación de medidas cautelares urgentes que suspendan la resolución autonómica del 24 de abril, que autoriza el control de cánidos, hasta que la justicia resuelva el recurso contencioso-administrativo que acaban de presentar.
El posicionamiento del Principado
Por su parte, el consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos y portavoz del Gobierno asturiano Guillermo Peláez ha asegurado que el control de la población del lobo en la comunidad autónoma se está llevando a cabo “en base a criterios técnicos”.
Aunque ha asegurado que ya se han iniciado las batidas contempladas en el plan de actuaciones del Principado no ha desvelado el número de ejemplares.
El recurso en Cantabria
Por otro lado, Ecologistas en Acción Cantabria y la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica, en representación del Fondo para la Protección del Lobo Ibérico, han presentado conjuntamente un recurso contencioso frente a la normativa del Gobierno cántabro que avala la extracción de 41 lobos hasta agosto de 2026.
El recurso se ha presentado ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, contra la resolución del 2 de abril, firmada por el director general de Biodiversidad, Ángel Serdio, que permite matar hasta 41 lobos en Cantabria.
Medida cautelar
También se han recurrido las resoluciones de 25 y 30 de abril de 2025 de la consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, María Jesús Susinos, por las que se desestiman los recursos de alzada presentados contra esa resolución.
Asimismo, se ha solicitado la adopción de una medida cautelar consistente en la prohibición de autorizar o ejecutar cualquier acción que implique la muerte de lobos en Cantabria hasta que se resuelva el recurso contencioso mediante sentencia firme.
Estos colectivos señalan que, a pesar de que las poblaciones de lobo al norte del Duero han sido excluidas del Lespre mediante una modificación legislativa sobre el desperdicio alimentario, el último informe sobre población de esta especie correspondiente al periodo 2013-2018 concluye que su estado de conservación es “desfavorable-inadecuado” en las tres regiones biogeográficas en las que está presente: 'Mediterránea', 'Atlántica' y 'Alpina'.