La UCO señaló por error a un alto cargo de Transición Ecológica en su informe de la trama de hidrocarburos de Aldama

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señaló a un alto cargo del Ministerio de Transición Ecológica en la trama de los hidrocarburos al atribuirle por error un contacto con la “organización criminal” que investiga la Audiencia Nacional. El último atestado del instituto armado aportado al sumario afirma que el empresario Víctor de Aldama “contactó” e “intermedió” con “el director general de Minas, Manuel García Hernández” momentos antes de que la empresa de su socio registrara documentación sobre una licencia que no obtuvo hasta casi dos años después. Esa “conversación” es el principal indicio que cita la UCO para apuntar a la “posible penetración” de la trama en el Ministerio. 

La unidad policial se basa en unos “mensajes borrados” hallados en uno de los teléfonos incautados a Aldama. A través de sus herramientas forenses, los agentes no lograron recuperar el contenido de esa “conversación” mantenida a través de WeChat, el WhatsApp chino. Pero sí un código con el que deducen que “el nombre de contacto guardado por Aldama consta como Manuel García Maroto”. De ahí infieren que “podría corresponderse con un error” y que “es plausible que la identidad del contactado se correspondiera con la del director general”. En ese momento, la ministra de Industria era Reyes Maroto. Es esta deducción la que les lleva a afirmar que Aldama “intermedió” con ese alto cargo. 

Sin embargo, el pantallazo con el código obtenido al intentar rescatar ese mensaje desmonta la tesis policial. En él figura la palabra en inglés “stranger” [desconocido] y, a continuación, el nombre “Manuel García Maroto”. El propio centro de ayuda de la aplicación de mensajería china explica que, en WeChat, un “stranger” es un usuario que no está en la lista de contactos de quien recibe el mensaje. Especialistas en programación consultados explican que, en este caso, “Manuel García Maroto” es el nombre de usuario que el interlocutor de Aldama se puso a sí mismo en la aplicación. Esto es, que Aldama no tenía guardada a esa persona entre sus contactos cuando recibió el mensaje, tal y como sostiene la UCO.

De hecho, las fuentes consultadas afirman que los agentes también se equivocan al afirmar que es Aldama quien “contactó” pues, de acuerdo a ese código recuperado, fue su interlocutor quien le envió el mensaje.

El informe destaca a través de un subrayado que Manuel García Hernández es el “superior jerárquico del subdirector que instruía el expediente”. Fuentes de la investigación afirman, sin embargo, que por lo conocido hasta el momento no hay ni un solo indicio que incrimine a este alto cargo y recuerdan que la unidad no ha hecho ninguna propuesta de actuación concreta respecto a esta persona. Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica sostienen, asimismo, que García Hernández, que ostenta el cargo desde junio de 2020, nunca ha mantenido contacto alguno con Aldama.

Obtención de la licencia 

Este nuevo atestado de la UCO, fechado el 3 de diciembre, se centra en los intentos de la trama de hidrocarburos que lideraban presuntamente Aldama y su socio Claudio Rivas para obtener de manera ilícita una licencia para operar con la compañía Villafuel en el mercado mayorista de hidrocarburos entre 2021 y 2022. Según la investigación, la red corrupta destinó un millón de euros a “comprar la voluntad” del exministro de Transportes José Luis Ábalos “permeando en estructuras de la Administración con el propósito de obtener influencia a cambio de dádivas y contraprestaciones ilícitas”. 

Esa “influencia”, dice el informe, fue “canalizada” a través de su exasesor Koldo García, quien se reunió en varias ocasiones con Juan Ignacio Díaz Bidart, entonces director de gabinete de la ministra de Industria, Reyes Maroto. Si bien el propio informe subraya que ese Ministerio no tenía competencia para otorgar “autorizaciones” sobre hidrocarburos.

La competencia en materia de hidrocarburos la tiene el Ministerio de Transición Ecológica, que tardó casi dos años en otorgar la licencia a Villafuel tras rechazar una primera solicitud por falta de solvencia. Respecto a este departamento, el informe cita como indicios la conversación inexistente con el director general de Minas y dos mensajes que el exasesor de Ábalos envió al entonces jefe de gabinete de la ministra Teresa Ribera, Marc Isaac Pons Pons, en abril y julio de 2021, cuando el expediente de Villafuel estaba paralizado a la espera del cumplimiento de los requisitos. 

La información que consta en el expediente acredita que el Ministerio recibió el 13 de enero de 2021 la solicitud y no le otorgó la licencia hasta septiembre de 2022. La empresa estuvo operando hasta octubre de 2024, cuando Rivas y Aldama fueron detenidos acusados de urdir un fraude a la Hacienda Pública de 182 millones de euros con esta compañía. El Ministerio acordó entonces una inhabilitación temporal que se convirtió en definitiva en febrero de este año. 

Procedimiento administrativo

Para acceder a este tipo de licencias, el procedimiento se inicia con la presentación de una declaración responsable que analiza y verifica la Subdirección General de Hidrocarburos. Uno de los requisitos fundamentales es acreditar una capacidad financiera suficiente, lo que implica disponer de al menos tres millones de euros. En el caso de Villafuel esta fue la condición que no pudo acreditar y, por ello, el Ministerio le comunicó una primera vez el 5 de febrero de 2021 que le faltaban fondos para cumplir el criterio económico. 

Once días después, el 16 de febrero, Villafuel presentó alegaciones a la inadmisión y aportó documentación adicional. El 9 de marzo, el Ministerio le denegó nuevamente la licencia y reclamó más información. A los tres días, el 12 de marzo, es cuando se produce la llamada que la UCO atribuye falsamente al alto cargo del Ministerio. El informe recoge que “momentos después de contactar con el director general”, el representante de Villafuel presentó documentación complementaria, “cuestión de la que podría inferirse la premura y posible confección poco cuidadosa de los elementos que se ajustarían a la solicitud del Ministerio para la obtención del título de operador”. 

Lo cierto es que pasaron nueve meses hasta que, el 9 de diciembre de 2021, el Ministerio comunicó a Villafuel la inadmisión definitiva. La empresa presentó el día 17 de diciembre un recurso de reposición, que fue rechazado, por lo que la empresa volvió a presentar una nueva petición tras hacer algunas consultas a los funcionarios del Ministerio por videoconferencia. Villafuel presentó una nueva solicitud el 15 de julio de 2022, que fue admitida el 9 de septiembre siguiente. 

El 10 de junio de 2021, cuando el expediente de Villafuel estaba paralizado a la espera del cumplimiento de los requisitos, la trama compró un chalet en Cádiz previamente “elegido” por Ábalos por valor de 585.000 y que puso a disposición del ministro a partir del 1 de julio. “Hijo puta el putero. Ha sido pillar la casa y le ha dado al botoncito”, le escribió su pareja a Leonor González Pano, empresaria vinculada a la trama, según recoge el informe.

En realidad, el siguiente hito en el expediente fue la inadmisión definitiva y archivo de esa primera solicitud de Villafuel por no cumplir los requisitos que se produjo el 9 de diciembre de 2021. Seis días antes, el día 3 de diciembre, Ábalos recogió en una oficina de Correos una demanda de desahucio y reclamación de rentas pendientes por su estancia en el chalé. Villafuel accedió a la licencia en septiembre de 2022.