La investigación parlamentaria sobre el accidente minero en Zarréu se cierra exigiendo responsabilidades políticas

La Junta General del Principado ha cerrado este miércoles la investigación sobre el accidente registrado en la mina de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña, en marzo de 2025 en el fallecieron cinco trabajadores con la aprobación de un dictamen respaldado por todos los grupos parlamentarios salvo el PSOE que exige depurar responsabilidades para cuatro ex consejeros y tres altos funcionarios de la administración autonómica.

En concreto, el texto pide responsabilidades políticas que deberán “conllevar ceses” para los ex consejeros de Industria del Principado Belarmina Díaz -que dimitió tras el siniestro-, Isaac Pola, Enrique Fernández -actual presidente de Hunosa- y Nieves Roqueñí -presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón- y para dos jefes de servicio y un secretario general técnico a los que menciona con nombres y apellidos.

Los fallos

El dictamen de la comisión, donde han comparecido 88 personas y que ha realizado 148 solicitudes de información, señala además que, aunque la administración minera no causara directamente el accidente, los documentos aportados y las declaraciones realizadas apuntan a que pudo incurrir en fallos de control, supervisión, inspección y coherencia autorizatoria, que favorecieron un contexto de riesgo no corregido.

El texto, aprobado con el voto en contra del PSOE y a favor de su socio en el Gobierno regional -Izquierda Unida-, señala además que la administración favoreció la existencia cierta de un contexto de riesgo la autorización, suscripción o validación de resoluciones administrativas que permitieron la continuidad de actuaciones extractivas en un contexto de cierre, restauración o limitación de la actividad minera.

Las concesiones

A esta coyuntura contribuyó además, señala el dictamen, el otorgamiento de transmisiones o concesiones sin una comprobación suficientemente rigurosa de la adecuación material de tales actos al marco jurídico ni a la situación real de la mina así como la ausencia de mecanismos extraordinarios de control, paralización, revisión o auditoría administrativa tras la aparición de antecedentes de riesgo como accidentes previos.

El voto particular de IU

Tras la aprobación del dictamen, el pleno ha rechazado con la oposición del resto de grupos parlamentarios el voto particular presentado por IU que pedía extender las responsabilidades políticas al Ayuntamiento de Degaña, y en particular a su alcalde, por su inacción con la actuación de la empresa Blue Solving que explotaba el yacimiento en su municipio.

Además, la coalición solicitaba incorporar al texto un informe de los letrados de la Cámara para depurar, eventuales incorrecciones técnico-jurídicas y reforzar la seguridad jurídica del texto después de que los servicios jurídicos de la Junta General advirtieran de la posibilidad de que el texto vulnerase la presunción de inocencia de los funcionarios a los que atribuye responsabilidades, una circunstancia por la que el parlamento asturiano ya fue reconvenido por el Tribunal Constitucional en otra comisión de investigación.

Recursos ante el Constitucional

La posibilidad de que el dictamen pueda ser objeto de recursos de amparo ante el Constitucional y el alcance de las tareas de una investigación parlamentaria ha centrado el debate plenario en el que la presidenta de la comisión y diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, que ha pedido “no ponerse medallas” con un accidente “en una mina que no debía estar funcionando”, ha asegurado que el texto asume “en gran parte” las recomendaciones de los letrados para evitar esos recursos.

Tomé ha pedido no convertir “en un enredo de izquierdas y derechas” la aprobación por amplia mayoría de un texto que, según el portavoz de IU/CA, Xabel Vegas, constata que el principal responsable “es un empresario sinvergüenza llamado Chus Mirantes” que explotaba sin permiso una mina en condiciones de seguridad propias del siglo XIX y que la administración “falló”, pero que solo señala responsabilidades políticas sin acusar a nadie “de cinco homicidios”, un ámbito que corresponde a los tribunales.

Un relato político “preconcebido”

Para el diputado socialista, René Suárez, el contenido del dictamen excede el marco constitucional de las comisiones de investigación “que no son órganos jurisdiccionales ni administrativos” como advirtieron los letrados de la Cámara y ha lamentado que, en lugar de dar una muestra de respeto y homenaje a las víctimas actuando con rigor y respetando el marco legal, se haya por construir “un relato político preconcebido”.

Por el contrario, el diputado de Vox Gonzalo Centeno ha señalado que del texto aprobado “no se deriva responsabilidad penal alguna” sino solo políticas pese a que el presidente del Principado, Adrián Barbón, -“el señor de los ocho apellidos mineros”- intente reducir todo al ámbito judicial para no asumir la gestión realizada por su administración. “Un adulto asume las consecuencias de su responsabilidad”, ha advertido.