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Los expertos en Salud Pública José Martínez Olmos, Daniel López-Acuña y Alberto Infante Campos analizan las medidas clave para hacer frente a la pandemia de coronavirus.

Es imprescindible un acuerdo firme y vinculante del Consejo Interterritorial para doblegar la curva

Cribado masivo de COVID-19 con test de antígenos en Utrera, Sevilla.

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Los repuntes de la pandemia en toda Europa son generalizados y vertiginosos, tal como han señalado la Comisión Europea, la Organización Mundial de la Salud y varios líderes europeos como Merkel y Macron. La situación en España no se queda atrás: sigue siendo muy preocupante, no tiene visos inmediatos de regresión y requiere de acciones coordinadas, contundentes y decisivas en las próximas dos a tres semanas si queremos evitar una nueva crisis sanitaria que conduzca a otro confinamiento severo y generalizado, con las serias consecuencias económicas y sociales ya conocidas.

Así lo ha apuntado la revista The Lancet en su reciente editorial dedicado a la situación de la pandemia en España. Así lo han expresado numerosas voces expertas. Así lo venimos diciendo de manera reiterada desde hace nueve semanas en las tribunas que hemos publicado en elDiario.es. Y así lo señaló el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en sus declaraciones del viernes pasado.

La situación no tiene vuelta de hoja: es muy seria, no puede soslayarse con confrontaciones jurídicas, con estériles batallas políticas, con conductas negacionistas o con artimañas en las estadísticas para ocultar la situación de uno u otro territorio. No hay excusas para retrasar las acciones necesarias.

Empecemos por poner las cosas en perspectiva

Los datos dados a conocer el viernes 16 de octubre por el Ministerio de Sanidad muestran que España ha rebasado ya los 900.000 casos confirmados desde el inicio de la pandemia y en unos días alcanzará la cifra de un millón, lo que supone un poco más del 2% de la población española. Sabemos que esto es solo la punta del iceberg y que probablemente el número real de personas contagiadas se sitúa en torno a los cinco millones.

El número de casos en las últimas dos semanas es de 131.881, lo que supone casi el 15% del total de casos confirmados desde el inicio de la pandemia. Esto arroja una incidencia acumulada promedio por cien mil habitantes en los últimos 14 días de 280, una de las más altas de Europa.

Preocupa el hecho de que diez comunidades y las dos ciudades autónomas estén por encima de la media nacional y que algunas de ellas muestren cifras notablemente altas: Navarra (847), Melilla (549), Aragón (455), La Rioja (453), Madrid (451), Castilla y León (412), Castilla-La Mancha (343), Murcia (336), Ceuta (325), País Vasco (296) y Cataluña (288). Se trata de incidencias muy superiores a las que están dando lugar a medidas restrictivas severas en otros países europeos que requerirían limitaciones de la actividad social y de la movilidad similares a las de la fase 2 e incluso a las de la fase 1 de la desescalada.

El último informe del Ministerio de Sanidad incorpora por primera vez un análisis pormenorizado de los brotes detectados. Llama poderosamente la atención que los brotes más recientes se estén produciendo en el ámbito social, es decir, en reuniones e interacciones grupales (27%); en el ámbito familiar (17%); en ámbitos mixtos (15%); en el ámbito escolar (13%); en el ámbito laboral (10%); y en los centros sociosanitarios (9,3%). Todo lo cual confirma que el principal problema, como era de esperar, radica en la actividad gregaria, la cual debería ser objeto de mayores restricciones. A ello se suma la inadecuada protección y el insuficiente rastreo y aislamiento de los asintomáticos positivos.

La suma de ambos factores explicaría la acelerada transmisión de las últimas semanas. No sorprende, por tanto, que el 67% de la población del país tenga en estos momentos algún tipo de restricción de movilidad, cierres de actividades comerciales, reducción de aforos, limitación de horarios y limitación de reuniones sociales.

Impacto de la presión asistencial, fallecimientos, positividad de las pruebas y situación en residencias

Pero no es solo la elevada incidencia lo que debe alarmarnos. Otros indicadores también muestran que la transmisión comunitaria se ha incrementado, que la presión asistencial se ha elevado y que el número de fallecimientos en esta nueva fase sigue creciendo.

Así, la positividad de las pruebas efectuadas ha ido aumentando y alcanza un 11%, es decir, más del doble de lo que la OMS considera aceptable. Solo dos comunidades, Asturias y Canarias, se sitúan por debajo de ese umbral del 5% mientras que once comunidades y ciudades autónomas están por encima de la media nacional y alguna llega hasta el 29%. Esto revela claramente que el aumento en la incidencia no es atribuible solo al aumento del número de pruebas diagnósticas realizadas sino a un incremento real de la transmisión del virus. Además, la realización de pruebas diagnósticas difiere mucho de una comunidad a otra, pues si la media nacional es de 1.516 por cien mil personas en una semana, hay comunidades como Asturias, Navarra y el País Vasco que hacen más de 2.500 mientras en otras muchas la realización de pruebas está muy por debajo de la media.

En cuanto a la presión asistencial, la media nacional de ocupación de camas por personas con COVID-19 asciende al 11,3% y ha ido creciendo de forma sostenida durante las últimas semanas. La situación más severa ocurre en Madrid y Castilla y León, cuyas cifras casi duplican la media. Y es un motivo serio de preocupación que casi el 20% de las camas de UCI de toda España estén ya ocupadas por pacientes de COVID-19, una cifra ya de por sí alta, que se ve ampliamente superada en la ciudad de Ceuta y en las comunidades de Castilla y León y Madrid, cuyas ocupaciones de camas de UCI superan el 30%. Esto significa que los hospitales españoles ya están sufriendo una notable presión asistencial que puede comprometer la capacidad de atender otras patologías y el posible incremento de casos debido a la llegada de la temporada de otoño-invierno.

De igual forma, cabe señalar que en esta segunda ola de la pandemia se está produciendo un creciente ritmo de contagios en las residencias de mayores: alrededor de 5.000 personas mayores están contagiadas en estos momentos en las residencias de toda España y más de 200 han fallecido por coronavirus en los últimos siete días.

A lo anterior se suma un número creciente de fallecimientos. Desde julio se han producido más de 5.400, una cifra que, si afortunadamente no alcanza la trágica cuantía de la primavera, nos demuestra que estos repuntes no consisten únicamente en casos asintomáticos, sino que también golpean con severidad y muchas veces con consecuencias fatales. De hecho, la mortalidad detectada por el sistema MOMO para este periodo es algo más del doble de la esperada (11.000), seguramente no toda ella atribuible a COVID-19, pero sí en una gran parte.

En cualquier caso, es uno de los excesos de mortalidad más pronunciados de Europa. De nuevo, las cifras son muy variables entre las comunidades y están lideradas por la Comunidad de Madrid.

En suma, un panorama nada halagüeño en todo el país, pero que afecta de manera importante a once ciudades y comunidades autónomas donde se ha traspasado el umbral de lo manejable a través del control de brotes, y donde deberían adoptarse con rapidez medidas sanitarias y restricciones de la vida social y de la movilidad mucho más enérgicas. Algo que, según una reciente encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, respaldan el 62% de los encuestados.

Es necesario y urgente definir ya niveles de alerta a modo de semáforo vinculante

Por todo ello, cobra especial importancia el debate que tendrá lugar la próxima semana en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre el borrador circulado el 14 de octubre con el título Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión del COVID-19. Este documento incluye opciones de actuación para una respuesta proporcional a distintos niveles de alerta, a modo de un semáforo de colores tal como hemos venido proponiendo desde hace tiempo. Los niveles de alerta están definidos por un conjunto de indicadores epidemiológicos y de capacidad asistencial y de salud pública, cada uno de ellos con umbrales cuantitativos, algo que ya propusimos en el mes de abril. El borrador contiene también un conjunto de actuaciones comunes correspondientes a cada nivel de alerta.

Se trata de un paso importante que debería ser dado cuanto antes porque urge disponer de un marco objetivo de indicadores y umbrales común a todo el país. Desde nuestro punto de vista sería mejor separar las actuaciones relacionadas con las capacidades de salud pública y de refuerzo de las capacidades de laboratorio y de atención sanitaria en un pilar aparte, pero sin demora en su concreción. Esto permitiría darles más visibilidad, más peso del que tienen hasta ahora, y facilitaría su monitoreo, así como una oportuna rendición de cuentas. Además, son actuaciones relacionadas con la operación de los servicios de salud pública y de atención sanitaria que corresponden a las comunidades, mientras que las demás tienen sobre todo que ver con restricciones y regulaciones de la vida social de los ciudadanos y de los entornos en los que conviven o desarrollan sus actividades habituales, e involucran también a otros niveles de la administración del estado.

Sin embargo, lo mejor es enemigo de lo bueno. La discusión sobre el cuadro de mando propuesto no debería alargarse. Hay ya una base suficientemente objetiva para poder analizar situaciones y tomar decisiones, por perfectibles que puedan ser en el futuro algunos indicadores o los valores de ciertos umbrales. Lo urgente es tener un referente claro y un asidero común que se aplique en todo el territorio. Además, el carácter vinculante del acuerdo debería quedar claramente establecido.

Indicadores con umbrales explícitos y conocidos favorecen una respuesta eficaz y equitativa; al tiempo, se evitarían las respuestas contradictorias que resultan inadecuadas e incomprensibles, como la de Salamanca limitando las actividades universitarias y de hostelería mientras en Granada (aun con la rectificación de última hora) inicialmente cerraba la actividad académica y no modificaba la situación en la hostelería.

Por ello, lo más importante en esta discusión es establecer con claridad la modalidad de cogobernanza con la que operarán las evaluaciones de riesgo, la puesta en marcha de las restricciones de la actividad social y de la movilidad y los mecanismos de implementación de las actuaciones sanitarias, incluidas las eventuales declaraciones de aquellos estados de alarma limitados que puedan necesitarse. Es decir, se debe definir sin ambages quién hace qué y cuándo. Y determinar también qué sucede si alguna autoridad autonómica no cumple con lo acordado.

Establecer garantías para la aplicación rápida y eficaz de las medidas

Sin duda, corresponderá a las comunidades y ciudades autónomas implementar las medidas acordadas, pero deberá existir un mecanismo que obligue a hacer la evaluación del riesgo sin dilación y a presentar sus resultados al Ministerio de Sanidad y, en su caso, al Consejo Interterritorial. Tienen que existir plazos bien definidos para poner en marcha las actuaciones que corresponden a cada nivel de riesgo. Y ha de haber alguna disposición para que, si alguna comunidad no hace los deberes, se produzca la intervención subsidiaria de la autoridad sanitaria del Estado. Sin ello se corre el riesgo de que los acuerdos alcanzados sean papel mojado, poco más que un conjunto de recomendaciones bien intencionadas, pero incapaces de articular una respuesta rigurosa y efectiva a los retos que la pandemia nos está planteando.

El tiempo para la respuesta eficaz se acaba y es mucho el terreno perdido por los titubeos y dilaciones de los últimos dos meses. Vencer esta segunda ola cuanto antes es una cuestión imprescindible y urgente que interpela a todas las autoridades sanitarias sin excepción, cada una en su ámbito competencial, sin más demora.

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Publicado el
18 de octubre de 2020 - 20:59 h

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