Suspendida la junta directiva de Federación Canaria de Atletismo por infracciones graves

Alberto Hernández, anterior presidente de la Federación.

Canarias Ahora Deportes

Santa Cruz de Tenerife —

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 El Gobierno de Canarias ha suspendido de forma cautelar a la presidencia y a la junta directiva de la Federación Canaria de Atletismo “por presuntas infracciones disciplinarias muy graves” y ha nombrado una gestora.

El Ejecutivo recupera las funciones públicas otorgadas a su junta directiva y confía en que la comisión gestora “restaure el funcionamiento ordinario del atletismo en las islas”, según indica en un comunicado del que se ha hecho eco EFE y que supone un capítulo más en el proceso para normalizar la vida del ente federativo que rige el atletismo en las islas. El denominado 'deporte rey' vive desde marzo pasado una crisis como no se recuerda y que ha dejado a la Federación paralizada.

La medida conocida ahora se produce después de que el Gobierno haya sustanciado un expediente de diligencias previas y constatado la ausencia de actividad, así como la falta de información de la Federación, algo que fue denunciado ante el recientemente renovado Comité Canario de Disciplina Deportiva, informa el Ejecutivo en un comunicado.

La pasada semana y tras reactivar su funcionamiento, este organismo independiente acordó incoar un expediente disciplinario contra el presidente y los miembros no natos de la junta “como consecuencia de presuntas infracciones disciplinarias muy graves susceptibles de sanciones tipificadas tanto en la Ley 1/2019, de 30 de enero, de la Actividad Física y el Deporte de Canarias como en sus disposiciones de desarrollo”, se indica en la nota.

El Gobierno de Canarias ha notificado a los interesados una resolución específica que revoca las funciones públicas atribuidas a la Federación Canaria de Atletismo según el artículo 66 de la ley, y asume su ejercicio “por el tiempo estrictamente necesario para restaurar la normalidad en el seno de la misma”.

Asimismo, ha suspendido en sus funciones, de forma cautelar y provisional, al presidente y al resto de miembros no natos de la junta de Gobierno, conforme al artículo 74 de la Ley 1/2019.

Por último, para el ejercicio de las funciones públicas atribuidas a la Federación Canaria de Atletismo, en la misma resolución y bajo supervisión de la Dirección General de la Actividad Física y el Deporte, se crea una Comisión Gestora presidida por Omar Hernández Concepción, con el asesoramiento legal del doctor en Derecho Administrativo por la Universidad de La Laguna y experto en la Junta de Garantías Electorales de Canarias Juan José Guimerá Rico.

La gestora también la forman Luis González González, Aurora Vega Gil y Carmen Nieves Francisco Rodríguez.

Para garantizar una equilibrada representación territorial y sectorial de las distintas disciplinas del atletismo canario, tendrán acceso a todas las sesiones de la Comisión con derecho a voz los presidentes de las federaciones insulares de atletismo o los miembros de su junta directiva en quienes deleguen, así como cualquier persona física o entidad a los que se refiere el artículo 2 de los estatutos de la Federación Canaria a propuesta de la comisión gestora, según ha decidido el Gobierno.

El mandato de la comisión se extenderá por el tiempo estrictamente necesario para restaurar el normal funcionamiento de sus órganos y el ejercicio de las competencias de la Federación Canaria de Atletismo en el ámbito deportivo, en particular, la normalización de las obligaciones administrativas, legales y económicas; la tramitación de las licencias federativas y la tutela-protección de los deportistas, las entidades afiliadas, el personal técnico y arbitral, así como la organización de las competiciones oficiales federadas, de manera inicial.

Una vez se haya restaurado el normal funcionamiento de la Federación, la comisión gestora y su grupo de apoyo territorial/sectorial convocarán, conforme a sus estatutos y demás normativa aplicable, a todos los miembros la asamblea general de la Federación Canaria de Atletismo para debatir y votar la moción de censura presentada hace meses, comunicándolo a la Dirección General de la Actividad Física y el Deporte y dando por concluido su trabajo.

El Gobierno de Canarias recuerda que la responsabilidad que van a ostentar la comisión gestora y su grupo de apoyo durante el tiempo estrictamente necesario para restaurar el normal funcionamiento de la Federación se asume de forma totalmente altruista y desinteresada, a propuesta de la Administración y para velar por ésta en el tránsito hacia la normalidad democrática del ente federativo, esfuerzo que el Gobierno reconoce y agradece pública y expresamente a todas las personas que han aceptado su petición. 

PRECEDENTES

En marzo pasado fue noticia que el Juzgado de Instrucción número 4 de La Laguna (Tenerife) investigaba al presidente de la Federación Canaria de Atletismo, Alberto Hernández, detenido a raíz de una denuncia del Ministerio Fiscal en la que se le acusaba de delitos de malversación de fondos públicos, administración desleal, apropiación indebida y falsedad documental.

Sobre este asunto, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) precisaba entonces que el presidente de la Federación Canaria de Atletismo había sido arrestado por la Guardia Civil para que no interfiriera en un registro domiciliario.

El mes pasado, la Consejería de Deportes del Gobierno de Canarias informaba de que había denunciado a la Federación Canaria de Atletismo tras la comprobación de “posibles incumplimientos”, y tras las quejas recibidas por clubes y federaciones insulares, al no convocar la asamblea general. Con esta denuncia ante el Comité Canario de Disciplina Deportiva (Cocade), según precisaba el Gobierno, se trata de “revertir la situación que el atletismo canario lleva sufriendo más de un año, sin que se hubiese producido reacción alguna los anteriores responsables deportivos autonómicos”.

El viceconsejero de Deportes, Ángel Sabroso, consideraba hace un mes que “la actitud del presidente de la Federación Canaria de Atletismo podría ser, como mínimo, un incumplimiento muy grave de las disposiciones estatutarias y reglamentarias que le obligan a convocar a la Asamblea General para la aprobación y liquidación de presupuestos y para la celebración del debate de moción de censura interpuesta contra él”. 

 

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