Del atentado de Atocha a los herederos de ETA

Los autoritarismos de todo pelaje, y los diversos caudillos que los personifican, tienen la obsesión de apropiarse de la memoria de los pueblos. Definen qué hechos y hazañas deben ser venerados y cuáles hay que relegar al olvido. Qué hechos son pasado y cuáles palpitante presente. Y el autoritarismo hispano, de tan hondas raíces, no iba a ser una excepción.

De forma que, por ejemplo, hay que tener siempre presente los crímenes que se cometieron en el bando republicano, especialmente durante el verano y otoño “calientes” de 1936, pero olvidar las atrocidades planificadamente ejecutadas en el bando de los militares alzados contra la legalidad republicana. Y también los actos de terrorismo de Estado cometidos por el franquismo a todo lo largo de su vigencia. Son las “batallas de nuestros abuelos y bisabuelos”, a las que se refería Feijóo como pretexto para votar -de la mano de Vox- contra la Ley de Memoria Democrática.

Por cierto: ¿tiene el franquismo herederos? Y si los tuviera, ¿se puede pactar con ellos, incorporarlos al Gobierno de España y a los gobiernos autonómicos? ¿Ceder presidencias de Parlamentos territoriales a quienes quieren liquidar la España de las Autonomías? ¿Usar sus votos para hacerse con gobiernos autonómicos y municipales desplazando a la oposición a quienes encabezaron las candidaturas más votadas? Y, si lograr el apoyo parlamentario de los “herederos-de-ETA” para sacar adelante leyes y medidas políticas de indudable interés general es convertirlos en socios, ¿qué son ya PP y Vox? ¿Algo más que socios? ¿Tal vez “hermanos, tíos, primos y demás familiares…?

De forma que son de rabiosa actualidad los crímenes aberrantes de Txapote para montar la infamia de que Sánchez es aliado de los herederos-de-ETA. Pero es remoto pasado el acontecimiento más grave que, en mi opinión, ha sacudido nuestra democracia: nada menos que la decisión de embarcar a España en una guerra de agresión contra el Derecho Internacional, basada la mentira de las armas de destrucción masiva en poder de Saddam Hussein y contra la opinión abrumadoramente mayoritaria de la sociedad española. Un delito de alta traición cometido impunemente por el personaje que, para más INRI, todavía pontifica desde los púlpitos del PP.

¿Son, por tanto, pura prehistoria el dantesco atentado de Atocha, que desde el primer momento tenía todas las apariencias de ser una venganza del islamismo radical por lo de Irak, y la mentira del Gobierno del PP atribuyéndoselo a ETA a través de todos los altavoces a su alcance y de todas las representaciones diplomáticas españolas?

¿Será sólo, entonces, mero dato arqueológico la orden dictada por el gobierno de Ayuso, durante lo más duro de la Pandemia, de no trasladar a los centros hospitalarios públicos madrileños a las personas mayores gravemente infectadas por el virus? Porque, también en mi opinión, tuvo consecuencias aterradoras, genocidas. Y nada ni nadie ha asumido responsabilidades políticas. Y, lo que es mucho más grave, tampoco judiciales: un ejemplo de impunidad estremecedora.

¿Habrá que rememorar (o también pertenece al Pleistoceno) la creación de la “policía patriótica”, un delito de Estado de manual, por el Gobierno de un tal M. Rajoy para instruir la investigación judicial de la corrupción del PP y para perseguir ilegalmente a los independentistas catalanes?

La portavoz del PP en el Congreso, Cayetana  Álvarez de Toledo (27 mayo 2020) acusó miserablemente a Pablo Iglesias, líder de Podemos, de ser “hijo de un terrorista”, porque su padre había pertenecido al Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico (FRAP),  grupo de tendencia maoísta con fechorías terroristas en su haber.

Sin embargo, aquí, aguas abajo del Atlántico, invisten presidente de Canarias al hijo de una persona que se entregó (de 1978), antes de ser detenido (pistola al cinto) por su pertenencia al MPAIAC. No por la Dictadura ni por la siniestra BPS del franquismo, sino por la Policía de un país, España, que por esas fechas ya había aprobado la Ley de Reforma Política (diciembre de 1976) y celebrado las primeras elecciones generales de la democracia ( junio de 1977), previa legalización del PCE. Y cuyas Cortes Generales elegidas democráticamente habían aprobado (octubre de 1977) la Ley de Amnistía. Esa redada policial se produjo en el mes de octubre de 1978, el mismo mes en que el Congreso y el Senado aprobaron el Proyecto de Constitución Española.

El secuestro de la Memoria conlleva ¡cómo no! la prerrogativa de indultar a conveniencia a quienes representan los mismos intereses que los que se creen dueños de la memoria y del olvido. Y la de condenar al fuego eterno a los adversarios. Aunque sea por su “culpabilidad” de los hechos de sus padres o de sus tatarabuelos.

Como comprenderán, atribuir a los hijos las actuaciones de sus padres es una salvajada, esa sí, propia de la Antigüedad. Pero no soy yo el que ha sacado el tema. Y mentiras, las justas.

Lo confieso: me da miedo la gente que quiere hacerse dueña de la Memoria. Y mucho más, los que mienten sin pestañear, ni mover un músculo de la cara. A veces parece que Dios los cría… y las mentiras los juntan.