Canarias en el debate territorial: una ausencia injustificable

El curso político no pierde intensidad hasta el punto de que, debido en buena medida a las  convocatorias electorales de mayo y sobre todo julio, resulta indistinguible la línea divisoria entre  el curso pasado y el que, teóricamente, recién comienza. Tal vez se podría decir que seguimos en  un mismo ciclo del que sólo saldremos una vez se constituya un nuevo gobierno en el Estado. Sin  embargo, esto no quiere decir que no se perciban cambios en cuanto a los temas principales de  la agenda política a nivel estatal. Entre ellos, el más relevante, a mi juicio, es el que está situando  a la cuestión territorial en el centro de la misma, con un peso específico como hacía tiempo que  no se daba. Será, sin duda, el elemento político central, por activa o por pasiva, de los próximos  años en el Estado español.  

A ello ha contribuido enormemente la reflexión que el lehendakari Íñigo Urkullu publicó el pasado  31 de agosto en el diario El País. En su artículo –bastante más que una columna de opinión como  algún político conservador ha querido describir en su afán por rebajarlo– el político vasco  señalaba la necesidad de avanzar en la configuración plurinacional del Estado español (“¿por qué  en un Estado sólo puede haber una nación?”). A tal efecto, propone una “una convención  constitucional sobre el autogobierno, incluyendo principios como el cumplimiento íntegro de los  marcos estatutarios, el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado, la bilateralidad, el  sistema de garantías o la capacidad de decidir pactada”. Dicha convención se celebraría en el  plazo de un año. La propuesta en principio iría dirigida a reformular e incrementar el autogobierno  de Euskadi y, en su caso, Navarra, así como el resto de las llamadas “comunidades históricas”:  Cataluña y Galicia.  

Analizar en detalle la totalidad de los elementos que el lehendakari Urkullu recoge en su artículo  no es el propósito de esta reflexión. Me propongo aportar una visión desde Canarias sobre  algunas cuestiones que entiendo que deben ser tenidas en cuenta si queremos abordar  satisfactoriamente este debate. La primera, sin ir más lejos, es que Canarias debe participar en el  mismo. El lehendakari Urkullu limita su propuesta a las nacionalidades antes mencionadas. Sin  embargo, Canarias es una nacionalidad reconocida en su estatuto desde 1996. Si hay una  nacionalidad para la que el modelo autonómico resulta a todas luces agotado es precisamente la  canaria, que no puede esperar más para alcanzar la soberanía necesaria para poder afrontar los  problemas sociales, económicos, ambientales, identitarios, etc. con garantías plenamente  democráticas.  

Si bien el ninguneo de Urkullu es inadmisible –parece que ya vamos conociendo mejor el alcance  de la supuesta alianza “vasco-canaria” entre el PNV y CC, más allá de la broma sobre la mesa del  Parlamento–, el mutismo de los partidos canaristas al respecto roza el esperpento. La honrosa  excepción de Luis Campos (dirigente neocanario, que el pasado 31 de agosto definía la reforma  constitucional como “Imprescindible. Inaplazable. Necesaria.”) defendiendo la inclusión de  Canarias y otras nacionalidades en la misma, no puede camuflar el silencio sepulcral de Coalición  Canaria, Nueva Canarias, etc. al respecto. El amplio espectro del canarismo no parece sentirse  concernido por un debate tan trascendental.  

De hecho, en la “agenda de Coalición Canaria” acordada con el Partido Popular el pasado 22 de  agosto, por la cual CC se encadena al bloque inmovilista de PP, Vox y UPN, la cuestión territorial  aparece limitada a la consolidación del status quo y no a la superación del mismo. El principio  número 3 dice literalmente así: “Si se afronta una reforma de la Constitución –asumiendo la  situación estructural, social y económica de Canarias por su gran lejanía, insularidad, reducida  superficie y dependencia económica– se establecerá en la Disposición Adicional Tercera un  reconocimiento de la condición de ‘ultraperiferia’ de Canarias como hecho diferencial con  trascendencia constitucional.” 

Sin entrar en la pésima redacción del texto, parece evidente que el horizonte político de Coalición  Canaria no es el de propiciar una reforma constitucional ni el de impulsarla acompañada de otros  actores en el concierto estatal. Es algo que, “si se da”, debe recoger las especificidades canarias  exclusivamente económicas, obviando cualquier tipo de aspiración que pudiera entrar dentro de  lo que comúnmente se entiende como nacionalismo. Si no se da, seguiremos como estamos, se  entiende.

Los partidos políticos del ámbito canarista deben pasar de esta actitud tan pasiva y acomodaticia  a una que se ajuste mejor a las enormes necesidades de Canarias en materia de autogobierno.  Deben comprender la imperiosa necesidad de que el archipiélago, nuestras instituciones, no  queden en el muelle viendo cómo el barco de la soberanía, la bilateralidad efectiva, el  reconocimiento plurinacional,… parte irremediablemente, como ya sucedió en los comienzos de  la actual etapa democrática. Si los partidos canaristas –especialmente Coalición Canaria por ser  el único representado, aunque de manera tan exigua, en el Congreso estatal– no están a la altura  de las circunstancias y del momento histórico, seguirán descendiendo peldaños en cuanto a  representación política, apoyo popular y capacidad para configurar la Canarias del siglo XXI.  Serán el PSOE y el PP quienes interpretarán hasta dónde debe llegar nuestro autogobierno, con  los resultados ya conocidos. Desde la sociedad civil canarista, animaremos este debate en clave  reivindicativa con el fin de que nuestros partidos adopten una actitud menos conformista y  cumplan efectivamente con el papel que se les supone.