El anuncio del consejero de Justicia del Gobierno de Canarias confirma los peores presagios y deja in puris naturalibus a todas aquellas almas cándidas que salieron en su día en defensa de Atlante II y de su mentor político, el ex consejero José Miguel Ruano. Almas cándidas que cuando arreciaban las críticas por parte de los sindicatos, los funcionarios y los medios de comunicación proclamaron urbi et orbi que se trataba de una herramienta buenísima, segurísima y un ejemplo a seguir por las demás comunidades autónomas. No ha llovido mucho, casi diríamos que nada, desde aquellas muestras de apoyo inquebrantable hasta el anuncio de los 27 millones de euros que vamos a tener que pagar ahora para desfacer entuertos y que el sistema funcione de una manera mínimamente digna. Porque resulta ciertamente patético, a la par que anacrónico, ver a funcionarios, jueces y secretarios judiciales escribir sus resoluciones en un archivo del popular Word y trajinar en las impresoras para meterles fotocopias de papel con sellos de la Administración de Justicia, de manera que los documentos adquieran el aspecto que deberían tener si el multimillonario programa de Accenture funcionara como venía pautado en el concurso que tan holgadamente ha ganado dos veces consecutivas en la Comunidad Autónoma de Canarias.