Negrín sigue al frente de RTVC, sin letrada y sin solucionar la desconexión del día 30

Nadie sabe quién da las órdenes en Radio Televisión Canaria (RTVC), pero el caso es que alguien las debe estar dando, eso sí, sin expedientes administrativos y sin control jurídico. Veinte días después de que presentara su dimisión irrevocable, el presidente del ente público, Santiago Negrín, continúa ejerciendo como administrador único de las dos sociedades (Televisión Pública de Canarias y Radio Pública de Canarias) exclusivamente para los asuntos de gestión diaria, la firma de las nóminas y poco más. No puede tomar decisiones de calado, por lo tanto no puede haber sido Negrín el que ha ordenado que se pidan presupuestos a productoras establecidas en Canarias para encontrar una que esté en condiciones técnicas de ofrecer a Televisión Canaria el servicio de continuidad (el control de todas las emisiones) y los informativos de la cadena, actualmente en manos de Videoreport Canarias.

Nadie en el ente público es capaz de explicar por qué Mediapro, una de las productoras que se presentaron al reciente concurso de informativos bajo la enseña de Liquid Media, se ha dirigido a Plató del Atlántico solicitando presupuesto para utilizar sus instalaciones en la Dársena Pesquera de Santa Cruz de Tenerife para montar allí un control de emisiones provisional de la televisión pública. Se trataría de una solución de emergencia de cara a la finalización del contrato con Videoreport Canarias, actual concesionaria y ganadora del concurso inacabado de informativos, a la que no se le ha pedido presupuesto para alargar de modo extraordinario la explotación en lo que el Parlamento o el Gobierno de Canarias encuentran una solución definitiva a todos los desaguisados que han acompañado la gestión de Santiago Negrín y su equipo.

La modalidad que se está tanteando es de campaña y consistiría en retirar a Videoreport la gestión de la señal para trasladarla fuera de sus instalaciones a otra productora aún por determinar sin el respaldo de un expediente administrativo ni la decisión de un administrador único o del Consejo Rector del ente, como reconocen fuentes internas de RTVC. Es decir, otra irregularidad más a sumar al catálogo de esta legislatura.

Nadie en el ente asume ese encargo, lo que traslada todas las miradas a la Viceconsejería de Comunicación del Gobierno canario, que siempre se ha desentendido de la gestión de los medios públicos pero que no podrá soportar el desgaste que supondría que la televisión se vaya a negro en menos de tres semanas.

El ente público camina gracias la inercia que le proporcionan sus cargos intermedios. Sin Consejo Rector, sin presidente (o con presidente descabezado), con un administrador único para asuntos de trámite, la situación se ha complicado todavía más con la marcha de la secretaria de ese órgano, Cristina Duce, que ya ocupa plaza de letrada en el Parlamento de Canarias. Harta de desplantes y de que se desoyeran con malcriadeces sus recomendaciones jurídicas, la abogada, experta en contratación pública, ha puesto tierra de por medio sin haber conseguido aprobar el acta de la última reunión del Consejo Rector, aquel en el que advirtió seriamente a Santiago Negrín por la deriva ilegal de su comportamiento. Negrín prohibió que ese acta se entregara a los consejeros y la ha guardado en un cajón hasta la fecha. Los augurios de la letrada, referidos fundamentalmente al contrato de informativos, se fueron confirmando día tras día hasta desembocar en la dimisión de Negrín por agotamiento judicial.

No es el único frente que continúa abierto en RTVC. La interventora general de la Comunidad Autónoma mantiene en remojo el contrato con Retevisión para el transporte de la señal, otra de las patas fundamentales para que las emisiones de la radio y de la televisión lleguen a todas las islas del archipiélago. La decisión de Negrín de adjudicar a esa compañía un contrato tras un negociado sin publicidad con invitación a ese único concurrente no ha sido aceptada por la interventora, lo que se traduce en que Retevisión lleve prestando ese servicio desde el 1 de enero de 2018 sin contrato y sin haber percibido un euro.

Al caos reinante en RTVC se unió esta misma semana el revolcón jurídico propinado a los grupos parlamentarios por el Consejo Consultivo de Canarias, que ha informado desfavorablemente y con cajas destempladas la modificación de la Ley 13/2014 de Radio y Televisión de Canarias. Por iniciativa de Coalición Canaria, el Parlamento pretendía cambiar la ley para destituir a los dos consejeros que quedan en el ente y nombrar a un administrador único que capitaneara la nave hasta final de año.

El Consejo Consultivo no comparte ni esa ni otras pretensiones de la propuesta legal, lo que ha motivado que los grupos parlamentarios se hayan convocado a una reunión este mismo viernes para analizar alguna salida. Todo apunta a que se decidirá el nombramiento por parte del Parlamento de un presidente o presidenta que se sume a los dos actuales consejeros de RTVC para empezar a partir de entonces a tomar decisiones. Habrá por lo tanto que hacer modificaciones sobre la proposición de ley, lo que será aprovechado para añadir otras consideraciones, como la obligatoriedad de informar a la comisión de control de las soluciones de emergencia que se apliquen para salvar la señal de la televisión ante el riesgo cierto de irse a negro el próximo 30 de junio.

La situación roza lo esperpéntico: la actual concesionaria, Videoreport, acaba de ganar el concurso de  informativos y continuidad para permanecer durante otros ocho años prestando esos servicios. Pero la dimisión del presidente ha impedido que se produjera la adjudicación, lo que venía  a su vez complicado por las graves sospechas de ilegalidad que pesaban sobre ese concurso convocado por Santiago Negrín. Otro de los concursantes, Mediapro, pide presupuestos en nombre del ente público para hacerse cargo de una eventual solución de emergencia que habría de estarse tomando sin ningún órgano competente para hacerlo. El Gobierno no toma ninguna decisión y lo poco que había hecho el Parlamento es descalificado contundentemente por el Consejo Consultivo. En una semana pueden producirse los preavisos de despido a los más de 230 trabajadores de los servicios informativos ante el cese de la actividad de la empresa el 30 de junio. Y Retevisión presta el servicio de transporte de señal sin contrato y sin poder cobrar por el conducto reglamentario. Resulta imposible dibujar un cuadro más catastrófico.