Clavijo extiende a toda su junta de gobierno la responsabilidad de uno de los presuntos delitos del caso Grúas

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha cambiado radicalmente su estrategia mediática de defensa en el caso Grúas: primero proclamó que su actuación siempre fue ajustada a la legalidad y en defensa del interés de los vecinos de La Laguna, sin perjuicio para las arcas municipales. Ahora parece no querer resignarse a asumir las responsabilidades en solitario y ha extendido a la junta de gobierno que presidía en el Ayuntamiento de La Laguna la comisión de uno de los presuntos delitos que lo ha conducido a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia. El préstamo de 120.000 euros, concedido a la empresa titular del servicio de retirada de vehículos de la ciudad, operación a la que se opuso el interventor municipal, “fue aprobado por la Junta de Gobierno, y yo ni siquiera asistí a esa reunión”, ha dicho el presidente de Canarias a la Cadena Ser.

Tal afirmación señala directamente al actual alcalde, José Alberto Díaz, por entonces concejal de Seguridad, por ser responsable del expediente que se sometió a la consideración de la Junta de Gobierno, presidida aquel día (24 de junio de 2014) por el primer teniente de alcalde, el socialista Javier Abreu, cuyo partido mantenía un pacto con Coalición Canaria similar al que ahora sostiene al gobierno municipal. Junto a Abreu y a José Alberto Díaz formaban parte de aquel órgano y votaron favorablemente el acuerdo, entre otros, la actual viceconsejera de Seguridad del Gobierno de Canarias, Blanca Pérez (CC); la actual primera teniente de alcalde del municipio, Mónica Martín (PSOE); Candelaria Díaz Cazorla, ahora mismo segunda teniente de alcalde (CC); Antonio Pérez-Godiño, actual portavoz de CC e investigado en el caso Grúas junto al alcalde Díaz, y el periodista Juan Manuel Bethencourt, entonces concejal de Urbanismo y posteriormente director general de Relaciones Informativas en la primera mitad de mandato de Fernando Clavijo como presidente del Gobierno.

Es cierto que Clavijo no estuvo presente en la reunión de la junta de gobierno en la que se acordó conceder un crédito de 120.000 euros a Autogrúas Poli para que cubriera los salarios de sus trabajadores “y otros gastos corrientes”, como recoge el acta al que ha tenido acceso este periódico. Pero también es cierto que a esa sesión se elevó un expediente tramitado por el entonces concejal de Seguridad y hoy alcalde, José Alberto Díaz, en el que se relatan todas las vicisitudes de la operación, incluyendo la participación del alcalde-presidente.

Así, se indica claramente que el préstamo viene bendecido por los dos catedráticos de cabecera del gobierno municipal de Coalición Canaria, Francisco Villar y Francisco Clavijo, los mismos que siguen a día de hoy asesorando en temas trascendentales al presidente Clavijo en la Comunidad Autónoma. El acta de la junta de gobierno se detiene muy especialmente en el relato que ofrecen estos dos catedráticos de la Universidad de La Laguna, que cobraron por su asesoramiento más de 10.000 euros, pero pasa por encima de las recomendaciones de los técnicos municipales referidas al rescate del servicio o a la caducidad de la concesión una vez comprobado que el adjudicatario incumplía el contrato y la legalidad vigente por no estar al día en el pago de tributos y tasas y no estar en posesión, siquiera, de la preceptiva tarjeta de transporte.

El acuerdo de la junta de gobierno se despacha los reparos del interventor general del Ayuntamiento con esta escueta frase: “Sometido el expediente a la preceptiva fiscalización, la Intervención Municipal formula reparos, solventados en virtud de Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 858/2014, de fecha 18 de junio”.

Efectivamente, el alcalde-presidente, Fernando Clavijo, levantó las objeciones formuladas por el interventor mediante un decreto firmado seis días antes de la junta de gobierno a la que no asistió. Tal acción condujo al fiscal del caso Grúas a atribuir a los investigados el delito de malversación de fondos públicos y a solicitar a la jueza instructora del caso Grúas, su remisión al Tribunal Superior de Justicia de Canarias dada la condición de aforado del exalcalde, hoy presidente, Fernando Clavijo.

No es la primera vez que entre los cargos públicos relacionados con el caso Grúas se producen escapatorias que implican a terceros. El actual alcalde, José Alberto Díaz, dijo en su momento no comprender cómo se le acababa de imputar en el caso grúas si él no firmó “ni un solo decreto”. Porque, efectivamente, el único que aparece firmando un decreto, el del levantamiento de reparos, es el actual presidente Clavijo. Ahora es este quien dispara fuego amigo a sus compañeros con su afirmación de que la responsable del préstamo ilegal a Autogrúas Poli fue la junta de gobierno, en la que, efectivamente, él no estuvo el día de autos.

El caso Grúas, en el que de momento solo tienen la condición de investigados el alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, y el portavoz de CC en la Corporación, Antonio Pérez-Godiño, está pendiente de que el TSJC se pronuncie sobre su competencia para instruir la causa y, consecuentemente, llamar a declarar en calidad de investigado (antes imputado) al presidente Clavijo.