La Fiscalía denuncia por prevaricación a dos exconcejales de Puerto de La Cruz
La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife ha formulado denuncia contra dos exconcejales del PP del Ayuntamiento de Puerto de La Cruz, Luis Gómez y Guillermo Meca, que en su momento fueron responsables del departamento de Urbanismo y ambos presidentes del Comité Local del PP, por una presunta prevaricación cometida entre 2005 y 2006 por el primero, y 2009 y 2011 por el segundo, al no actuar contra una obra ilegal ejecutada por un particular en una vivienda cuya omisión ha permitido la prescripción tanto de la sanción como de la reposición de lo ejecutado.
En un escrito dirigido al Decanato de Puerto de La Cruz por el fiscal Rafael Ruiz el 29 de enero pasado, el ministerio público imputa prevaricación omisiva a los dos exconcejales, con penas de siete a diez años de inhabilitación especial para cargo o empleo público según el artículo 404 del Código Penal, a la vez que libra del mismo delito a otros dos ediles de Urbanismo en otros dos periodos entre ambos imputados: Eva Navarro, del PP (2007-2008), y Jaime Coello, ex del PSOE (2008-2009) y actual concejal del grupo Vecinos y Vecinas x el Puerto, por haber realizado unas inoperantes pero al menos mínimas gestiones.
La denuncia se fundamenta en una obra ilegal ejecutada sin autorización preceptiva por una vecina de la calle Luis Rodríguez Figueroa, consistente en un cuarto techado, descrito en un informe municipal de 15 de febrero de 2006, seis meses después de la denuncia original de un vecino, como “estructura metálica nueva en espacio libre ajardinado, donde antes existía una pérgola, todo ello fuera del contenido de la licencia” que solamente permitía reparar lo existente.
En aquel momento, el responsable de Urbanismo era el expresidente del PP Luis Gómez, en un pacto con el sempiterno alcalde Marcos Brito (CC), y para el ministerio público, la actitud del exconcejal merece el reproche penal por conducta omisiva de sus funciones por no llevar a cabo ninguna actuación desde que el 7 de marzo de 2006, hasta su cese tras las elecciones de 2007, un informe municipal le instara a abrir expediente sancionador y obligar a reponer el estado natural de las cosas antes de la obra. Nada de eso hizo el exconcejal.
Tampoco actuó, entre octubre de 2009 y junio de 2011, Guillermo Meca Cervera, a pesar de que el técnico municipal correspondiente le recordó que hasta la fecha nada se había hecho para restablecer el orden jurídico perturbado [ya había vencido el plazo sancionador en una etapa anterior, con Eva Navarro de concejal] , y que para evitar la prescripción del expediente se debía actuar antes del 15 de febrero de 2010, día en que se cumplían cuatro años desde el informe municipal original. Tampoco consta motivo justificado por el que nada se hiciera.
En ambos casos, las quejas elevadas al Diputado del Común por parte del denunciante, a lo largo de todos los años del proceso iniciado en 2006, encontraron respuesta e investigación de oficio en 2013, y de esas pesquisas evacuadas a la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Canarias se deriva ahora esta denuncia concreta contra dos ediles de Puerto de La Cruz.
El fiscal deja fuera a Eva Navarro, ya que el 1 de septiembre de 2008 decidió dictar un decreto “por el cual se transcribe literalmente el informe anterior de 7 de marzo de 2006 y se acuerda formalmente la incoación del expediente”, aunque ya por esas fechas había prescrito la posibilidad de sanciones. No obstante, indica el fiscal, “no consta que a esta Concejal se le hubiera dado traslado formal de la propuesta de incoación de expediente y por tanto tuviera conocimiento fehaciente de la fecha en que prescribía la infracción, si bien es reseñable que tardara más de un año en incoar el citado expediente”.
Del mismo modo, el exconcejal de Urbanismo Jaime Coello (2008-2009) queda exhonerado al dictar una resolución en la que se acuerda dejar prescrita la infracción, sin perjuicio de que se tomaran las “medidas oportunas” para restablecer el orden perturbado, medidas que nunca se llevaron a cabo, además de que Coello causó baja por enfermedad durante unos meses de 2009 y finalmente, en octubre, fue depuesto por su cargo por una moción de censura, que dio la concejalía a Guillermo Meca.
El ministerio público centra así sus imputaciones en Gómez y Meca por motivos “que denotan una dejación inexcusable de sus responsabilidades en el seno del expediente, aún a pesar de las claras advertencias de las que tienen constancia fehaciente, que lleva como consencuencia a que transcurran plazos de tiempo más que relevantes para la prescripción del expediente sancionador y de restablecimiento del orden jurídico perturbado, respectivamente”.
