La Fiscalía pide prisión para Carlos Sánchez (PP)
La Fiscalía de Las Palmas pide nueve meses de prisión y cuatro de años de inhabilitación para empleo o cargo público para el actual consejero de Obras Públicas y portavoz del PP en el Cabildo de Gran Canaria, Carlos Sánchez Ojeda, por haberse perdonado el pago de impuestos municipales durante su etapa de concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Santa Brígida.
Sánchez Ojeda, imputado también por cuatro delitos en el caso de corrupción del municipio del interior de la isla, logró que su propio ayuntamiento dejara de cobrarle los tributos entre 2002 y 2004, en connivencia con el entonces concejal de Hacienda y posteriormente alcalde, ya retirado de la política, Antonio Díaz, para el que el fiscal pide 16 años y medio de prisión y 53 años de inhabilitación para cargo público por hasta ocho delitos diferentes.
El escrito de acusación del fiscal Miguel Pallarés, que solicita a la titular de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria, María Victoria Rosell, la apertura de juicio oral también contra el abogado Adolfo Llamas, detalla que el actual consejero de Obras Públicas se aprovechó de su condición de edil en Santa Brígida para ordenar a la empresa de recaudación Mungest que no le reclamaran los impuestos de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), de Bienes Inmuebles (IBI) y de licencia urbanística.
Solo a raíz de que la tesorera del Ayuntamiento, Ana María Ortega, se diera cuenta de la treta urdida por Antonio Díaz y Carlos Sánchez para no pagar impuestos, la orden fue revocada el 22 de junio de 2004, y en el caso de Sánchez Ojeda, este procedió a abonar lo adeudado entre 2005 y 2007, circunstancia que ha servido de atenuante en la petición de penas del Ministerio Fiscal.
En el escrito de acusación del fiscal consta que Carlos Sánchez Ojeda llegó a un acuerdo con el Ayuntamiento que ahora preside Lucas Bravo de Laguna, compañero de grupo de gobierno en la etapa defraudadora como en la actualidad en el Cabildo de Gran Canaria, para cerrar una “compensación de deudas” por resolución del alcalde actual fechada el 3 de febrero de 2011.
Enchufes y amiguismos
El caso de Antonio Díaz, ya fuera de la política, es mucho peor, a juicio del fiscal, que acusa al exalcalde de malversación de fondos públicos, tres delitos distintos de prevaricación, otro más de malversación, prevaricación, exacción ilegal como a Carlos Sánchez Ojeda, y tanto la prevaricación como este último delito, en concurso medial de un delito de falsificación de documento oficial. Por todo ello pide 16 años y medio de prisión y 53 años de inhabilitación, además de diez meses de multa a razón de diez euros diarios.
Los delitos presuntamente cometidos por el exconcejal de Hacienda y exalcalde de la Villa de Santa Brígida están relacionados con los cobros ilegales del tercer acusado, Adolfo Llamas, un amigo del expolítico que mediante pacto verbal fue contratado ilegalmente, según el fiscal, como asesor jurídico para gestionar las nóminas y el personal del Ayuntamiento gobernado por entonces por los exalcaldes Carmelo Vega y Manuel Galindo, que nunca fueron acusados en esta trama y por tanto han prescrito los delitos que también habrían cometido al suceder hace más de diez años.
De Antonio Díaz también señala el fiscal que enchufó en el Ayuntamiento satauteño a su nuera, Encarnación Sierra Castro, en noviembre de 2002, y a otros dos conocidos o familiares, Pedro José Hernández Jorge, en febrero de 2003, y Rosa Nolasco Sánchez, en mayo de 2001, siempre valiéndose de su condición de concejal del grupo de gobierno.
Además, formando parte de la Mesa de Contratación del Ayuntamiento, logró adjudicar a un amigo suyo un suministro de material informático por valor de 25 millones de pesetas a quien también era suministrador de la Autoescuela Camponuevo, propiedad del acusado que pudo también, como Carlos Sánchez Ojeda, dejar de pagar impuestos al Ayuntamiento tanto de su autoescuela como los propios suyos como contribuyente.
A Adolfo Llamas el fiscal pide imponerle la pena de dos años de prisión e inhabilitación por cuatro años por un delito de malversación de fondos públicos, cuyas cantidades habrán de ser fijadas en ejecución de sentencia. En el escrito de acusación señala, de todos modos, que el Ayuntamiento de Santa Brígida le habría abonado, indebidamente, 251.106.78 euros por cinco años de asesoría jurídica ilegalmente contratada.
