El Gobierno cambió tres veces de criterio en el Canódromo
El recurso contencioso-administrativo abierto por Avelcalta contra el Plan Parcial que dio cobertura legal a las dos torres del Canódromo, en Las Palmas de Gran Canaria, ha tenido durante todos estos años a un actor secundario muy extraño en la figura del Gobierno de Canarias. La Comunidad Autónoma ha sido capaz de defender una cosa y su contraria -en contra y a favor del recurso- por culpa de la impugnación jurisdiccional del Plan ordenada por CC y no atendida por el PP en el mismo Ejecutivo de 2004.
Tanto con Australia Navarro (PP) como con José Miguel Ruano (CC) al frente de los servicios jurídicos, el Ejecutivo de CC-PP al que ahora salpica también la instrucción penal tuvo que personarse como codemandado en el recurso contra la aprobación del Plan Parcial, anulado por el TSJC en 2008 y devuelto a la Sala por el Supremo en 2011, por falta de motivación en la sentencia anulatoria del Plan.
Su presencia como codemandado junto al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se motivaba por afectar el recurso contra el Plan Parcial al ordenamiento superior de los planes generales de 2000 y 2005, responsabilidad en última instancia de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) del Gobierno autonómico. Y en primer instancia, la Comunidad se opuso al recurso de Avecalta y se posicionó en defensa del Plan aprobado por la exalcaldesa Pepa Luzardo dos años después de la operación de permuta bajo sospecha delictiva.
Gobierno de Canarias, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la inmobiliaria Realia perdieron la primera batalla en 2008, al prosperar el recurso de Avecalta en la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso del TSJC, pero entre medias, el Ejecutivo, con su postura favorable al Plan Parcial, se había enredado en una madeja jurídica de la que no podía librarse de manera congruente.
Los servicios jurídicos no habían logrado, para justificar su criterio, aportar informe oficial alguno que indicara lo contrario al único documento gubernamental relativo al caso, precisamente, la orden del viceconsejero de Ordenación Territorial Fernando González de impugnar el Plan Parcial, lo opuesto a lo que hacía el Gobierno ante el alto tribunal canario.
Cambio de parecer obligado pero fuera de plazo
Ante el riesgo de estar cometiendo un delito al defender lo contrario de lo ordenado documentalmente por el Gobierno, sus servicios jurídicos cambiaron de criterio y, después de la sentencia de 2008 favorable a Avecalta, se pusieron del lado de la asociación de vecinos y se opusieron al recurso de casacion presentado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la inmobiliaria Realia, que ha prosperado hace unos meses.
El giro forzoso debió coger con el pie cambiado a la consejería ya entonces presidida por Ruano, porque entre la notificación del Supremo a las partes del recurso de casación de LPGC y Realia para que contestaran al mismo en treinta días, de 20 de noviembre de 2008, y el escrito del Gobierno de 16 de febrero de 2009 pasó demasiado tiempo.
El 30 de enero de 2009, el Supremo daba por caducado el plazo legal para la contestación del Ejecutivo autónomo a la casación de la sentencia anulatoria del Plan, y el 27 de febrero, mediante otra providencia, el alto tribunal español devolvía el escrito a la Comunidad.
En vano recurrió en súplica el Gobierno de Canarias ya que mediante un auto de 19 de julio de 2009 la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo desestimó el recurso y confirmó la devolución del escrito dictada en febrero.
El próximo 17 de abril el pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias se reune para deliberar, votar y fallar la nueva sentencia que por orden del Tribunal Supremo debe dictarse en torno al Plan Parcial El Canódromo, aún cuestionada su ilegalidad al no haber entrado en el fondo del asunto el Supremo, por tratarse de legislación urbanística autonómica.
Además, la resolución del contencioso en uno u otro sentido -el TSJC ya anuló el Plan Parcial en 2008- afectará a la instrucción penal, como ha admitido el propio juez en sus recientes autos. Es uno de ellos es en el que junto a otros seis testigos llama a declarar el próximo 12 de abril al exviceconsejero Fernando González, único cargo que de manera documentada se posicionó en relación al Plan Parcial: pidiendo que fuera impugnado por la parte jurídica del Gobierno dirigida por Australia Navarro (PP). Y esta no lo hizo.
