Repsol calcó las medidas de Málaga y Bermeo
El Cabildo de Fuerteventura ha acreditado ante el Tribunal Supremo que los documentos que presentó la petrolera multinacional Repsol al Gobierno español para obtener los permisos de investigación que le fueron otorgados por el Real Decreto de 16/03/2012, y que debían contener las medidas de protección ambiental para las prospecciones en Canarias “son los mismos, idénticos, calcados” que los que presentó para obtener los permisos de investigación en el Mar Mediterráneo- Mar de Alborán, frente a la costa malagueña (Permisos Siroco) y en el Mar Cantábrico, frente a la costa vizcaína (Permiso Fulmar).
La institución insular incide en que, además de las diferencias geológicas, geográficas, de ecosistemas, mares y corrientes marinas, las características de los tres proyectos “no tienen nada que ver”.
En el caso de los permisos de investigación en el Mar Mediterráneo-Mar de Alborán, frente a la costa malagueña (Permisos Siroco), son para extraer gas natural, a una profundidad de unos 165 metros de lámina de agua. En el Mar Cantábrico, frente a la costa vizcaína (Permiso Fulmar) la profundidad oscila entre 185 y 385 metros de lámina de agua. En Fuerteventura y Lanzarote son perforaciones petrolíferas en mar abierto, a una profundidad total de unos 6.500 metros.
Esta es una de las pruebas documentales que el Cabildo de Fuerteventura había propuesto al Tribunal Supremo en el marco del recurso interpuesto frente al Real Decreto de 16/03/2012 que convalidó el de 2001 (que a su vez había sido anulado por el citado Tribunal en 2004), y que el Tribunal Supremo aceptó, requiriendo al Ministerio de Industria que le remitiera diversos expedientes relativos a otros tantos permisos de investigación otorgados a Repsol y a otras compañías.
Todo ello con el fin, desde el punto de vista del Cabildo, de acreditar que Repsol “no propuso ninguna medida de protección ambiental específica para el ecosistema canario” y que “ignoró totalmente las características de tal ecosistema a la hora de pretender y obtener que el Gobierno español le convalidara y volviera a otorgar los permisos anulados en 2004”.
El Ministerio de Industria no facilitó al Tribunal Supremo la información requerida en el primer requerimiento, obligando al Tribunal a reiterar a principios del mes de septiembre la urgente remisión de todos los expedientes solicitados.
La actuación de Repsol contrasta, a juicio del Cabildo, con la de otras compañías de investigación petrolífera, “que cuando solicitan permisos de investigación y antes de obtenerlos proponen medidas específicas de protección ambiental debidamente aplicadas y singularizadas en la zona marítima o terrestre en la que han de realizarse las operaciones de investigación”.
El Cabildo de Fuerteventura sostiene que Repsol conocía “perfectamente” desde hace ocho años dónde quería perforar el subsuelo marino canario y las características ambientales del ecosistema marino canario afectado y amenazado por sus planes y que, a pesar de ello, “lo ocultó” en el expediente seguido en el Ministerio de Industria y que finalizó con el Real Decreto 547/2012, de 16 de marzo, que el Cabildo de Fuerteventura y otras entidades públicas canarias, grupos ecologistas y sociales han impugnado a través de distintos recurso ante el Tribunal Supremo.
