Evaluación al transporte escolar

El contrato del transporte escolar ha sido objeto de tensiones desde su propio origen. Y aún más cada vez que llega la ocasión de prorrogarlo como ocurre en fechas previas al inicio del curso escolar en septiembre. Desde distintos frentes surgen críticas al considerar que se intenta más defender los intereses de un grupo de pequeños transportistas que han encontrado en esta adjudicación una manera de sobrevivir que los de la Administración pública.

Un estudio apunta que el Gobierno canario se podría ahorrar alrededor de 10 millones de euros si replanteara los términos de esta adjudicación. Incluso la formación política Sí se Puede advirtió que en caso de que el consejero de Educación, José Miguel Pérez, proceda a prorrogar el contrato acudirían a la Fiscalía Anticorrupción. La respuesta desde este Departamento es bastante clara: el servicio se va a prorrogar. Pero eso sí, se hará con nuevas condiciones que aunque todavía no se quieren concretar del todo se garantiza que resultarán más beneficiosas que las existentes en estos momentos.

En concreto, parece que se ha cerrado ya prácticamente una reducción del presupuesto que podría rondar el 18% del coste actual. Desde el equipo directivo de la Consejería se indica que los informes que han salido a la luz pública son tan sólo una parte de los que ha manejado el Gobierno canario, y no todos recogen valoraciones tan negativas. “La prórroga está contemplada en el contrato firmado en su día pero se han introducido nuevas condiciones que son mucho más favorables para los intereses generales. Todos pueden estar tranquilos porque no nos vamos a saltar ninguna norma y estén seguros de que habrá un bajón considerable en las cantidades que se manejan, lo que sin duda será favorable para la Administración y los ciudadanos”, se indica desde la cúpula de Educación.

Los transportistas han encontrado en este servicio una manera de sobrevivir y por ello se niegan a que empresas foráneas participen en los concursos

El consejero y vicepresidente del Gobierno de Canarias ha tenido que comparecer ya en tres ocasiones en el Parlamento canario para explicar las negociaciones dirigidas a cerrar este contrato, todas ellas solicitadas por el grupo parlamentario popular. Desde el entorno de Pérez no se da demasiada importancia a la amenaza de llevar este asunto a la Fiscalía y como ejemplo indican que han optado por renovar el contrato.

El servicio, según los responsables de la Consejería, es de una complejidad “tremenda y extraordinaria”. Existen multitud de líneas cada una con sus particularidades y además se va a dar cobertura a los niños de primer curso de la Educación Secundario Obligatoria (ESO) que en teoría no tendrían por qué beneficiarse de la prestación.

Las tensiones con los transportistas surgen porque éstos se niegan a la convocatoria de un concurso en el que puedan participar empresas de fuera de las islas con las que no pueden competir. Si éstas entraran en Canarias se reproduciría lo ocurrido en Baleares, donde prácticamente desaparecieron las compañías insulares.

Por ello no es raro que el pasado mes de mayo se publicara en los medios de comunicación la convocatoria de una huelga indefinida en el transporte escolar por parte de los empresarios, amenazando incluso con una generalización al discrecional y con un cierre patronal, en el caso de que no fuesen prorrogados los concursos firmados en 2008 y 2009 que caducaban el pasado mes de junio. Posteriormente, esa huelga fue desconvocada tras llegarse a un acuerdo con la Consejería de Educación para dar continuidad al servicio tal y como fue adjudicado. Los representantes del sector se mostraron exultantes ante la opinión pública.

En el sistema educativo canario, a través de la Orden de 2 de agosto de 2006 se define y determina qué alumnado tiene derecho a ser transportado a los centros. En función de ello, se establecen las rutas necesarias para que puedan disfrutar del servicio. Son las típicas y conocidas guaguas que por la mañana y al mediodía, durante el curso escolar, se ven transitar con el cartel de fondo amarillo y dos escolares dibujados en negro.

En la actualidad, el coste de este transporte por curso suma 45 millones pero sólo cubre los 175 días lectivos que son los que se contratan. Más allá de cuestionarse el montante total lo que se ha puesto en entredicho es si realmente el gasto, en términos racionales y objetivos, se corresponde a este presupuesto o si es necesario transportar cada día a cerca de 39.000 escolares.

Los servicios jurídicos de Educación y del Gobierno canario advirtieron que este servicio supone en la actualidad “un auténtico agujero negro” de 10 milloones de euros para las arcas regionales

Por otro lado, el servicio se ha contratado en distintas etapas en función de las necesidades de cada momento, por lo que de forma paralela se están gestionando varios pliegos diferentes, al tratarse de concursos públicos realizados en distintas fechas, cada uno de ellos con su propio plazo de vencimiento. Los finalizados el pasado mes junio se refieren a 765 rutas en toda Canarias, con un coste global de 151.954,99 euros al día que se traducen en 26,8 millones por curso.

A partir de septiembre de 2012, que es cuando entra un nuevo equipo técnico para gestionar el transporte escolar, se estableció una fórmula matemática en la que se contempla el kilometraje total de la ruta, la dificultad de la carretera, el beneficio empresarial que marca la ley, los cuarenta euros diarios que se abonan por conductor o los treinta y nueve euros al día por acompañante del transporte, entre otros.

Básicamente, se trata de una fórmula que permite disponer de un elemento objetivo para saber por qué por una ruta se paga lo que se paga. Éste fue el criterio utilizado en los procedimientos resueltos el pasado curso. Sin embargo, desde hace tiempo tanto desde formaciones políticas como Ssp o incluso por parte de técnicos de la propia Consejería se han detectado algunas disfunciones: rutas cuyo precio puede ser excesivo y otras análogas por las que se están pagando valores distintos y con diferencias significativas.

El equipo técnico de Transporte Escolar simuló, para poder comparar, las 795 rutas que ahora han sido prorrogadas. Es decir, se copió exactamente cada recorrido como si todos ellos aún fuesen necesarios tal y como se encuentran definidos. La diferencia obtenida entre lo que se está desembolsando y lo que cabría pagar por fórmula es de alrededor de 49.400 euros diarios, según técnicos de esta Consejería. Es decir, en los 175 días lectivos de un curso escolar se estaría hablando de un gasto, que se podría considerar innecesario, de más de 8,6 millones.

Al añadir en el supuesto las rutas que quedaron desiertas en el concurso resuelto este año el gasto innecesario y que se puede considerar evitable aplicando fórmula alcanza más de 10,2 millones por curso. Es por ello que, desde el Servicio de Transporte Escolar de Promoción Educativa, algunos técnicos han abogado por la necesidad de sacar a concurso y no prorrogarlas todas las rutas implicadas en los pliegos que se vencían en junio de 2013. Y así se expresó en la reunión mantenida en su momento con los representantes de la Asociación de Transportistas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Otra cuestión se refiere a la magnitud de los cambios que se precisan en la adecuación de los pliegos técnicos a las necesidades actuales de los centros educativos, como variación de rutas, creación de nuevas paradas o cambios en la capacidad de los vehículos. Estas modificaciones son de tal calibre que los servicios jurídicos de la Consejería de Educación no las están aceptando basándose, precisamente, en el informe emitido por los letrados del Gobierno de Canarias.

Un docente supone una inversión anual de 39.000 euros mientras que una ruta de transporte escolar implica una media de gasto de 37.500 euros

Las condiciones en que están definidos y redactados los pliegos son supuestamente tan cerradas a favor de la parte contratada, que impedirían plantear la modificación de cualquier elemento técnico significativo de los mismos, por ínfimo que sea. De ahí, concluyen, se hace imprescindible un nuevo concurso que, entre otras cosas, permita redefinir una nueva relación contractual no lesiva para los intereses de la Administración. Sin embargo, desde la Consejería se indica que además de estos informes existen otros que van en sentido totalmente contrario y que son los que se han tenido en cuenta a la hora de tomar la decisión final.

La Federación de Empresas de Transportes (FET) se movilizó a mitad del pasado mes de mayo con el fin de presionar para que los contratos fuese prorrogados. Los empresarios defendían que la continuación de los convenios supone un importante esfuerzo por parte de este sector pero también contará con el apoyo del Gobierno para el mantenimiento del tejido empresarial y los correspondientes puestos de trabajo.

Aún así no todas las empresas apoyaron esta huelga y algunas se mostraban proclives a la convocatoria de un nuevo concurso. La movilización fue firmada por una veintena de compañías tinerfeñas, algunas con el mismo gerente, por lo que tres cabeceras pueden corresponder a una misma entidad y otras son “de familia”, de manera que defienden el mismo interés. Ciertas empresas consideraban que una nueva convocatoria les permitiría optar a un mayor número de rutas de las que tienen contratadas en la actualidad.

Ante este panorama no es raro que algunos técnicos de la Consejería y Ssp sostengan que el montante económico del servicio es “desajustado y desorbitado” si se tiene en cuenta que existe un desfase de 10 millones de euros que se podrían ahorrar. Por ello, aunque la reducción fuese del 18%, como se indica desde la Consejería, todavía existirían alrededor de 8,2 millones en el aire.

Igualmente, se cuestiona la obligación del Gobierno canario de mantener el tejido empresarial de este sector y se indica que el dinero podría dedicarse a otras labores como solucionar los problemas que surgen para cubrir las bajas de profesorado de corta duración. O, por ejemplo, se recuerda que ante la detección de necesidades de alimentación básicas el curso pasado, se tuvieron que hacer auténticos juegos malabares para poder financiar el comedor escolar a alumnado que había dejado de utilizarlo por dificultades económicas.

Por ello, desde algunas fuentes del sector educativo se considera que la Consejería debería atender primero estas necesidades y muy en segundo lugar apoyar al sector del transporte, una competencia que no es suya directamente. Por ejemplo, se plantean estos datos: un docente supone una inversión anual de 39.000 euros por ejercicio, mientras que una ruta de transporte escolar implica una media de gasto de 37.500 euros por 175 días al año. Sin embargo, algunas fuentes aseguran que a la hora de elaborar los presupuestos se tiene que incluir, aunque sea con calzador, este convenio, de manera que a veces a duras penas se pueden cubrir otras necesidades básicas del sector educativo.

Se han llegado a producir actos vandálicos contra técnicos de la Comunidad Autónoma justo después de ponerse en marcha en septiembre pasado un proceso de inspección de las rutas escolares

Las críticas se dirigen también hacia algunas de las cláusulas incluidas en los contratos firmados en los años 2008 y 2009 donde se prevé una prórroga de un máximo de 25 años para amortizar las inversiones que se fueran a realizar. Un plazo que se considera desmesurado y que no se sabe cómo se pudo introducir en su momento, ni si se va a mantener ahora.

En el mes de septiembre pasado se puso en marcha un proceso de inspección de las rutas dada la cercanía de las fechas para revisar los contratos. El resultado es que se detectaron recorridos innecesarios y que por lo tanto se podían suprimir, otros que estaban siendo combinados en uno solo y sin embargo se abonaban como dos diferentes, segundos viajes que no se estaban realizando, pero sí se cobraban, rutas necesarias y que funcionan perfectamente o paradas no autorizadas.

Sin embargo, fuentes de la Consejería apunta que a raíz de estas inspecciones algunos técnicos comenzaron a recibir llamadas telefónicas y mensajes en su buzón con un claro tono amenazante. Incluso en un caso se lanzó a la vivienda de uno de estos funcionarios una botella con líquido inflamable y una sustancia sólida de aspecto terroso. Todo ello como prueba de lo caldeados que estaban entonces los ánimos en caso de que efectivamente unos hechos tuviesen relación con los otros.