106 asesinatos machistas en Canarias y una violencia económica que se agudiza ante el alto índice de pobreza

La violencia machista sigue arrebatando vidas y sueños en Canarias, que suma en dos décadas (desde que se empezaron a contabilizar datos) 106 crímenes, ya que en las islas el recuento abarca los feminicidios fuera del ámbito de la pareja o expareja. Hayate, Carmen, Rebeca, Evarista y María Esther serán recordadas ese 25 de noviembre, Día Internacional para la erradicación de la violencia machista. En las Islas seis menores también han sido asesinados en los últimos años por agresores machistas, que ha dejado además a 28 personas huérfanas. 

La violencia de género se manifiesta de múltiples maneras: física, psicológica, vicaria, sexual… Este año las campañas institucionales y los colectivos feministas inciden en un tipo de violencia que se ha visibilizado menos, como es la económica. ONU Mujeres la define como aquella que trata de “conseguir la dependencia financiera de otra persona, manteniendo para ello un control total sobre sus recursos financieros, impidiéndole acceder a ellos y prohibiéndole trabajar o asistir a la escuela”. La jueza Lucía Avilés ha sido clave en la defensa de que se tipifique como violencia de género el impago de pensiones. 

Se trata de un tipo de violencia que en Canarias, por su realidad social, es más vulnerable a la misma. El último informe de la Red Europea de Lucha contra la pobreza (EAPN) ya reflejaba que el género es uno de los factores que agrava la situación de pobreza o exclusión social como también lo es tener menores a cargo y el acceso a la vivienda. 

El estudio vuelve a incidir en que la pobreza tiene “rostro de mujer” y que a ellas les ha costado mucho más incorporarse al mercado laboral con empleos dignos. Las diferencias salariales entre hombres y mujeres también tienen un apartado en este informe, que las reconoce como otro factor que ahonda en la pobreza. De hecho, en los casos de familias monomarentales; mujeres con hijos a cargo, hay un dato contundente: el 43,7% de estos hogares se encuentra en situación de pobreza o exclusión. 

En este contexto, se hacen necesarias políticas públicas de ayuda a las víctimas para que puedan salir de esa dependencia económica que les genera el maltratador. Salir de esa espiral se hace más complicado en una comunidad con esos índices de pobreza femenina, donde el paro es más elevado en las mujeres y donde ellas ocupan el 78% de los contratos que se firman a tiempo parcial.  También complica esta situación el propio modelo económico de Canarias, que hace los trabajos feminizados (camareras de piso, empleadas de hogar, cuidadoras...) sean los peor pagados e invisibilizados.

Las mujeres trabajadoras de Canarias cobran una media de 2.235 euros menos que sus compañeros hombres. Así se desprende de un estudio realizado por CCOO, donde también se destaca que esta discriminación se produce en todos los sectores y que se incrementa en las ocupaciones de baja cualificación, donde la diferencia alcanza el 28,6%. La brecha se explica sobre todo en pluses a los que las mujeres no pueden acceder (por ejemplo el de nocturnidad) por cargar con el peso de los cuidados.

Por toda esa coyuntura, desde la Red Feminista de Gran Canaria insisten en que no puede haber recortes en las ayudas a las mujeres. Para salir de la burbuja de la violencia que se ejerce sobre todo por el control económico es clave la independencia y “más en una comunidad donde la pobreza está relacionada con ser mujer y con las dobles cargas: son dos indicadores clave como no tener vivienda”, apunta Nayra Marrero, una de las portavoces de la Red.

Cuando las ayudas a las mujeres para que puedan salir de esa espiral de violencia fallan, se está dejando el sostén de estas mujeres en manos de los maltratadores, remarca la portavoz de la red feminista, y a esto si se le suman otras variables como ser una mujer migrante se le añaden más trabas en el camino. “Partimos de un sistema y situación social en el que la mujer ha tenido un papel subordinado y cambiar ese papel es romper una baraja y hasta que encontremos un cambio estructural que nos permita partir de la igualdad evidentemente estamos mucho más expuestas a esta violencia”, añade.

Mujeres mayores y violencia económica

Un estudio de la Universidad de La Laguna, coordinado por la socióloga Marta Jiménez, resaltó precisamente que la violencia de género en las mujeres mayores está muy ligada a la económica. El informe reflejó que una de cada tres mujeres atendidas por los servicios especializados en esta isla había convivido más de 50 años con el agresor. 

En el documento se refleja que la mayoría de las mujeres (60%) “estaba excluida de la toma de decisiones económicas” en la vida familiar, el 55% “no recibía aportaciones económicas para los gastos del hogar”, y a la mitad “no se les dejaba realizar trabajo remunerado ni estudiar” (un porcentaje superior al que obtuvo Cruz Roja en un estudio estatal). Pero también más de un tercio de las parejas/exparejas “se apropiaban del dinero de ellas”, y casi un 30% lo hacía de su patrimonio.

“Ellas han vivido la violencia económica y ha supuesto que una parte de los agresores a ellas no las mantenían realmente. Y han tenido que estar improvisando fórmulas para resolver las necesidades económicas de las familias pero como normalmente en esta generación eran fórmulas de trabajo en situación irregular”, explicaba en un reportaje con Canarias Ahora la socióloga.