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A los ayuntamientos canarios les supondría unos 4 millones gestionar parte del Ingreso Mínimo con su superávit

Colas para comprar en un supermercado de Gran Canaria.

La gestión del ingreso mínimo vital tiene aún algunas lagunas. La falta de personal y recursos de la Seguridad Social complica el desarrollo de esta renta que se puede solicitar a partir del 15 de junio. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá ha sostenido que parte de esta gestión podría apoyarse con los Servicios Sociales Municipales para lo que disponen de "superávit en sus cuentas". La Asociación de Gerentes y Servicios Sociales ha calculado el coste que tendría para los municipios si finalmente deben contribuir a gestionar este ingreso. En el caso de los ayuntamientos canarios deberán disponer de 4 millones de euros.

El dato, facilitado este viernes en varios documentos de la asociación estatal, se ha elaborado en base al presupuesto del año pasado de los municipios y calculando el el límite del 5% para gastos de personal permitido. Las capitales canarias serían las que mayor coste tendría debido al mayor número de población y de presupuesto. En el caso de Las Palmas de Gran Canaria deberían disponer de 1,3 millones de euros, mientras en Santa Cruz de Tenerife, de 405.000 euros.

Y es que, el escenario que se baraja es que sean los ayuntamientos con más de 20.000 habitantes los que ayuden a gestionar este ingreso en sus ventanillas de Servicios Sociales. En el caso de Canarias, serían 28 de 88 municipios los que superan esa barrera de población; 15 de la provincia de Las Palmas y 13 de la de Santa Cruz de Tenerife.

Según declaraciones del ministro José Luis Escrivá de este jueves en un foro del Consejo General de Economistas y recogidas por Europa Press, los ayuntamientos "tienen una situación financiera de superávit significativa para poder asumir el coste burocrático que implicaría el ingreso mínimo vital, aunque ha precisado que "es precipitado calcular ese coste" porque primero tienen que analizar cuántas solicitudes se han tramitado por la Seguridad Social". El superávit para el conjunto de municipio de España los situó en 30.000 millones de euros.

Para poder apoyarse en los ayuntamientos existe un borrador de colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias. Según ha destacado Nueva Canarias, esto hará que los gastos presupuestarios en los que “incurran para reforzar sus capacidades administrativas con este fin, estarán eximidos de la regla de gasto que les ha constreñido durante estos años”. Y es que, para la diputada Carmen Hernández, será “necesario” que las corporaciones municipales refuercen sus plantillas.

"Oscurantismo y poca consulta"

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales valora que este jueves saliera adelante la aprobación del Ingreso Mínimo Vital en el Congreso por amplia mayoría. No obstante, "durante todo el proceso de gestación de la nueva norma y a pesar de lo que el Real Decreto Ley enuncia de forma pretenciosa en su exposición de motivos, el Ministerio ha mantenido una actitud de cierto oscurantismo y poca consulta tanto con Comunidades Autónomas, como con entidades locales y del tercer sector, limitándose a suministrar informaciones y mensajes que más parecían globos sonda que una verdadera actitud de colaboración e intercambio", asegura.

De hecho, añade que este viernes las comunidades autónomas aún no tienen claro los límites y condiciones de participación de los ayuntamientos. La asociación cree que queda demostrada la utilización de la administración local "brazo ejecutor de buena parte del procedimiento administrativo necesario para conseguirlo, con excepción de la capacidad resolutoria". Es por ello que en un comunicado reprochan la "falta de reconocimiento" a través de la financiación del compromiso que asumen los ayuntamientos en la gestión del nuevo ingreso.

"Una vez más en la historia de la Administración española, será la administración de proximidad y con ella los Servicios Sociales los que resulten decisivos en la ampliación de los derechos sociales de sus vecinos, con una generosidad -nuevamente- poco reconocida", prosigue la asociación, que lamenta que tenga que ser asumida esta gestión con los propios costes municipales y que para ello tengan que utilizar el superávit.

Los directores y gerentes en Servicios Sociales estiman así que el gasto para el conjunto de ayuntamientos sea superior a los 70 millones de euros. Financiar un ingreso de esta magnitud a través del superávit creen que sitúa en situación de incertidumbre. "Ya tenemos antecedentes del uso de esta técnica del yo invito y tu pagas en el ámbito de lo social y los resultados, como en el caso de la atención a la dependencia, no pueden ser más claros: sobrecarga del sistema y sus profesionales y lentitud y disfuncionalidades en la consecución de los objetivos que la norma de origen dice perseguir", subraya.

La asociación continúa resaltando que financiar este nuevo esfuerzo de las entidades locales "a través del incierto superávit del año, sobre todo teniendo en cuenta los efectos que sobre el mismo tendrá el afrontamiento a nivel local de la crisis provocada por Covid 19, es a todas luces un pan para hoy y hambre para mañana", una cuestión que "no arroja sino grises augurios sobre la sostenibilidad a futuro del entramado de gestión sobre los que se apoya el nuevo derecho social".

La Seguridad Social , abocada al colapso

Sin plantilla suficiente, muy próxima a la jubilación, oficinas cerradas y con viejas carencias a la hora de pedir cita previa. La Seguridad Social en la provincia de Las Palmas arrastra una serie de problemas desde hace tiempo que complican su adaptación a la “nueva normalidad” y la gestión del Ingreso Mínimo Vital por parte del personal de sus centros de información y atención (CAISS). No hay una fecha fijada de apertura de las oficinas y los sindicatos UGT y CCOO auguran que se sufrirá un colapso cuando reabran ya que no lo harán en su totalidad.

A partir del próximo lunes, 15 de junio, día en el que además comienza a tramitarse el Ingreso Mínimo Vital y que en Canarias pretende llegar a casi 50.000 hogares, debido a la elevada tasa de pobreza y exclusión social de las Islas. De hecho, un 36,4% de la población canaria se halla en riesgo de pobreza y exclusión, según datos de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.

Las Islas se habían adelantado al resto del país en el mes de abril con un ingreso de emergencia para ayudar a las familias afectadas por el cese de la economía sumergida y otras situaciones durante el estado de alarma. De 30.000 solicitudes, se han gestionado hasta el momento unas 5.600, para lo que ha sido fundamental la labor de la línea telefónica 012.

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12 de junio de 2020 - 14:01 h

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