Los colectivos ecologistas Ben Magec, Turcón y La Vinca creen que el decreto canario de turismo activo “se excede en la regulación”

Ecologistas representados por Ben Magec, Turcón y La Vinca han presentado recursos al decreto canario de Turismo Activo al considerar que se excede en la regulación“ y confunde ese concepto con actividades educativas, ambientales y culturales sin ánimo de lucro.

Por ello, estas entidades han reclamado este viernes en un comunicado a la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias que haga “modificaciones en la nueva regulación”, concretamente los artículos 2 y 3 “para evitar efectos sobre el asociacionismo, la educación ambiental, y el uso y disfrute de la naturaleza sin ánimo de lucro”.

En su opinión, para evitar el intrusismo no se puede penalizar al movimiento asociativo.

“Los canarios no somos turistas en nuestra tierra. Tenemos derecho a conocer nuestra historia, nuestro paisaje, nuestra biodiversidad, sin ánimo de lucro. Por ello, pedimos una modificación del nuevo decreto”, aseveran.

Los recursos de reposición de los que hablan en su escrito se han presentado contra el decreto 138/2025 que modifica el reglamento del turismo activo en Canarias.

Los ecologistas creen que “la nueva redacción perjudica a las entidades sin ánimo de lucro que desarrollan actividades ambientales, educativas o culturales dirigidas a la ciudadanía, al tiempo que amplía el concepto de turismo activo hasta incluir acciones formativas y divulgativas”.

Explican que el nuevo marco legal “incorpora como turismo activo a actividades de recreo, deportivas, de apreciación, de conocimiento e interacción” en la naturaleza o en entornos urbanos, e incluye también “acciones informativas, formativas y divulgativas” en ámbitos culturales o medioambientales“.

Y estiman que esa definición “mezcla” actividades profesionales con iniciativas sociales “que, desde hace décadas, realizan las asociaciones locales con objetivos no lucrativos”.

También cuestionan la introducción del término “público en general” para establecer qué entidades quedan fuera de la aplicación del decreto y añaden que “tal y como está redactado”, solo se exceptúa a aquellas asociaciones que organicen actividades exclusivamente para sus personas asociadas, “lo que dejaría fuera a colectivos que trabajan con la ciudadanía y que basan su actividad en la participación ciudadana”.

Por ello, los ecologistas consideran que el enfoque del decreto se enmarca en una tendencia “a la mercantilización de la naturaleza” y “a la interpretación de cualquier actividad en el medio natural como un producto turístico”, visiones que, a su juicio, “pueden invisibilizar la labor de las asociaciones locales que trabajan desde el voluntariado y la educación ambiental”.