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OPINIÓN | Estado de sindiós, por Elisa Beni

La crisis migratoria sacude la red de acogida de menores extranjeros en Canarias

Un voluntario de la Cruz Roja abriga con una manta a uno de los niños que han llegado este viernes en una patera a la costa de Caleta de Caballo, en el norte de Lanzarote. Entre sus 29 ocupantes, hay una mujer y seis menores.

"Este gobierno hace autocrítica, pero también debemos saber que por la mala actuación de los gobiernos anteriores ahora las Islas cuentan con menos recursos que hace diez años. Les dio por pensar que al Archipiélago no iban a llegar más embarcaciones y que iba a dejar de estar ubicada geográficamente donde está". Así se expresaba la consejera de Derechos Sociales e Igualdad del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, preguntada por la presión que está ejerciendo la crisis migratoria sobre la red de acogida de menores extranjeros no acompañados en las Islas. El aumento de llegadas ha obligado al Ejecutivo autonómico a movilizar hasta once centros de emergencia para tapar con parches el repunte. En Gran Canaria, por ejemplo, se han abierto más de siete solo este año. En Tenerife otros dos. El número de menores extranjeros no acompañados que tutela Canarias asciende a más de 800. Los “recursos” de los que hablaba Santana cerraron sus puertas y ahora la red, en la mayor llegada de migrantes al Archipiélago desde el año 2008, está "saturada". “Estamos tirando de alquileres. No teníamos presupuestado esto porque no había un repunte y no era una necesidad. No hay plazas de más”, subrayan las fuentes consultadas.

Canarias vivió un punto de inflexión en 2006 cuando estalló la denominada crisis de los cayucos. 31.678 migrantes, según los datos del Ministerio del Interior, alcanzaron las costas canarias. Muchos de ellos menores. El Gobierno decidió situarlos en varios centros, como los CIATEC (Centro de Innovación y Actualización Tecnológica de Canarias) de Tegueste y Arinaga, con 74 y 70 plazas respectivamente, la Escuela Hogar La Esperanza (54), y el dispositivo de Las Mercedes (30). Un par de años más tarde, todos estos establecimientos echaron el cierre y algunos, incluso, siguen abandonados y plagados de maleza en un estado casi inutilizable.

“A medida que se fueron reduciendo las llegadas, habría que haber pensado en esos recursos y mantenerlos, no cerrarlos. Pueden ser lo que sea necesario (…) La anterior crisis fue bestial. Llegaron alrededor de 2.000 menores. Estos centros, sobre todo en las islas capitalinas, ya no existen”, explica Iratxe Serrano, directora de la Dirección General de Protección a la Infancia y a la Familia del Gobierno de Canarias. “Toda la red actual se ha visto saturada. Es normal. No hay plazas de más” lamenta Antonio Guijarro, director de la Unidad de Infancia del Cabildo de Tenerife.

Lo que ha hecho el Ejecutivo regional estos meses ha sido, según Serrano, tirar de alquileres para cobijar a los menores extranjeros no acompañados. En agosto de 2019 el número total de estos jóvenes tutelados por el Gobierno de Canarias (la autoridad competente sobre ellos) era de 328. Menos de la mitad comparado con los que hay ahora. De ahí a que se hayan abierto dispositivos de emergencia en Telde, Moya, Arucas o Tejeda. “Hemos conseguido que algún recurso de emergencia sea estable. Pero el proceso administrativo va a su ritmo, y en este momento tiramos de casas”, agrega Serrano.

Sobre la lentitud de la burocracia también incide Nereida García, trabajadora social que desempeña sus labores en varios centros de acogida con menores. “La administración debería de estar un poco más cerca. Hay lentitud a nivel burocrático y en ocasiones los requisitos para abrir un hogar son extremos". Según fuentes consultadas, se han cerrado centros porque no reunían los metros cuadrados establecidos. Otros por reajuste de plazas. "Son exigencias que están fuera de lugar cuando, por ejemplo, encuentras un hogar con dormitorio para dos menores. Si tanta es la necesidad… ¿Dónde está?”, cuestiona la trabajadora social.

García reclama la creación de nuevos centros para trasladar, principalmente, a los menores que más tiempo han acumulado en estos dispositivos de emergencia. “Son menores que”, defiende, “necesitan un ambiente de calor”. Y “no es lo mismo un hogar de 10 personas que otro de 30 o 40”. “Los tratan bien, sí, pero tiene que ser algo de tránsito. Lo que pasa es que no hay plazas vacantes”, remarca.

El Cabildo de Gran Canaria tramitó en enero la contratación por emergencia de 31 hogares con 265 plazas para menores en desamparo después de que varias ONG presentaran quejas por problemas de financiación. Todos los centros se encontraban inmersos en un concurso abierto de contratación pública desde 2018. Y la mayoría de ellos habían advertido a la institución insular que meditaban renunciar a su gestión por el desigual préstamo de las plazas. Había centros que pagaban 120 euros al día por cuota (cobertura de las necesidades básicas del menor, así como pagos a los empleados) y no recibían ni la mitad a cambio. García sostiene que a partir de este mes esa cifra será igual para todos y esto ayudará, en principio, a contratar más personal para ofrecer una atención personalizada.

Cuando los menores pasan a ser adultos

Los menores migrantes que llegan a Canarias son tutelados por el gobierno hasta cumplir la mayoría de edad. A partir de ahí pueden dirigirse a los centros de protección, espacios habilitados por las comunidades autónomas que favorecen la emancipación de estos jóvenes así como su transición hacia la vida adulta. No obstante, el problema llega cuando los menores cumplen 18 años y no han regularizado su situación. Sin documentos, no tienen acceso a estos dispositivos y muchos de ellos caen a la extrema pobreza.

García apunta que hay menores con 17 a punto de ser adultos que vienen indocumentados al Archipiélago y no consiguen regularizar su situación a tiempo. “Los países de origen tardan mucho en enviar los papeles y la residencia. Debe de haber un cambio en la Ley de Extranjería o que se cree centros que acepten a jóvenes en situación irregular” para, recalca la trabajadora social, servir de apoyo a estas personas.

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