La cruzada de un industrial canario en las instituciones contra la acumulación de dos ayudas públicas incompatibles: “Es la ruina”

Son más de diez años batallando en todas las instituciones públicas posibles para evitar el cierre de una empresa a la que ha dedicado toda su vida. Agustín Márquez es propietario de Harinera Lanzaroteña S.A., fundada en 1957 de la unión de tres molinos. Se dedica desde entonces a la importación y procesamiento de productos de molinería para abastecimiento interno, en una de las escasas industrias que aún se mantiene en Lanzarote. Pero desde 2009, Márquez denuncia que hay empresas del mismo sector en Gran Canaria que reciben subvenciones incumpliendo la normativa y le impiden competir en la isla conejera en igualdad de condiciones con los mismos productos. En la última década, Márquez dice haber perdido “dos millones de euros, más el lucro cesante” a causa de esta situación; antes, añade, tenía “un 8% de beneficios” y ahora está “en negativo”. “Esto es la ruina”, lamenta.

La razón se encuentra en la acumulación de dos ayudas públicas por parte de otras empresas instaladas en Gran Canaria o Tenerife, que según Márquez importan productos como el trigo o el millo con respaldo económico y lo transportan a islas como Lanzarote a coste cero, lo que implica ejercer “competencia desleal” contra Harinera Lanzaroteña. Una es el Régimen Específico de Abastecimiento (REA), un mecanismo diseñado por la UE desde 1992 para garantizar el aprovisionamiento en las islas de productos que escasean o directamente no existen en el Archipiélago: se subvencionan los que se importan desde la Unión Europea y se aplica una exención del pago del Arancel Aduanero Común de la UE a productos de terceros países.

Con fondos de la UE y gestión directa de la Comunidad Autónoma, está dotado con algo más de 62 millones de euros y es una de las patas del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (Posei), un régimen fundamental fijado por la UE para regiones ultraperiféricas que tiene como objetivo fomentar el autoabastecimiento de productos frescos, facilitar el acceso a otros mercados, el mantenimiento de las actividades agrarias tradicionales y también garantizar el suministro desde fuera de las Islas. El listado de productos del REA se actualiza cada año e incluye desde carnes a frutas tropicales o arroz. El millo, el trigo o la cebada también están incluidos y Harinera Lanzarote es una de las entidades que solicita y accede a esta ayuda, sin la cual su actividad sería impensable en el Archipiélago.

Y otra es la subvención de Estado que compensa el transporte de mercancías, tanto de Península al Archipiélago como entre islas, con el objetivo de paliar los sobrecostes por la lejanía de Canarias respecto al territorio continental europeo. Cada año, el Gobierno regional publica la orden por la que se convocan estas ayudas. En mayo de 2021, la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda destinó 2,3 millones de euros para “afianzar y reforzar el transporte de mercancías entre las todas las islas, con especial hincapié en las no capitalinas, con el objeto de minimizar los costes del producto a la hora de su comercialización y garantizar la igualdad de condiciones a la hora de ponerlos a la venta”, según la propia consejería.

Esta compensación está reglada en dos reales decretos, de 2019 y 2020, que actualizan la normativa creada en 2009 al amparo del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Hasta entonces, la legislación nacional no recogía expresamente la prohibición de acceder a ambas ayudas para un mismo producto. Lo que propiciaba que determinados operadores del REA y de la ayuda al transporte de mercancías pudieran tramitar dos pagos de subsidios por el mismo contenedor de mercancías. Pero se modificaron los decretos por imposición de la UE. Antes de la publicación de los textos, en marzo de 2019, el Ejecutivo de Pedro Sánchez convocó a los beneficiarios de la compensación al transporte de mercancías y del REA para comunicarles de forma oficial que el ingreso del apoyo público estatal y el de la ayuda comunitaria enmarcada en el Posei quedaba prohibido cuando fuesen para el mismo producto. Es decir, para importar, por ejemplo trigo, y venderlo en la Islas, se debe elegir una de las dos ayudas.

En concreto, el artículo 6.5 del Real Decreto 552/2020 cita: “La compensación al transporte de mercancías incluidas en el Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea no podrá acumularse con otras ayudas o subvenciones al transporte, cualquiera que sea su procedencia, principalmente con el régimen específico de abastecimiento” (REA).

Paradójicamente, una subvención fijada en el Régimen Económico y Fiscal (REF) de la autonomía y destinada a favorecer el comercio en Canarias ha perjudicado a empresas de islas no capitalinas, como Harinera Lanzaroteña, según Márquez, porque en la práctica, sociedades de Gran Canaria, con mayor capacidad de producción y una economía de escala superior, llevan acumulando las dos ayudas desde hace años. Además de obtener fondos para la importación para el mismo producto de alimentación, lo transportan a Lanzarote a coste cero, lo que les posibilita vender más barato, obligando a la entidad conejera a reducir el precio por debajo de los costes de producción. Y esta manera de proceder, según Márquez, se mantiene en la actualidad a pesar de ser ilegal.

“La discriminación y la competencia desleal se producen porque una mercancía fabricada en Gran Canaria y Tenerife es colocada puerta a puerta en las restantes islas mediante la subvención al transporte, una situación que no se da en sentido inverso debido a problemas estructurales insalvables relacionados con las economías de escala y los costes infinitos que atenazan la industria en las islas no capitalinas (…) Harinera Lanzaroteña, que ha actuado conforme a la ley, se ha encontrado y se encuentra en una absoluta indefensión y corre el riesgo de desaparecer por haber cumplido las normas y negarse a acumular las ayudas”, remarca Márquez.

Denuncias

Para respaldar sus aseveraciones, Márquez muestra una gran cantidad de documentos, como las actas de los plenos del Cabildo de Lanzarote en el que todos los partidos defendieron las peticiones de Harinera Lanzaroteña. En febrero de 2010, apoyaron por unanimidad una moción para instar al Gobierno de Canarias a que pidiera al Ejecutivo central que modificara las bases para la concesión de las ayudas al transporte de mercancías entre islas. En octubre de 2015, un acuerdo institucional ratificado por todas las fuerzas de la corporación insular pedía al Gobierno de Canarias que regulara los criterios de reparto del REA en las islas no capitalinas. Y otro acuerdo institucional en octubre de 2018, que también salió adelante sin un voto en contra ni abstenciones, para solicitar a la Audiencia de Cuentas de Canarias y al Tribunal de Cuentas de España que auditaran las subvenciones al transporte marítimo y al REA para determinar si se producía acumulación.

También en el Parlamento de Canarias, todos los grupos políticos aprobaron una moción para impulsar el tejido industrial de las islas no capitalinas en octubre de 2014. En la Cámara se expuso que Gran Canaria y Tenerife eran las principales beneficiarias de las ayudas al transporte interinsular de mercancías y se criticaba que “se están acumulando subvenciones y ayudas en el territorio canario (…) en el tráfico entre islas, y también entre Península y Canarias; actualmente se están cometiendo presuntos fraudes por la acumulación del REA”, tal y como señalaba Astrid Pérez, entonces diputada del Grupo Popular.

Pero Márquez no se quedó ahí. También ha denunciado su caso ante el Diputado del Común, la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno canario, el actual presidente del Ejecutivo regional, Ángel Víctor Torres, el Área de Fomento de la Delegación del Gobierno en Canarias, Intervención General del Estado, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea, así como directamente a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen.

Hasta 2019, la crítica de Márquez ante todas las administraciones era idéntica: el incumplimiento del Estado español de la normativa europea en materia de subvenciones al transporte de mercancías y el REA, al no prohibir la acumulación. Desde 2009 a 2019 se sucedieron la mayoría de los escritos enviados por Harinera Lanzaroteña y en las respuestas recibidas durante ese periodo se desprende que sí se producían los hechos denunciados, pero la ley no lo impedía. En concreto, el Área de Fomento de la Delegación del Gobierno en Canarias reconoció que, a raíz de una investigación iniciada en 2015 por la Comisión Europea, tras la denuncia de un particular, detectó que “la ayuda al transporte de mercancías sí se está acumulando con el REA”. Y en 2018, la CNMC recomendó que el real decreto de 2009 debería incluir una mención a la regla de prohibición de acumulación.

A pesar de que el Gobierno de España fijó en los reales decretos de 2019 y 2020 la prohibición de acumular ambas ayudas, Harinera Lanzaroteña persiste en su lucha. “El fraude se ha producido durante diez años y sigue produciéndose a día de hoy”, señala Márquez, quien exige más control de los productos subvencionados entre las islas por parte de las administraciones competentes para evitar estas prácticas e imponer las sanciones correspondientes.

Por ello, ha remitido en abril de este año una denuncia a la presidenta de la Comisión Europea en la que detalla que, “como consecuencia de las acumulaciones prohibidas, se está acabando con las industrias de las islas no capitalinas”, recordando que en La Palma y en Fuerteventura ya han tenido que cerrar las únicas fábricas transformadoras de cereales, algo que teme que se produzca también en la isla conejera.

A este escrito se suman, al menos, dos denuncias más enviadas en octubre de este año a la Delegación del Gobierno en Canarias y el presidente del Ejecutivo regional, Ángel Víctor Torres, en las que reclama que se “inspeccionen los contenedores y vehículos de transporte de mercancías, tanto en muelle como en carretera, para poder comprobar si la mercancía transportada es la realmente manifestada y se puede acoger a las ayudas al transporte de mercancías”. Además, pide que se realicen “las oportunas investigaciones y se incoen los correspondientes procedimientos de sanción y reintegro para la legalidad vigente”. Márquez asegura que si sus peticiones no son atendidas, acudirá a la vía judicial.

No saben, no contestan

Por este y otros motivos, Harinera Lanzaroteña dejó de formar parte de la Asociación Industrial de Canarias (Asinca), la patronal que defiende los intereses de las empresas del sector secundario de las Islas. Su presidente, Virgilio Correa, corrobora que la sociedad de Agustín Márquez dejó de estar representada por Asinca porque “tenían algún tipo de incomodidad”. 

Sobre las denuncias de Harinera Lanzaroteña, Correa dice que no tiene constancia de que esté ocurriendo, pero matiza que tampoco puede asegurar “que sea o no cierto”, porque, en cualquier caso, el mecanismo de control no depende de esta patronal. “A lo mejor, antes de 2020 sí pudo haber pasado; pero una vez que se fijaron los reales decretos, me extrañaría muchísimo que se puedan acumular la ayudas”, pues la Consejería de Economía y la Delegación del Gobierno en Canarias tienen mecanismos de control “fácilmente aplicables”.

La Consejería de Economía del Ejecutivo regional, que gestiona el REA, se limita a señalar que los controles para acceder a estar ayuda y justificarla “son muy estrictos” y, “en el caso de no aplicar una subvención correctamente o cometer cualquier tipo de fraude, la Ley General de Subvenciones establece un régimen sancionador, con multas que pueden llegar hasta tres veces el importe percibido”. 

Por su parte, la Delegación del Gobierno en Canarias, que tramita la compensación al transporte de mercancías, asegura que si se demuestra que han recibido ayuda REA las empresas que han accedido a la compensación al transporte de mercancías con origen o destino en Canarias, “los envíos son denegados”. Para ello, se establecen una serie de controles y se fijan una serie de requisitos de cara a obtener la subvención al transporte. 

“Se revisan el Documento Único Administrativo, que es de aportación obligatoria para todos los envíos cuyo tráfico sea entre Península o UE y Canarias”, explica la Delegación del Gobierno en Canarias. Además, “todas las empresas solicitantes de la ayuda para alimentación de ganado, deberán presentar una declaración responsable, en donde deben indicar si han recibido ayuda REA o no para los envíos solicitados”; en caso de ser solicitante de esta subvención, tendría que especificar los envíos por los que han obtenido dicha ayuda. Una vez el área de Fomento de esta administración ha comprobado estos datos, tiene la potestad para desestimar los envíos en los que se incumpla la normativa.

Sin embargo, ni la Consejería de Economía ni la Delegación del Gobierno en Canarias no han desmentido ni confirmado que hayan tenido que desestimar o sancionar a alguna empresa por llevar a cabo la acumulación de ambas ayudas con los reales decretos vigentes que prohíben esta práctica.